La reforma de la Ley de Salud Mental 26.657 avanza en el Senado de la Nación, donde el oficialismo buscará el dictamen favorable esta semana. La iniciativa plantea cambios en criterios de diagnóstico, condiciones de internaciones, y sistema de atención a pacientes. Flexibiliza las internaciones involuntarias: amplía los criterios de riesgo, permite considerar antecedentes y habilita que solo el médico psiquiatra pueda ordenar internaciones en casos excepcionales.
El oficialismo impulsa la modificación de la ley vigente argumentando que hoy los pacientes no acceden a la internación cuando lo necesitan, pero al centrar en el médico psiquiatra la decisión de la internación involuntaria, agrega una traba más al acceso.
No obstante, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el psicólogo, psicoanalista y especialista en Salud Mental, Carlos Trujillo, advirtió que lo importante no está en esta lucha entre psiquiatras y psicólogos sino la cuestión técnica, territorial y presupuestaria.
“Creo que no tenemos que dejarnos llevar por luchas cooperativistas, poner a psicólogos contra psiquiatras es un intento de polarizar la discusión de cara a que lo importante, en realidad, está detrás de esa discusión: la cuestión técnica, territorial y presupuestaria. Argentina tiene en el mejor de los conteos 7.000 psiquiatras (en el peor 4.000 psiquiatras) y casi todos están concentrados en las zonas capitales de las provincias. Es decir, ya partimos la discusión de una crisis estructural de falta de psiquiatras”, indicó.
En Misiones, según el Colegio de Médicos de Misiones, hay 75 psiquiatras en la provincia de los cuales 63 están en Posadas. “De ese número hay que calcular cuántos trabajan en Salud Pública, los que rondan unos 35 y cuántos hacen guardias, que son apenas 3”, señaló Trujillo.
Es que, si la modificación de la ley de Salud Mental logra su cometido, el psiquiatra volverá a tener la potestad unánime para la internación.
“El tema es que si solo el psiquiatra tiene la potestad para firmar una internación, la persona que está en Colonia Liebig o cualquier otro lugar del interior de nuestro país tendrá que esperar la agenda del psiquiatra. En la actualidad, con la ley de Salud Mental 26.657, sí puede ser intervenida por un equipo donde al menos dos profesionales deben estar para el acto médico y uno puede ser un psicólogo porque los psicólogos tenemos la competitividad de, al menos, poder diagnosticar una descompensación psicótica. Si se reforma la ley tal como dice el proyecto, esa persona dependerá de la agenda del psiquiatra que está en otra ciudad… esto complica mucho más el acceso directo de la persona en estado de crisis”, argumentó.
Datos que alertan
Trujillo llega a esta conclusión -al igual que muchos otros profesionales de la Salud Mental- basándose en datos concretos: en Argentina se calcula que hay entre 7.000 y 4.000 psiquiatras. Si tomamos una población de 45 millones de habitantes, eso significa aproximadamente que con 7.000 psiquiatras, hay 1 psiquiatra cada 6.428 habitantes y, con 4.000 psiquiatras, hay 1 psiquiatra cada 11.250 habitantes.
¿Cuántos pueblos del país no tienen psiquiatras? Entonces, ¿cómo se puede garantizar rapidez en regiones donde no hay psiquiatras disponibles?
Advierte que la modificación, presentada como solución, puede convertirse en una nueva barrera. No porque la internación no sea necesaria en algunos casos, sino porque se la ata a una disponibilidad profesional que el país no tiene distribuida de manera equitativa. “Por eso, la pregunta no puede ser quién manda en salud mental sino cómo se sostiene una red capaz de llegar al territorio”, remarcó el especialista.
En este escenario, Trujillo planteó que la discusión real debe ser otra: “qué dispositivos existen antes de que todo estalle, qué equipos sostienen una crisis, qué recursos tienen las provincias, qué responsabilidad asume el Estado nacional y qué lugar se les da a las familias sin utilizarlas como argumento emocional para justificar retrocesos”.
La Nación deja de financiar la Salud Mental
Lo que muy pocos dicen acerca del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental es que, de aprobarse, la Nación dejará de ser parte responsable presupuestariamente para delegar absolutamente todo a las provincias.
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 estableció que el financiamiento debe provenir principalmente del Estado nacional, a través de partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud, así como de los presupuestos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ley exige además que el presupuesto asignado a salud mental alcance al menos el 10% del presupuesto total de salud. “Desde su implementación, en 2010, la nación nunca cumplió más del 1 ó 2% del presupuesto de Salud para Salud Mental”, indicó Trujillo.
El proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo a la Ley de Salud Mental propone eliminar el compromiso financiero explícito del Gobierno nacional hacia las provincias y relega el compromiso a una simple “cooperación” de alcance indeterminado.
Para Trujillo, “tenemos que hacer entender a los legisladores de las provincias que lo que votarán no es ‘psiquiatras contra psicólogos’ sino que el avance de esto implicará que las provincias tengan que poner más dinero, que tendrán que velar por esas personas que quedarán en situación de abandono si tan pocos psiquiatras podrán firmar una internación. Estos son los pequeños detalles que en realidad son grandes detalles”.
Internaciones desbordadas
En la segunda sesión de debate de la reforma de la ley de Salud Mental, una madre dijo en el Senado “el Estado llega tarde”. Nadie puede refutar esa verdad.
Para Trujillo, “esta frase nos invita a seguir trabajando, no en una modificación ad hoc, sino en una modificación o una ampliación seria”.
Tras 16 años de implementación de la ley con incumplimiento de la asignación presupuestaria “no se pudieron abrir nuevos y acordes dispositivos territoriales, las internaciones están saturadas y tampoco se fortaleció el tratamiento ambulatorio como la ley preveía para poder menguar la apertura de manicomios. También hay que tener en cuenta que los profesionales, ante esta situación, ante este embudo, están más cansados. También hay nuevas patologías y recrudecimientos de patologías como las adicciones, las ludopatías, las adicciones a las tecnologías. Son muchas cosas que nos señalan la necesidad de aggiornar la ley a las nuevas presentaciones de malestar subjetivo pero no hacer un retroceso a pensar que solamente con la firma del psiquiatra, o que cada provincia puede financiar su salud mentar en forma total”, enfatizó.
“Pantallazo” de la noticia
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