El proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal que se presentó en el Congreso nacional volvió a poner en agenda una normativa vigente desde 2022, que establece el uso de octógonos negros en alimentos y bebidas envasadas que contengan exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.
El impacto de su implementación se puede medir desde varios puntos de vista: desde su calidad, un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que evaluó las regulaciones sobre etiquetado frontal en ocho países de América, ubicó a la ley argentina como la de más alto estándar a nivel regional, considerando criterios como la claridad de la información y el alcance de las advertencias.
Y sobre cómo la evalúan los consumidores, un relevamiento de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición (FAGRAN) realizado en 15 provincias muestra que un 65% de las personas encuestadas afirmó que “le presta mucha o bastante atención” a los sellos a la hora de hacer una compra, mientras que el 96% aseguró “estar al tanto” de la presencia de los octógonos.
Alejandra Arévalo, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Misiones, analizó en entrevista con PRIMERA EDICIÓN estas cifras y consideró que la implementación de la ley “generó algo muy valioso, que las personas empiecen a mirar lo que consumen”.
“Muchas familias comenzaron a reducir la frecuencia de productos como juguitos, alfajores o galletitas, o a fraccionarlos durante la semana, buscando intercambiar por otras opciones. Y gran parte de esas decisiones comenzaron justamente a partir de la información más clara que brindan los sellos en los productos”, ejemplificó Arévalo.
Para la nutricionista, lo más preocupante de una posible derogación es que “se pierde una herramienta de prevención y de acceso a información clara”.
“Quizás quienes no están tan interesados en prevenir enfermedades sienten que el etiquetado no les cambia demasiado, pero para muchas otras personas sí fue una herramienta valiosa para empezar a comparar productos, prestar más atención a lo que consumen y tomar decisiones pensando en su salud a futuro”, explicó.
Y a modo de reflexión, agregó: “Creo que debemos preguntarnos qué intereses persigue esta derogación. Si las organizaciones científicas, las entidades de salud y gran parte de la comunidad profesional avalan esta herramienta, entonces la pregunta es: ¿quién se favorece de que el consumidor no tenga información clara o no pueda identificar fácilmente lo que está consumiendo?”.
Qué cambió con la ley
En el reporte 2026 de la OPS, el modelo argentino de etiquetado tuvo una valoración de “estándar más alto” en 10 de las 11 categorías evaluadas. Alcanzó el nivel medio únicamente en la descripción de nutrientes, un punto que en 2024 fue modificado por el Gobierno nacional respecto a la ley original.
El análisis regional tomó en cuenta criterios como la claridad del sistema, la facilidad de interpretación para los consumidores y el tipo de información disponible. Para Arévalo, eso explica que el modelo argentino sea valorado como uno de los más exigentes, ya que “está basado en evidencia científica y prioriza el derecho de la población a recibir información clara, utiliza advertencias simples, visibles y fáciles de interpretar”, dijo.
Por eso, explicó que la efectividad del etiquetado “debe evaluarse en función de cuánto mejoró el acceso a la información y la comprensión de lo que consumimos”, no solamente del cambio en los hábitos de consumo (es decir, el comprar o dejar de comprar).
“Creo que la gente entendió que no todos los productos son iguales y que muchos alimentos de consumo cotidiano tienen cantidades elevadas de azúcar, sodio o grasas que antes pasaban desapercibidas”, sintetizó la referente.
El impacto de la ley se sintió en el momento de la compra para diferentes grupos: “Muchas familias empezaron a comparar productos, a prestar más atención a los envases y elegir opciones con menos sellos, especialmente para los hijos”, que también pueden reconocer los octógonos.
“El etiquetado también tiene un impacto educativo. La forma característica y visible en que se presentan los sellos permite que incluso niños y adolescentes puedan identificarlos rápidamente y relacionarlos con productos con exceso de azúcares, sodio o grasas. Ha ayudado a construir hábitos más saludables desde esa etapa clave”, indicó Arévalo.
Y respecto a ese grupo, valoró que la ley “también regula aspectos importantes como la publicidad dirigida a niños” y “ayudó a desnaturalizar ideas de marketing muy instaladas”. Para ejemplificarlo, contó que “muchas personas comenzaron a entender que un producto ‘light’ no necesariamente significa que tenga menos azúcar o menos calorías, y que incluso algunos productos que se promocionan como saludables pueden tener varios sellos de advertencia”.
Qué preocupa del proyecto
Frente a la nueva iniciativa de derogación, Arévalo consideró que “si se considera que la ley no es suficiente, la discusión debería ser cómo fortalecer las políticas de prevención y alimentación saludable, no cómo eliminarlas”.
“Desde la salud pública, la discusión debería centrarse en la prevención. Siempre va a ser mejor tener una población más sana e informada que una población enferma que necesite cada vez más tratamientos. El rol del Estado justamente es proteger la salud colectiva. No podemos dejar librada la alimentación únicamente a lo que el mercado o la industria decidan ofrecer o promocionar”, argumentó.
Octógonos y tabla nutricional
Arévalo también analizó la propuesta del proyecto de derogación, que propone volver al modelo de la tabla nutricional como única herramienta informativa en los envases. “Existe hace muchos años, pero requiere tiempo, conocimientos técnicos, además puede aparecer en letras muy pequeñas, lo que dificulta la lectura, su interpretación puede ser difícil para gran parte de la población”, aseguró la nutricionista.
El sistema de los octógonos logró simplificar esa información y permitir una comprensión rápida al momento de comprar. “En pocos segundos una persona puede tomar una decisión más informada. Ese es el gran cambio, transformar una información técnica en una herramienta práctica de salud pública”, aseguró Arévalo.
En casos específicos, como las personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, el impacto de esta herramienta es más crítico, porque “facilitó mucho la identificación rápida de productos con exceso de azúcares o sodio, algo que antes resultaba muy difícil”.
En ese sentido, la especialista recordó que estas enfermedades “son un problema real de salud pública en Argentina, y sabemos que están muy vinculados a la alimentación y los hábitos de vida”.
Por eso, aseguró que “es importante entender que las enfermedades crónicas vinculadas a la alimentación mueven enormes intereses económicos en distintos sectores. Hoy la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares generan un mercado enorme vinculado a medicamentos y tratamientos”.
Y agregó: “Es lógico que existan intereses económicos en discusión, porque hablamos de mercados muy grandes. Por eso la industria alimentaria claramente puede verse interpelada por políticas que buscan transparentar la composición de los productos y modificar hábitos de consumo”.
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