El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAYS), Cristian Castro, presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para crear un Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a personas residentes en Misiones que se encuentren en situación de sobreendeudamiento o vulnerabilidad financiera.
La iniciativa busca establecer un mecanismo para refinanciar, reestructurar o cancelar deudas de consumo, con el objetivo de reducir el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares y recuperar capacidad de consumo.
Según los fundamentos del proyecto, la propuesta parte del incremento de la morosidad de las familias y de las dificultades para afrontar simultáneamente préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras. En ese sentido, Castro sostiene que el endeudamiento dejó de ser solamente un problema individual y comenzó a tener impacto sobre la capacidad de los hogares para afrontar gastos esenciales.
El programa alcanzaría a personas con domicilio real en Misiones cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, siempre que acrediten obligaciones financieras que representen al menos el 30% de sus ingresos mensuales netos y se encuentren en situación de sobreendeudamiento, mora, riesgo de mora o imposibilidad razonable de cumplir con sus compromisos sin afectar los gastos esenciales.
Entre las deudas que podrían incorporarse se encuentran los préstamos personales bancarios, saldos de tarjetas de crédito, créditos otorgados por compañías financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades crediticias legalmente habilitadas.
También contempla las obligaciones que se descuentan directamente de cuentas bancarias o haberes y, en particular, los préstamos instrumentados mediante códigos de descuento para empleados de la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y entes autárquicos.
Una única operación para varias deudas
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la posibilidad de consolidar distintas deudas en una sola operación de refinanciación. De esta manera, una persona que tenga obligaciones con varios acreedores podría sustituirlas por un único crédito destinado exclusivamente a cancelar o reestructurar esos compromisos.
El proyecto establece que los fondos no podrán utilizarse para generar nuevo consumo, retirar dinero en efectivo ni financiar bienes o servicios ajenos al proceso de desendeudamiento. Incluso contempla que el dinero pueda ser transferido directamente a los acreedores para cancelar las obligaciones existentes.
La iniciativa fija además condiciones financieras mínimas para los créditos otorgados dentro del programa. Entre ellas establece una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35%, un plazo de devolución no inferior a 24 meses y un sistema de amortización mediante cuota fija.
También propone eliminar gastos administrativos, comisiones de otorgamiento y cargos de intermediación, además de permitir la cancelación anticipada total o parcial sin penalidad.
Otro punto incluido es la prohibición de capitalizar intereses moratorios, punitorios o gastos durante la vigencia del nuevo crédito.
Protección de los salarios
El proyecto presta especial atención a los trabajadores cuyos préstamos son descontados directamente de sus haberes mediante códigos de descuento.
En esos casos, la refinanciación podría implicar la sustitución, reducción o cancelación de los códigos existentes. La nueva cuota, según establece la propuesta, deberá ser inferior a la carga financiera que sustituye y respetar los límites de afectación de haberes que determine la reglamentación.
Castro plantea que el mecanismo debe evitar que los descuentos comprometan los ingresos necesarios para cubrir las necesidades esenciales del trabajador y su grupo familiar.
La iniciativa también prevé condiciones especiales de acceso para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, familias con niños, niñas o adolescentes a cargo, trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo y personas que hayan sufrido una reducción significativa de sus ingresos.
Banco Macro y otras entidades
El proyecto propone que Banco Macro, en su carácter de agente financiero de la Provincia, sea invitado prioritariamente a participar del programa.
La Autoridad de Aplicación, que sería el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, quedaría facultada para celebrar convenios con el banco y establecer líneas especiales destinadas a cancelar, refinanciar o reestructurar las deudas alcanzadas.
También se habilitaría la adhesión de otros bancos, compañías financieras, mutuales, cooperativas y entidades crediticias.
Las entidades participantes deberían ofrecer condiciones equivalentes o más favorables a las pr
evistas por el programa y cumplir con requisitos de información, transparencia, control y auditoría.
Exención de Ingresos Brutos
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un régimen fiscal especial para las operaciones realizadas dentro del programa.
El proyecto plantea eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los intereses, comisiones y demás conceptos financieros generados por los créditos destinados exclusivamente a cancelar, refinanciar, reestructurar o sustituir las deudas comprendidas.
El beneficio alcanzaría a Banco Macro y a las demás entidades que adhieran al programa, pero estaría condicionado a que el ahorro fiscal sea trasladado a los beneficiarios mediante una reducción efectiva del costo financiero y de las cuotas.
Además, se establece que las entidades no podrán compensar la exención aumentando tasas, comisiones, seguros, gastos administrativos u otros cargos.
Los datos utilizados como fundamento
Para fundamentar la iniciativa, Castro cita datos del Banco Central de la República Argentina sobre la evolución de la morosidad de las financiaciones destinadas a las familias.
Según el proyecto, la irregularidad pasó del 10,6% en enero de 2026 al 12,8% en mayo, con un crecimiento sostenido durante esos meses. Los fundamentos señalan además que el deterioro estuvo impulsado principalmente por los préstamos personales.
El diputado también incorpora información sobre los créditos no bancarios y menciona que, en febrero de 2026, la irregularidad de los préstamos destinados a la compra de electrodomésticos alcanzó el 44,3% a nivel nacional.
En el caso de Misiones, el proyecto cita un informe publicado en junio de 2026 sobre la base de datos de la Central de Deudores del BCRA, según el cual el 30,5% de los deudores misioneros registra atrasos superiores a 90 días, por encima del promedio nacional estimado en 26,9%.
El documento también menciona que la Provincia cuenta con un límite del 39% para los descuentos por préstamos aplicados sobre los haberes de empleados públicos y jubilados, y sostiene que esa medida constituye un antecedente que evidencia la necesidad de avanzar hacia un esquema más amplio de refinanciación.
Control y seguimiento
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo podrá asignar recursos presupuestarios al programa y desarrollar mecanismos de fondeo, garantías, subsidios de tasa y bonificaciones destinados a reducir el costo de las operaciones.
Además, se crearía un Registro Provincial de Entidades Adheridas, mientras que la autoridad de aplicación debería realizar controles periódicos sobre los créditos otorgados.
El Ministerio de Hacienda también tendría que presentar a la Cámara de Representantes un informe semestral con datos sobre la cantidad de beneficiarios, monto de las deudas refinanciadas, operaciones realizadas, códigos de descuento sustituidos o cancelados, tasas aplicadas, costo financiero total promedio, entidades adheridas, distribución territorial y recursos públicos destinados al programa.
El plazo para solicitar el acceso no podría ser inferior a 180 días corridos desde la implementación, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.
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