Un hombre mayor de edad y de nacionalidad brasileña acordó una condena de 12 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su hija biológica y en forma reiterada, señalaron fuentes del caso.
Fue tras un juicio abreviado, donde el imputado firmó su conformidad con el monto de pena a cumplir y admitió tanto la materialidad como la autoría de los hechos, indicó un vocero. Según consta en la elevación a debate, los abusos sistemáticos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 5 años, en la ciudad de Puerto Iguazú donde residía la familia, luego continuaron en San Antonio al comenzar la pandemia (2020) y se extendieron en diferentes viviendas hasta la Semana Santa de 2022.
La investigación judicial además estableció que el agresor aprovechaba los momentos en que su pareja (madre de la menor) salía a trabajar para someterla y la amenazaba diciéndole que iba a matar a su progenitora para obligarla a guardar silencio. Cuando todo salió a la luz la madre radicó una denuncia y el acusado fue detenido.
El imputado fue hallado penalmente responsable por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con un menor de 18 años, hechos reiterados y corrupción de menores agravado por haber mediado amenazas y ser el autor ascendiente y conviviente de la víctima en concurso real, cometido en perjuicio de la menor”, según consta en la citada resolución.
Secuelas psicológicas
De acuerdo con la reconstrucción pericial y judicial, los abusos comenzaron en una fecha no precisada cuando la menor tenía apenas 5 años, en una vivienda alquilada del barrio Bicentenario de la ciudad de Puerto Iguazú. La situación de vulnerabilidad de la menor continuó agravándose a la par de los traslados de la familia.
Tras testimoniales, la Justicia dio por probados múltiples ataques cometidos durante el confinamiento por la pandemia en el año 2020, en un domicilio del barrio Fátima de la localidad de San Antonio. Los vejámenes se repitieron en reiteradas oportunidades bajo el amparo de la convivencia, extendiéndose en diferentes puntos geográficos de San Antonio, tales como un inquilinato y una estructura de madera situada al fondo de la propiedad de la madre del imputado, según se ventiló en el debate. De manera concluyente, en base a las evidencias y testimonios se supo que esta seguidilla de abusos continuó de forma sistemática hasta la Semana Santa de 2022.
La resolución judicial firmada por el fiscal durante la instrucción de la causa, hizo especial hincapié en el modus operandi utilizado por el acusado, quien aprovechaba los momentos en que la menor quedaba bajo su cuidado directo y sin terceras personas en los inmuebles. Para garantizar su impunidad, el agresor empleaba explícitas amenazas de muerte de forma intimidatoria, advirtiéndole a la niña que si relataba lo sucedido la mataría a ella, a su madre y a todo su entorno familiar, precisó el mismo escrito judicial.
En base a las pruebas testimoniales, los informes médicos y las pericias psicológicas el reporte del representante fiscal que elevó la causa a debate, del Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, concluyó que el accionar del imputado “arrebató la inocencia sexual de la menor, afectando su natural y libre desarrollo sexual, provocándole un adelantamiento sexual prematuro”.
Las partes estuvieron de acuerdo en el monto de pena a cumplir, en este caso de 12 años de prisión, agregó la misma fuente.
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