Este sábado, tres personas fueron apresadas por la muerte de una joven de 21 años que cayó desde un puente en Limeira, estado brasileño de San Pablo, tras ser lanzada sin cuerda de seguridad durante una actividad de “rope jump” y aumentó a seis el número de detenidos.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no se pueden dar los detalles de la participación de cada uno de los detenidos por este caso, aunque fuentes policiales indicaron que las detenciones tienen como objetivo evitar la eliminación de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura.
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas murió el pasado 13 de junio al caer desde una altura aproximada de 40 metros desde el Puente del Esqueleto, convertido en centro de deportes de aventura.
Otros tres sospechosos permanecen encarcelados desde el día del accidente. Se trata de los instructores Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años, quienes fueron acusados de homicidio con dolo eventual y continúan en prisión preventiva después de que la Justicia rechazara solicitudes de “habeas corpus” presentadas por sus abogados.
Organización ilegal
Según la investigación, los tres integraban el grupo que organizaba saltos desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa desde donde se ofrecían saltos por 180 reales (unos 35 dólares) por persona. Maria Eduarda, residente de la localidad de Jandira, murió después de ser lanzada al vacío sin estar sujetada al sistema de seguridad durante la caída.
De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a la víctima fue olvidada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto.
Una grabación realizada por testigos mostró que la joven fue llevada por los instructores hasta el borde del puente y empujada al vacío sin que se hubiera completado la verificación de seguridad. Testigos declararon además que los responsables no efectuaron la revisión final de los equipos antes del salto.
La investigación también determinó que el grupo que promovía la actividad extrema no operaba como una empresa formalmente constituida.
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