Un misil, un dron o un submarino no se fabrican en el aire. Se forjan en pueblos y ciudades específicas que, de la noche a la mañana, ven cómo su destino económico se entrelaza con el de la seguridad nacional. Pero cuando el gobierno central firma un contrato de defensa millonario, la factura no siempre la paga quien toma la decisión. A menudo, la paga el alcalde de un municipio que de repente ve multiplicarse su población, colapsar su mercado inmobiliario y saturarse sus escuelas. Dos informes recientes de la OCDE revelan la cara oculta del mayor rearme europeo desde la Guerra Fría.
El mapa invisible: dónde late el corazón militar de Europa
Existe un mapa de Europa que no aparece en los atlas escolares. Es un cartografía silenciosa, trazada no por ríos ni fronteras políticas, sino por la ubicación de astilleros, fábricas de misiles, centros de investigación y desarrollo (I+D) militar y sus redes de proveedores. Es el mapa de la “huella de la defensa”, y según el informe The footprint of defence production: economic implications (OCDE, junio de 2026, Working Paper No. 54), elaborado por Luiz de Mello, Inés Dezcallar y Sean Dougherty, este mapa está reconfigurando la geografía económica del continente a una velocidad que pocos analistas anticiparon.
Los investigadores rastrearon 244 empresas y 347 plantas de producción de defensa en 15 países europeos, identificando además una red de 3.888 firmas medianas y pequeñas que forman la cadena de suministro. El resultado es revelador: aproximadamente el 15% de las regiones europeas de nivel TL3 albergan al menos una planta de producción de defensa, y el 62% cuenta con al menos una empresa vinculada al sector. Pero el 36% de las regiones no tiene ninguna presencia defense-industrial. Europa, en materia de defensa, es un archipiélago de islas prósperas rodeadas de un océano de territorios que miran desde la orilla.
Y esas islas, según los datos, son notablemente más ricas. Las localidades con huella de defensa presentan un PIB per cápita significativamente mayor, más patentes, más empleo manufacturero y mayor población que sus vecinas sin presencia militar. Pero la pregunta crucial es si la defensa causa esa prosperidad o si simplemente se instala donde ya la había. El estudio, utilizando una metodología econométrica sofisticada (Dynamic Ordinary Least Squares o DOLS), encuentra que la asociación es robusta incluso después de controlar por el nivel de industrialización, la población y la actividad innovadora previa.
El dato más elocuente es este: por cada unidad de aumento en la intensidad de la presencia de defensa en una localidad, el PIB per cápita aumenta un 13,4% en el largo plazo, comparando regiones dentro de la misma provincia o estado. La primera instalación de defensa en un territorio se asocia con un incremento del 9,3% en la renta per cápita; la segunda, con un 5,4%; la tercera, con un 3,9%. Los rendimientos son decrecientes, pero la señal es inconfundible: la defensa deja huella.
El shock de Crimea: cuando la geopolítica se convirtió en política industrial
Para entender la magnitud del cambio, hay que viajar mentalmente a marzo de 2014. La anexión de Crimea por Rusia no solo alteró el equilibrio de seguridad europeo; desencadenó lo que los economistas llaman un “shock exógeno” -un acontecimiento externo a la economía que la transforma desde fuera. En la Cumbre de Gales de ese mismo año, los miembros de la OTAN se comprometieron a destinar el 2% de su PIB a defensa. Once años después, en 2025, ese compromiso se ha ampliado hasta el 3,5% para el gasto militar básico y un 1,5% adicional para seguridad nacional amplia, con horizonte 2035.
El mismo informe -The footprint of defence production: economic implications (Working Paper No. 54, de Mello, Dezcallar y Dougherty)- utiliza precisamente la anexión de Crimea como un experimento natural para medir cómo reaccionaron las regiones con y sin huella de defensa ante este cambio de paradigma.
Los resultados, obtenidos mediante proyecciones locales son contundentes: en los cuatro años posteriores al shock de 2014, las localidades con presencia industrial de defensa crecieron un 0,6% más en PIB per cápita que las que no la tenían. Puede parecer una cifra modesta, pero en economía regional, donde los márgenes son estrechos, un 0,6% de diferencia acumulada es la brecha entre una comarca que prospera y una que se estanca.
