El presidente Javier Milei anticipó que impulsará un proyecto para incorporar en Argentina un mecanismo similar al shutdown estadounidense, mediante el cual determinadas áreas del Estado deberían suspender sus actividades cuando agoten el presupuesto autorizado.
“Cuando agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, resumió el mandatario durante una entrevista concedida al canal de streaming Neura, al explicar una de las reformas que buscará aprobar en el Congreso.
La propuesta forma parte de una agenda más amplia que incluye cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y mayores restricciones sobre la utilización de recursos públicos. Sin embargo, hasta el momento no se difundió el texto completo de la iniciativa, por lo que todavía se desconoce cómo se activaría el mecanismo, qué dependencias quedarían alcanzadas y cuáles serían las excepciones.
La expresión shutdown puede traducirse como cierre o paralización del Gobierno, aunque no implica necesariamente que todo el Estado deje de funcionar. En Estados Unidos se produce cuando vencen las partidas presupuestarias y el Congreso no aprueba nuevas leyes de gastos ni una autorización temporal para mantener financiadas las actividades federales. Ante esa falta de recursos, las agencias deben detener, en términos generales, las operaciones que dependen de las asignaciones vencidas. La legislación estadounidense prohíbe que incurran en gastos u obligaciones superiores a los fondos autorizados por el Congreso.
Qué pretende cambiar Milei
De acuerdo con la definición adelantada por el Presidente, la adaptación argentina no estaría vinculada solamente con la falta de aprobación del Presupuesto nacional, también podría aplicarse cuando un organismo o una jurisdicción consumiera la totalidad de los créditos que le fueron asignados. En ese escenario, la dependencia debería suspender las actividades que no estuvieran exceptuadas hasta que el Congreso autorizara nuevos recursos.
El objetivo sería impedir que el Poder Ejecutivo compense la falta de fondos mediante reasignaciones presupuestarias. Actualmente, la Jefatura de Gabinete dispone de facultades para modificar la distribución de las partidas dentro de determinados límites y sostener gastos que originalmente no habían sido contemplados o que superaron las previsiones iniciales.
La iniciativa, por lo tanto, buscaría que cada área solamente pueda utilizar el monto aprobado y que una eventual ampliación deba ser discutida nuevamente por el Poder Legislativo.
El especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo explicó que el Estado no se cerraría en su totalidad, ya que deberían mantenerse las áreas centrales y esenciales. Según su interpretación, las demás dependencias tendrían que interrumpir sus actividades cuando consumieran los recursos disponibles y permanecer sin funcionar hasta que el Congreso autorizara nuevo financiamiento.
La diferencia central con el sistema argentino
La aplicación de un shutdown exigiría modificar el régimen presupuestario vigente. El artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera establece que, si al comenzar un ejercicio no fue aprobado el nuevo Presupuesto General, continúa rigiendo el del año anterior, con los ajustes que debe realizar el Poder Ejecutivo. Este mecanismo de prórroga evita que la Administración Pública quede automáticamente sin financiamiento por la falta de una nueva ley presupuestaria.
Por ese motivo, el abogado constitucionalista Diego Armesto advirtió que trasladar el esquema estadounidense sin reformar previamente la normativa produciría una incompatibilidad con la Ley de Administración Financiera.
El interrogante no se limita a qué pasaría si el Congreso no aprueba el Presupuesto. También deberá definirse si el cierre se activaría ante el agotamiento de una partida particular y si un ministerio podría continuar financiando una función con recursos disponibles en otro programa.
La letra del proyecto será decisiva para establecer si el mecanismo se aplicaría a cada organismo, a cada programa presupuestario o al conjunto de la Administración Nacional.
Qué áreas podrían dejar de funcionar
Sin un proyecto formal, todavía no puede determinarse qué dependencias serían paralizadas. No obstante, una aplicación estricta podría afectar tareas administrativas, atención presencial, programas estatales, contratos, obras y transferencias que no sean consideradas indispensables.
También podrían producirse demoras en pagos a proveedores, subsidios, becas, convenios, asistencia a distintas instituciones y giros de recursos a organismos descentralizados.
