Un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) encendió nuevas alarmas sobre la situación del complejo yerbatero y advirtió que los productores atraviesan “el peor momento” de los últimos años en relación con el precio que reciben por la hoja verde frente al valor final en góndola.
El trabajo, publicado este martes bajo el título “Análisis sobre la evolución reciente del complejo yerbatero: datos a marzo 2026”, sostiene que la desregulación impulsada por el Gobierno nacional profundizó la crisis de rentabilidad de pequeños productores, favoreció la concentración empresaria y generó un escenario de creciente incertidumbre en toda la cadena productiva.
Según el informe, en marzo de 2026 el precio máximo pagado al productor fue de 220 pesos por kilogramo de hoja verde, un valor 27,9% inferior al registrado en mayo de 2025. Mientras tanto, el kilo de yerba en góndola rondó los 5.024 pesos.
De acuerdo al análisis de CEPA, eso implica que el productor apenas logra captar el 13,1% del precio final de venta, mientras que el promedio del primer trimestre de 2026 representó “el peor momento desde 2019” en la relación entre lo percibido en origen y el valor comercial.
El documento remarca además que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) había estimado en octubre de 2025 que producir un kilogramo de hoja verde demandaba al menos 424 pesos, sin contemplar impuestos ni rentabilidad.
“Con el último precio máximo alcanzado en marzo de 2026, la pérdida que tienen los productores es de mínima de 204 pesos por kilo”, señaló el informe.
A eso se suma, según CEPA, un sistema de pagos cada vez más extendido en el tiempo. El estudio sostiene que los productores cobran solo la mitad de lo entregado al momento de la venta y el resto mediante cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días, en un contexto marcado además por el incremento de cheques rechazados.
El informe también apuntó contra las modificaciones impulsadas por el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que eliminó facultades regulatorias del INYM vinculadas a la fijación de precios y al equilibrio de la oferta.
Para CEPA, la falta de intervención estatal permitió que las grandes industrias aumentaran su poder de negociación y profundizaran la concentración del mercado.
Según datos citados en el documento, los diez principales operadores concentran el 74% de la producción industrial y las tres firmas líderes explican el 46% del mercado.
“El eslabón intermedio consolida su posición a costa del productor primario”, afirmó el trabajo.
El estudio también analizó el comportamiento del consumo, la producción y el comercio exterior. Durante 2025 se procesaron 889,3 millones de kilogramos de hoja verde, una caída de 9,9% respecto de 2024, aunque todavía por encima de los niveles de 2021.
En el primer trimestre de 2026 se registró una recuperación interanual de 24,3%, aunque el volumen todavía quedó muy por debajo del pico alcanzado durante 2024.
En cuanto al consumo interno, CEPA señaló que entre enero y marzo de 2026 cayó 2,1% interanual, mientras que las exportaciones crecieron 3,4% en comparación con el mismo período del año pasado.
El documento destacó que Siria continúa siendo el principal destino de las exportaciones argentinas de yerba mate, seguido por Chile, España y Estados Unidos.
Respecto de las importaciones, el informe indicó que durante el primer trimestre de 2026 ingresó principalmente yerba mate molida proveniente de Brasil y Paraguay. No obstante, CEPA aclaró que todavía no representan “un grave problema” para la actividad en comparación con la crisis de precios que afecta a los productores.
Otro de los puntos advertidos en el trabajo es el creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, fenómeno que ya no involucra solamente a tareferos sino también a albañiles, camioneros, mecánicos y trabajadores de distintos rubros.
“El riesgo de escasez de mano de obra en próximas cosechas comienza a aparecer como una amenaza adicional para la sustentabilidad del sector”, alertó el informe.
Finalmente, CEPA cuestionó el reciente recorte presupuestario al Programa de Impulso al Desarrollo de las Economías Regionales (IDER), dispuesto por Nación mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
Según el análisis, la reducción de 1.705 millones de pesos en ese fondo elimina una de las principales herramientas de financiamiento disponibles para pequeños productores y cooperativas en un contexto de fuerte fragilidad económica.
Discussion about this post