Y lo más fascinante es que este efecto no es lineal. El estudio demuestra que el “premio” económico de la defensa es significativamente mayor en las localidades que ya son innovadoras. En términos técnicos, existe una interacción positiva entre la presencia de defensa y la actividad de patentes. Esto significa que la defensa no enriquece a todos por igual: beneficia desproporcionadamente a los territorios que ya tienen capacidad de absorber innovación. Es el viejo principio de la “capacidad absortiva” aplicado a la geopolítica: para que llueva tecnología, primero hay haber arado el campo.
Aquí es donde entran los clústeres. Toulouse, en el suroeste francés, donde Airbus Defence & Space tiene su corazón; Múnich, con su ecosistema de empresas aeroespaciales y ciberseguridad; Devonport, en el condado británico de Devon, donde el astillero naval representaba a mediados de los noventa el 2,7% del PIB de toda la región y pagaba salarios por encima de la media; o Tolón, en el Var francés, donde el astillero DCN depende de una red de proveedores locales que a su vez dependen de él para gran parte de sus ingresos. Estos no son meros empleadores; son núcleos gravitatorios que atraen talento, capital e innovación.
La alquimia de la innovación: de los misiles a Internet
Pero hay algo más profundo, algo que trasciende la contabilidad regional. La defensa, históricamente, ha sido el mayor subsidiario encubierto de la innovación civil. El internet, el GPS, los motores a reacción, los materiales compuestos, la resonancia magnética: todos nacieron, total o parcialmente, de laboratorios militares. Y esta alquimia no es una reliquia del siglo XX.
El informe The footprint of defence production documenta que la I+D pública en defensa “atrae” (crowds-in) la I+D privada. Según estudios citados en el documento, un aumento del 10% en el gasto público en I+D militar genera un incremento del 5-6% en la I+D privada del mismo sector. El Estado asume los costes fijos enormes de la investigación básica; las empresas recogen los frutos aplicados. Y esos frutos, con el tiempo, se filtran hacia la economía civil.
Los drones que hoy vigilan cosechas o inspeccionan puentes nacieron de programas militares. Los sistemas de cifrado que protegen nuestras transacciones bancarias tienen su origen en la criptografía de defensa. Los materiales que aligeran los aviones comerciales vienen de los laboratorios aeroespaciales militares. Es lo que los economistas Moretti, Steinwender y Van Reenen han llamado “los despojos intelectuales de la guerra”: la paradoja de que la tecnología más letal termine, con el tiempo, salvando vidas y mejorando el bienestar civil.
Pero esta alquimia tiene sus reglas. No ocurre en cualquier lugar. Ocurre donde hay universidades de élite, donde hay una fuerza laboral cualificada, donde existe una cultura empresarial capaz de transformar un prototipo militar en un producto comercial. Por eso la defensa amplifica las desigualdades regionales: las regiones que ya son innovadoras se vuelven más innovadoras; las que no lo son, se quedan mirando cómo el tren de la prosperidad pasa de largo.
El dilema del alcalde: cuando la factura llega al ayuntamiento
Sin embargo, hay una cara menos visible de este boom, y es aquí donde el segundo informe de la OCDE -Implications of increased defence spending for subnational governments (junio de 2026, Working Paper No. 52), elaborado por Luiz de Mello y Teresa Ter-Minassian- introduce una nota de realismo crudo. Porque la defensa, aunque es una responsabilidad nacional, tiene consecuencias profundamente locales. Y esas consecuencias no siempre son positivas.
Imaginemos un pueblo de 15.000 habitantes en el interior de Europa. De repente, el gobierno central anuncia la instalación de una fábrica de componentes de drones o la ampliación de una base militar. Llegan 2.000 trabajadores altamente cualificados con sus familias. El PIB local se dispara. Los ingresos fiscales del municipio aumentan. En las estadísticas nacionales, todo son luces verdes.
Pero el alcalde se despierta con pesadillas. ¿Dónde van a vivir esos 2.000 trabajadores y sus familias? El mercado inmobiliario se dispara, los alquileres se duplican en seis meses, los jóvenes del pueblo no pueden emanciparse. ¿Dónde van a estudiar sus hijos? Las escuelas, diseñadas para una población estable, colapsan. ¿Y los hospitales? ¿Y las carreteras? ¿Y el agua?
