Una investigación federal iniciada el año pasado culminó con uno de los mayores operativos contra el contrabando registrados recientemente en el Nordeste argentino. Como resultado de una serie de allanamientos realizados en Misiones, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades secuestraron mercaderías, vehículos y otros bienes cuyo aforo preliminar supera los 1.500 millones de pesos, además de detener a seis personas presuntamente vinculadas a una organización delictiva transfronteriza.
El procedimiento fue llevado adelante por agentes de ARCA-Aduana, dependientes de la Dirección Regional Aduanera Noreste y de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, en conjunto con personal de la Unidad de Investigaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). También participaron efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, que dispusieron la realización de 17 allanamientos simultáneos. Quince de ellos se concretaron en distintos puntos de Misiones, mientras que uno se desarrolló en Entre Ríos y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los operativos alcanzaron viviendas particulares, locales comerciales, depósitos y receptorías de encomiendas, entre otros inmuebles considerados de interés para la investigación.
Durante las requisas, los investigadores hallaron una importante cantidad de productos de origen extranjero que carecían de la documentación necesaria para acreditar su ingreso legal al país. Entre los elementos secuestrados se encontraron neumáticos para camiones y vehículos particulares de diferentes marcas y medidas, artículos electrónicos, teléfonos celulares, cigarrillos electrónicos, aires acondicionados, productos textiles, prendas de vestir, calzados, artículos de bazar y electrodomésticos.
Asimismo, fueron interceptadas encomiendas listas para ser despachadas hacia distintos puntos de la Argentina que contenían cigarrillos y otros derivados del tabaco.
El operativo también permitió el secuestro de armamento y municiones. Entre los elementos hallados figuran una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros, además de diversa documentación considerada relevante para el avance de la causa judicial.
En cuanto a los medios de transporte utilizados por la presunta organización, las autoridades incautaron dos camiones con sus respectivos semirremolques, uno de ellos refrigerado, un semirremolque adicional y tres vehículos particulares.
Uno de los datos más relevantes del procedimiento está relacionado con los neumáticos secuestrados. En los allanamientos se incautaron más de 300 cubiertas, de las cuales unas 140 estaban destinadas al transporte pesado.
Paralelamente, mediante un operativo cerrojo coordinado entre ARCA-Aduana, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue interceptado un camión de carga que trasladaba otros 300 neumáticos de origen extranjero que, según los investigadores, pertenecían a la misma estructura delictiva.
Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia Federal, fueron detenidas seis personas. Tres de ellas fueron arrestadas en Puerto Iguazú, una en Comandante Andresito, otra en San Javier y la restante en la ciudad entrerriana de Gualeguay.
Además de las detenciones, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, cheques, dispositivos de almacenamiento digital y equipos DVR utilizados para el resguardo de imágenes de videovigilancia. Todos estos elementos serán sometidos a peritajes y análisis para profundizar la investigación.
La causa se originó durante 2025, cuando personal especializado de la División Investigaciones y Operativa Regional de ARCA-Aduana detectó un transporte que movilizaba mercaderías extranjeras valuadas en más de 500 millones de pesos sin el correspondiente aval aduanero.
A partir de aquel hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir el circuito comercial y financiero detrás de la operatoria. El análisis permitió detectar inconsistencias entre movimientos económicos, bienes patrimoniales, facturación y declaraciones juradas de los involucrados.
Según la hipótesis judicial, la organización ingresaba productos desde Paraguay y Brasil a través de pasos fronterizos no habilitados. Posteriormente, la mercadería era almacenada en distintos puntos de Misiones, comercializada dentro del país y distribuida mediante encomiendas que simulaban operaciones legales.
La investigación también permitió establecer que para el envío de los productos se habrían utilizado identidades de terceras personas como presuntos remitentes, una maniobra destinada a dificultar la trazabilidad de las operaciones.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron además que entre los integrantes de la presunta organización figura una firma habilitada como Operador de Comercio Exterior (IMEX), situación que ahora forma parte de las líneas investigativas que analiza la Justicia Federal.
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