El impacto sobre los trabajadores públicos dependería del sistema que finalmente se adopte. Una de las dudas es si el personal de las áreas suspendidas seguiría cobrando, sería enviado temporalmente a su casa o tendría que continuar prestando servicios hasta la aprobación de nuevas partidas.
En Estados Unidos, parte de los empleados es suspendida temporalmente, mientras que otros deben continuar trabajando por estar afectados a funciones exceptuadas, aunque durante el cierre pueden atravesar demoras en el cobro. El funcionamiento no se detiene por completo porque algunas actividades cuentan con financiamiento independiente y otras deben continuar para proteger vidas, bienes o la seguridad pública.
Hospitales, seguridad y servicios esenciales
Uno de los aspectos más sensibles será la definición de los servicios que no podrán suspenderse aun cuando agoten sus recursos. Armesto señaló que una regulación de estas características debería resguardar el funcionamiento de hospitales, fuerzas de seguridad, aeropuertos y otras prestaciones indispensables.
Una paralización total de esas actividades podría afectar derechos constitucionales y comprometer la obligación del Estado de garantizar la salud, la seguridad y otros servicios básicos.
La futura ley también tendría que establecer de dónde surgirían los recursos para sostener esas funciones cuando se hubiera consumido el presupuesto originalmente asignado. Declarar una actividad esencial no resuelve por sí solo la necesidad de pagar salarios, comprar insumos o mantener contratos operativos.
Más poder presupuestario para el Congreso
La reforma podría fortalecer la intervención del Congreso en la administración de los recursos públicos. Cuando una partida se agotara, el Gobierno tendría que solicitar una ampliación y justificar ante los legisladores la necesidad de incrementar el gasto. Ese mecanismo reduciría la discrecionalidad del Ejecutivo para reasignar fondos, pero también podría convertir una disputa política en una interrupción concreta de servicios y trámites.
Si no existiera acuerdo entre el oficialismo y la oposición, una dependencia podría quedar paralizada durante días o semanas. El funcionamiento cotidiano del Estado dependería, entonces, de la capacidad del Congreso para aprobar ampliaciones o autorizaciones temporales.
También habrá que determinar si el cierre podría ser decidido automáticamente por el organismo que agotó sus recursos o si requeriría una declaración del Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete o alguna autoridad presupuestaria.
El antecedente de Estados Unidos
El cierre federal más extenso de la historia estadounidense comenzó el 1 de octubre de 2025 y concluyó el 12 de noviembre, después de 43 días. Se originó por la falta de acuerdo legislativo para aprobar el financiamiento del Gobierno y finalizó cuando el Congreso sancionó una nueva extensión presupuestaria, posteriormente firmada por el presidente Donald Trump.
Durante ese período, empleados federales quedaron temporalmente suspendidos o debieron continuar trabajando sin recibir sus salarios en los plazos habituales. También se registraron demoras en servicios, dificultades en aeropuertos y alteraciones en programas de asistencia alimentaria.
El antecedente muestra que el shutdown no implica la desaparición completa del Gobierno, pero sí puede provocar consecuencias relevantes para trabajadores, proveedores y ciudadanos.
Una propuesta todavía sin letra chica
La expresión utilizada por Milei -“se apaga el Estado”- presenta una idea política contundente, pero todavía no permite conocer cómo funcionará jurídicamente. Para evaluar su alcance será necesario saber qué se entenderá por presupuesto agotado, cuáles serán los servicios protegidos, qué pasará con los empleados y proveedores, cómo se reanudarán las actividades y qué facultades conservará el Poder Ejecutivo para responder ante emergencias.
También deberá precisarse la relación del nuevo régimen con la prórroga presupuestaria contemplada por la Ley de Administración Financiera y con las atribuciones que actualmente tiene la Jefatura de Gabinete.
Hasta que el proyecto ingrese al Congreso, el llamado shutdown argentino continúa siendo una definición general. Su verdadero impacto dependerá de una letra chica que tendrá que equilibrar el control del gasto con la continuidad de las prestaciones que el Estado está obligado a garantizar.
Fuente: Agencia de Noticias NA y Medios Digitales
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