Este es el núcleo del problema: la defensa es un gasto nacional, pero sus externalidades -positivas y negativas- se descargan sobre los gobiernos subnacionales. Y estos, en la mayoría de los países europeos, tienen competencias en educación, sanidad, vivienda, transporte urbano y servicios sociales. Es decir, en todo aquello que la llegada masiva de trabajadores de la defensa pone bajo presión.
El informe es claro: los multiplicadores fiscales locales de la defensa tienden a ser positivos y, en muchos casos, superiores a los nacionales. Un dólar de gasto del Departamento de Defensa en una ciudad estadounidense aumenta el PIB de esa ciudad en un dólar y los salarios locales en 0,35 dólares, según estudios citados. Pero ese mismo dólar genera costes que el gobierno central no asume: infraestructuras adicionales, presión sobre los servicios públicos, tensiones sociales por la gentrificación.
Y aquí surge la paradoja fiscal más cruel: el gobierno central decide gastar más en defensa. Para financiarlo, puede subir impuestos, recortar otros gastos o emitir deuda. Si sube impuestos compartidos con las regiones, estas pierden ingresos. Si recorta otros gastos, los recortes suelen afectar a competencias subnacionales (educación, sanidad, cohesión territorial). Si emite deuda, los tipos de interés suben, y las regiones -que también se endeudan para invertir- ven cómo el servicio de su deuda se encarece. En cualquiera de los tres casos, el alcalde paga el pato de una decisión que no tomó.
La trampa de la especialización: cuando un pueblo a puesta todo a una carta
Hay otro riesgo, menos evidente pero igualmente peligroso: la especialización excesiva. La OCDE advierte que los shocks negativos en gasto de defensa -es decir, los recortes- generan caídas de producción mayores que las subidas. Es una asimetría brutal: la euforia del boom es gradual, pero la resaca del cierre de una base o la cancelación de un programa puede ser fulminante.
La historia europea está llena de ejemplos. Ciudades que vivieron décadas al calor de la Guerra Fría y que, tras la caída del Muro, se convirtieron en pueblos fantasma cuando la industria de defensa se reconvirtió o emigró. El informe recomienda encarecidamente la diversificación: que las regiones que acogen defensa no pongan todos los huevos en la misma cesta militar. Pero la diversificación es cara, lenta y políticamente impopular cuando los pedidos militares están en máximos.
Además, existe el riesgo de la “enfermedad holandesa” local: cuando un sector atrae tanto capital y talento que encarece los factores productivos para el resto de la economía local. Los restaurantes suben los precios porque los ingenieros de defensa pueden pagarlos. Los alquileres se disparan. Las pequeñas empresas no militares, que no pueden competir por el talento ni por el espacio, cierran o emigran. El tejido productivo se monocromatiza. Y cuando el ciclo de la defensa baje, no quedará nada a lo que agarrarse.
El núcleo del problema: la ausencia de diálogo
Pero si hay una conclusión que atraviesa ambos informes como un hilo rojo, es esta: la falta de cooperación intergubernamental. El gobierno central decide dónde se instala una base, qué fábrica se amplía, qué programa se lanza. Lo hace por razones de estrategia militar, de logística, a veces de presión política. Pero rara vez consulta al alcalde, al presidente regional, al responsable de planificación urbana de la comarca afectada.
La OCDE es explícita: “Los gobiernos subnacionales necesitan claridad y aviso adecuado con antelación de las decisiones nacionales en esta materia, para poder mitigar los efectos adversos”. Y añade que “los foros permanentes de cooperación vertical pueden facilitar el diálogo intergubernamental efectivo y la construcción de consensos”.
En decir: el Estado no puede seguir tratando a las regiones como un tablero de ajedrez mudo. Cada movimiento de una pieza militar tiene consecuencias humanas, fiscales y territoriales que alguien tiene que gestionar. Y ese alguien, casi siempre, es el alcalde.
La solución que proponen ambos informes es un pacto de coordinación: que el gobierno central comparta con antelación sus planes de inversión en defensa; que las regiones aporten información sobre sus capacidades de absorción; que se diseñen políticas “place-based” -adaptadas al territorio- para maximizar los beneficios y minimizar los costes.
