La política de ajuste impulsada por el presidente Javier Milei parece haber alcanzado un punto de inflexión. Luego de dos años y medio de recortes que redujeron el gasto público nacional en un 31% en términos reales, los últimos datos de ejecución presupuestaria revelan que la estrategia de la denominada “motosierra” comienza a mostrar señales de agotamiento.
Los números correspondientes al período enero-mayo de 2026 reflejan una realidad que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado semanas atrás: el equilibrio fiscal ya no podrá sostenerse únicamente mediante nuevos recortes del gasto. Sin una recuperación de la actividad económica que impulse la recaudación, el Gobierno podría enfrentar crecientes dificultades para mantener el superávit durante el segundo semestre.
“Necesitamos seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva. Para eso tenemos que recaudar más, porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, había afirmado Caputo, en una definición que hoy encuentra respaldo en las cifras oficiales.
Primer aumento del gasto desde la llegada de Milei
De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y, al que tuvo acceso el sitio El Destape, el gasto público nacional registró entre enero y mayo una leve suba real del 0,5% respecto del mismo período de 2025. Se trata de la primera variación positiva desde que Milei asumió la Presidencia.
La comparación refleja la magnitud del ajuste aplicado hasta ahora. Durante los primeros cinco meses de 2024, el gasto había caído un 27,5% respecto de 2023, mientras que en igual período de 2025 el recorte alcanzó otro 5,4%.
Para los especialistas, la explicación es simple: cada vez quedan menos partidas susceptibles de ser ajustadas. “Tenías más posibilidades de recortar presupuesto unos años atrás que ahora, porque entre el 70% y el 80% del gasto actual es inflexible y está indexado por ley”, explicó Hernán Letcher, director de CEPA.
Según el economista, la caída de la recaudación podría obligar al Gobierno a aplicar nuevos ajustes antes de fin de año para sostener el superávit fiscal. “Están rascando el fondo de la olla. Si continúa deteriorándose la recaudación, probablemente tengan que volver a hacer un ajuste importante, con efectos recesivos sobre la economía”, advirtió.
Un Estado más chico, pero con otra composición
El profundo recorte también modificó la estructura del gasto público nacional. Mientras la seguridad social pasó de representar el 44% del presupuesto en 2023 al 59% en 2026, los servicios de la deuda aumentaron su participación del 9% al 12%. En contraste, áreas vinculadas a políticas públicas y desarrollo redujeron significativamente su peso relativo.
Los recursos destinados a energía, combustibles y minería descendieron del 8% al 4% del presupuesto total, mientras que la promoción y asistencia social pasó del 7% al 2%.
El informe de CEPA también señala que, en paralelo al ajuste general, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementó su presupuesto un 34% respecto de 2023.
Salud, educación y obra pública
El ajuste acumulado entre 2023 y 2026 impactó especialmente sobre programas de salud, educación, infraestructura y desarrollo social.
Dentro de la función Servicios Sociales, el recorte alcanza el 22,8%, impulsado principalmente por la reducción de partidas destinadas a vivienda y urbanismo (99,5%), agua potable y alcantarillado (92,1%), promoción y asistencia social (75,8%), educación y cultura (47,8%) y ciencia y tecnología (39,4%).
La principal partida presupuestaria, correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, registra una caída real acumulada del 10,4% desde el inicio de la actual gestión.
Aunque las asignaciones familiares mostraron una mejora del 14,2% en términos reales, otros programas sociales sufrieron fuertes reducciones. Los presupuestos de la ANSES, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registraron caídas significativas durante el período analizado.
También caen los recursos para seguridad
Contrariamente al discurso de fortalecimiento del área, la función Defensa y Seguridad acumula un recorte del 25,2% desde 2023.
El Ministerio de Seguridad registra una reducción presupuestaria del 22,8%, con caídas en todas las fuerzas federales. La Policía Federal encabeza la lista con un ajuste del 31,2%, seguida por la Prefectura Naval (28,3%), la Gendarmería Nacional (27,9%) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (16,1%).
Con una economía que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida y una recaudación que pierde dinamismo, el Gobierno enfrenta ahora el desafío de sostener el equilibrio fiscal sin margen para profundizar el ajuste. El dilema es cada vez más evidente: sin crecimiento, la motosierra ya no alcanza.
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