“Los operadores de la Justicia vamos a tener que cambiar el modo de pensar el proceso”

El decreto 641/2026 del presidente Javier Milei, publicado el miércoles en el Boletín Oficial de la Nación oficializó la designación para la Justicia Federal de doce nuevos jueces, seis conjueces y nueve vocales en varios puntos del país. La firma del Poder Ejecutivo alcanzó a cubrir la vacante que en junio de 2020 originó la jubilación de la jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas (TOCF), Norma Lampugnani.

Tras veinte años de carrera en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Ruth María Ponce de León quedó oficializada para cubrir el cargo e intentar que se normalice el servicio de justicia que se encuentra en una compleja situación en todas sus jurisdicciones. Problema generado por el letargo, como el de su caso que transitó cinco años desde el concurso aprobado en 2021.

La abogada misionera (pero nacida en Junín, provincia de Buenos Aires) dialogó con PRIMERA EDICIÓN a pocas horas de que le tomen el juramento de rigor (jueves o viernes de la semana próxima) y que comience “este nuevo desafío”.

“Es una alegría enorme este cargo, es un gran honor haber sido designada. Como lo dije ante la comisión de Acuerdos en el Senado este concurso llevaba cinco años sin definición. En agosto de 2021 rendí el examen”, recordó pero también destacó que “fue un camino largo, gran desafío que ahora, que se pudo concretar, me pone por un lado muy contenta y por otro expectante comenzando otro recorrido que me hizo profundizar el estudio porque ya es una etapa distinta de trabajo y debo empaparme con toda la competencia del Tribunal Oral que es muy diferente a lo que desempeñaba en la Cámara de Apelaciones. Estoy muy entusiasmada y espero estar a la altura”.

Respecto al cambio de funciones que afrontará, los tipos de delito que deberá juzgar y el escenario en que se registran y las nuevas herramientas para combatirlo, describió: “En Misiones tenemos los pasos fronterizos con más tránsito del país y son el puente Posadas-Encarnación y el de Puerto Iguazú-Foz de Iguazú. Tenemos muchísimas causas por resolver además de la entrada en vigencia del Código Procesal Federal el 24 de agosto que nos impulsa a un nuevo desafío, el de la oralidad y que la instrucción de los expedientes pasan a manos de los fiscales. Es decir, ahora todos los operadores de la Justicia vamos a tener que cambiar el modo de pensar el proceso, porque será más ágil, oral, de inmediación, de contacto con las partes que expondrán sus teorías del caso y los jueces decidirán sobre lo expuesto”.

Amplió a su vez que: “Vamos a tener que pensar el proceso con otra mirada y atravesar un tiempo, al menos entre tres y cuatro años con ambos códigos procesales. Es un plazo que puede durar hasta seis años como ya ocurrió en las jurisdicciones federales de Salta y Jujuy. Depende de las causas de cada lugar, por ejemplo en Posadas tenemos muchas más causas que otras provincias, por lo que se estima cuatro años de transición”.

Vacantes

Ponce de León recalcó que el retraso por cubrir los cargos generó complicaciones serias que necesitaron de esfuerzos extremos de los funcionarios de la Justicia Federal de todo el país.

La situación fue calificada como “crítica” por los propios protagonistas, en su momento y Ponce de León no esquivó el análisis, por el contrario, lo encaró con claridad: “Es una situación crítica si, por ejemplo, el juez Fabián Cardozo, presidente del Tribunal Oral de Posadas, está subrogando en la Cámara Federal de Apelaciones el cargo de vocal que correspondía a la doctora (Ana Lía Cáceres) Mengoni, pero también subroga en los tribunales orales de Chaco y Corrientes. Mientras se vayan cubriendo todas las vacantes también me tocará subrogar, es grande el desafío y me estoy preparando con todas las herramientas que dispongo”.

Pero admitió además que “el problema es una realidad y de hecho, ya se señaló la situación. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación lo dijo en reiteradas oportunidades y se hicieron presentaciones en el Congreso en las que se indicó que el 30% aproximadamente de los cargos en la Justicia estaban vacantes”. “Por ejemplo, en Misiones tenemos vacantes de fiscales y defensores oficiales, además del cargo dejado por el juez Manuel Alberto Jesús Moreira (se jubiló el año pasado). Esto generó atraso pero, de a poco, se está normalizando, llevará un tiempo más”.

Escenario

En cuanto a los delitos federales manifestó: “La mayoría de las causas que tienen los juzgados de primera instancia y el tribunal federal son los comprendidos por la ley de estupefacientes (23.737), tanto en la modalidad de contrabando, tráfico, transporte, comercialización y almacenamiento. Pero también hay un delito de contrabando de mercaderías, no hablo de drogas, y que nosotros en zona de frontera no tomamos conciencia del perjuicio que ocasiona a las arcas del Estado y sobre todo a los comerciantes de este país. Es un delito que socava la estructura comercial de estas provincias limítrofes y no sé si estamos plenamente atentos al daño que le genera a la sociedad entera. Lo aclaro más allá del daño de los delitos referentes al narcotráfico que todos sabemos el perjuicio que le genera a la salud pública”. “Con los delitos de evasión ocurre una situación similar y ya hubo debates en el Tribunal Oral de Posadas con acusados por asociación ilícita fiscal”.

Con la misma claridad, la jueza cerró la entrevista con dedicatoria: “Me siento muy contenta de enfrentar el cargo porque mi marido y mi hijo me acompañaron, ayudaron y cubrieron el tiempo necesario para que pueda prepararme en cada examen. Les agradezco muchísimo a ellos porque se convirtieron en mi sostén”.