La defensa como espejo de la sociedad
Al final, la huella de la defensa en Europa no es solo una cuestión económica. Es un espejo de cómo entendemos la relación entre lo nacional y lo local, entre la seguridad y el bienestar, entre el Estado y el ciudadano.
Los dos informes de la OCDE publicados en junio de 2026 -The footprint of defence production: economic implications e Implications of increased defence spending for subnational governments- nos dicen algo profundo: que la preparación para la guerra, paradójicamente, es uno de los mayores motores de transformación de la paz. Que los misiles, además de destruir, también construyen: construyen clústeres de innovación, atraen talento, generan patentes que terminan en hospitales y escuelas. Pero también nos dicen que esa construcción tiene un precio, y que ese precio no lo paga quien firma el cheque.
En un momento en que Europa se rearma a marchas forzadas, en que el 3,5% del PIB se destinará pronto a defensa básica y otro 1,5% a seguridad nacional amplia, la pregunta ya no es solo cuántos tanques o cuántos drones se necesitan. La pregunta es qué tipo de sociedad se quiere construir alrededor de esas fábricas. Si se quieren pueblos prósperos y diversos, o enclaves militares rodeados de desierto económico. Si se quiere que el alcalde sepa con un año de antelación que su pueblo va a crecer un 20%, o que se entere por la prensa el mismo día del anuncio.
La defensa es el acto más soberano de un Estado. Pero su huella es íntimamente local. Y en esa tensión -entre lo global de la amenaza y lo cotidiano de la vida- se juega, quizás, el futuro de la cohesión territorial europea. Porque al final, de nada sirve blindar las fronteras si se desgarra el tejido de los pueblos que las sostienen.
Los peajes ocultos
Existe un viejo axioma militar: la primera baja de la guerra es la verdad. En el caso de la industria de defensa europea, la primera baja es la transparencia estadística.
Mientras que en Estados Unidos el Departamento de Defensa publica anualmente los contratos asignados por códigos postales, en Europa la defensa está envuelta en el secreto de Estado. Los gobiernos nacionales se niegan a publicar datos de contratación a nivel subnacional por “razones de seguridad nacional”. Esto significa que, hasta hace pocos meses, ni siquiera Bruselas sabía con exactitud qué pueblos europeos estaban sosteniendo la cadena de suministro militar del continente.
Para resolver este agujero negro, los autores de The footprint of defence production: economic implications, Luiz de Mello, Inés Dezcallar y Sean Dougherty, tuvieron que convertirse en detectives económicos. Al no poder acceder a los contratos públicos, cruzaron la plataforma Military Balance+ con la base de datos corporativa global ORBIS. Rastreando las estructuras de propiedad, filiales y subcontratistas de los grandes consorcios, lograron mapear lo que llaman “la huella invisible”: 3.888 pequeñas y medianas empresas europeas que forman el tejido oculto de la defensa.
El hallazgo es demoledor. La narrativa pública se centra en los grandes astilleros de Tolón o las plantas de Airbus en Toulouse. Pero la realidad es que miles de pueblos europeos, que ni siquiera saben que forman parte del complejo militar-industrial, dependen de subcontratistas de segundo o tercer nivel. Esta “niebla de guerra estadística” tiene una consecuencia directa: ¿cómo puede un alcalde planificar el impacto de la defensa en su municipio si el gobierno central ni siquiera reconoce oficialmente que la mitad de la cadena de suministro opera en la oscuridad? La opacidad nacional condena a la improvisación local.
La “carrera hacia el fondo”
Si el artículo principal de este suplemento exploraba cómo la llegada de una base militar satura los servicios públicos, hay un efecto secundario aún más perverso que documenta el informe Implications of increased defence spending for subnational governments, de Luiz de Mello y Teresa Ter-Minassian: la toxicidad de la competencia interterritorial.
Ante la avalancha de fondos europeos y nacionales para el rearme, las regiones y municipios se han lanzado a una feroz puja por atraer las nuevas fábricas de drones, munición o ciberseguridad. ¿Cuál es su principal arma? Los incentivos fiscales locales.
