El Gobierno nacional transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) luego de una resolución judicial que obligó a garantizar el funcionamiento del organismo encargado de realizar estudios genéticos clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura militar.
La medida fue adoptada tras una cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien había ordenado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, implementar de manera urgente las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para evitar la paralización del organismo.
El conflicto se originó por la preocupación expresada por fiscales especializados y organismos de derechos humanos ante el riesgo de interrupción de pericias genéticas esenciales para la identificación de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado.
Luego de que el Ejecutivo concretara la transferencia de fondos, Ramos Padilla resolvió suspender la cautelar al considerar que, al menos en esta etapa, la situación de urgencia quedó parcialmente superada.
“La finalidad preventiva perseguida mediante la tutela cautelar interina aparece satisfecha a partir de las medidas administrativas y presupuestarias posteriormente adoptadas”, sostuvo el magistrado en su resolución.
El reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo
La medida judicial había sido impulsada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UNIFICANTE).
A la presentación se sumó como querellante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, manifestó su preocupación por el “carácter irremplazable” de las muestras biológicas y genéticas preservadas por el organismo.
El Banco Nacional de Datos Genéticos cumple un rol central en la comparación de perfiles de ADN entre posibles nietos apropiados y familias que buscan recuperar su identidad.
Riesgo de paralización
Según la denuncia presentada ante la Justicia, el presupuesto asignado al organismo para 2026 representaba apenas el 55,96% de los fondos necesarios para cubrir gastos operativos, mantenimiento y servicios básicos.
La directora del banco había advertido que la falta de financiamiento ponía en riesgo tareas esenciales como vigilancia, limpieza, mantenimiento edilicio y tratamiento de residuos patógenos.
En ese contexto, Ramos Padilla remarcó que el BNDG “reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
Además, señaló que una eventual demora o paralización de las pericias genéticas “compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino” en materia de derechos humanos y reparación del derecho a la identidad.
Un organismo clave para las causas de lesa humanidad
En su resolución, el magistrado también recordó que la investigación de crímenes de lesa humanidad y la restitución de identidad de niños apropiados constituyen responsabilidades ineludibles del Estado.
“Cualquier asunto que se vincule con el adecuado servicio de justicia, mucho más cuando éste puede verse comprometido en áreas claves como la investigación de crímenes de lesa humanidad o la reparación del derecho a la identidad, es competencia ineludible del Poder Ejecutivo”, sostuvo.
La causa recayó sobre la órbita de Manuel Adorni debido a que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos dependen actualmente de la Jefatura de Gabinete.
Fuente: 26 Noticias
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