Los informes de la OCDE lanzan una advertencia clarísima sobre el riesgo de una “carrera hacia el fondo” (race to the bottom). Los gobiernos subnacionales, desesperados por mostrar éxito económico en sus territorios, están ofreciendo exenciones de impuestos, subsidios encubiertos y rebajas fiscales a las empresas de defensa.
El resultado es una trampa de suma cero. Al “regalar” la recaudación futura para atraer a un contratista principal, el municipio se queda sin el dinero necesario para construir las carreteras, ampliar las escuelas y gestionar la crisis de vivienda que esa misma fábrica va a provocar.
Es el dilema del prisionero aplicado a la geopolítica: si un pueblo no ofrece incentivos fiscales, la fábrica se irá al pueblo vecino. Pero si todos los pueblos ofrecen incentivos, la industria de defensa se instala en Europa a coste cero para las arcas públicas, dejando a los gobiernos locales con la factura de los servicios públicos y sin los ingresos para pagarlos.
La OCDE es tajante: estos subsidios deben estar “estrictamente monitorizados”, porque de lo contrario, el rearme se financiará empobreciendo a las propias comunidades que lo acogen.
La anomalía europea: islas blindadas en un continente fragmentado
Quizás el descubrimiento más contraintuitivo de los informes de la OCDE es el que rompe con todos los manuales de economía regional. En la literatura económica estadounidense, está demostrado que el gasto militar en un condado genera un “efecto derrame” (spillover) masivo hacia los condados vecinos, a través de la movilidad de los trabajadores y las cadenas de suministro locales.
Sin embargo, cuando los investigadores de la OCDE aplicaron modelos de “rezago espacial” (spatial lag) a los datos europeos, el resultado fue cero. No hubo evidencia estadística de que la riqueza de un clúster de defensa en Francia se filtrara hacia las comarcas vecinas.
¿Por qué? Porque la industria de defensa europea está fragmentada en “islas herméticas”. A diferencia de la industria civil, donde los proveedores se buscan en un radio de cien kilómetros, la defensa europea opera en silos nacionales y redes cerradas de seguridad. Un astillero en el norte de España no integra a pymes del sur de Francia; un fabricante de misiles en Baviera no comparte cadena de suministro con la República Checa.
Esta anomalía geográfica explica por qué el mapa de la defensa europea es un “archipiélago” de islas prósperas rodeadas de un océano de territorios que no reciben ni una sola migaja del efecto derrame. El 36% de las regiones europeas no tiene ninguna presencia de defensa, y las que la tienen no logran contagiar a sus vecinas.
La solución que proponen de Mello y Ter-Minassian exige un salto cualitativo en la integración europea. Iniciativas como el programa SAFE (Security Action for Europe) buscan armonizar los estándares de contratación pública entre países para crear economías de escala. Solo rompiendo los muros de la contratación nacional y creando cadenas de suministro transfronterizas reales, los clústeres de defensa dejarán de ser islas aisladas para convertirse en redes que irradien riqueza hacia el interior del continente.
Hacia la luz de la cadena de suministro
Queda claro que el mayor rearme europeo desde la Guerra Fría no es solo un desafío de ingeniería militar o de macroeconomía fiscal. Es un desafío de transparencia y de cohesión territorial.
Mientras los gobiernos nacionales se escuden en el secreto de Estado para no publicar dónde se gasta cada euro, los municipios compiten entre sí en una “carrera hacia el fondo” que hipoteca sus futuros presupuestos.
Y mientras tanto, miles de esas 3.888 pymes invisibles que la OCDE tuvo que rastrear como detectives, siguen tejiendo la red de la defensa europea en la más absoluta soledad estadística, sin saber que son el pilar de una nueva geopolítica.
La verdadera seguridad de Europa no se medirá solo en el número de tanques Leopard o de cazas FCAS que se fabriquen en 2035. Se medirá en la capacidad de sus instituciones para iluminar ese mapa ciego. Para frenar la guerra fiscal entre sus propios pueblos. Y para tender puentes entre las islas herméticas de su industria militar. Porque de nada sirve construir una fortaleza continental si los cimientos se pudren en la oscuridad de la opacidad y la competencia suicida.
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