El escenario judicial para la Argentina en el exterior sumó un nuevo foco de conflicto. Titan Consortium, titular de un fallo favorable por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, incrementó sus acciones en los tribunales estadounidenses con el objetivo de retener bienes nacionales. La cifra en disputa asciende a los US$390,9 millones, un monto que la administración pública omitió cancelar pese a la vigencia del dictamen judicial en el distrito de Columbia.
La estrategia del fondo se apoya en un laudo previo del CIADI, organismo vinculado al Banco Mundial. Si bien los arbitrajes de dicha entidad requieren una validación extra para su ejecución, Titan logró que la justicia ordinaria de Estados Unidos reconociera la sentencia. De acuerdo con el análisis de Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors, el país acumula 16 meses de incumplimiento, situación que impulsó a los demandantes a solicitar prioridad frente a otros acreedores que también disputan fondos remanentes.
El principal objetivo de los embargos reside en el colateral de los antiguos bonos Brady, activos depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Esta maniobra interfiere directamente con los planes del Poder Ejecutivo, que pretendía utilizar esos mismos recursos para saldar deudas con otros grupos, como Attestor y Bainbridge. La superposición de reclamos genera un cuello de botella legal, dado que los fondos disponibles resultan insuficientes para satisfacer la totalidad de las demandas existentes contra el Estado.
La cronología del caso muestra un endurecimiento en la postura de los litigantes. Aunque a fines de 2024 existieron negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo de pago y evitar mayores complicaciones, el cambio de estrategia en la defensa jurídica del país paralizó el desembolso. Ante la falta de cumplimiento de los términos pactados, la firma demandante reactivó los protocolos de ejecución forzosa, buscando cualquier activo soberano que califique legalmente para ser incautado.
La resolución de este conflicto queda ahora supeditada a la decisión de los tribunales de Washington y Nueva York. Mientras el oficialismo busca apoyo legislativo para priorizar otros pagos, la ofensiva de Titan Consortium reabre el debate sobre la vulnerabilidad de los activos externos frente a sentencias firmes. El desenlace de esta puja determinará no solo el futuro de los fondos de garantía en custodia estadounidense, sino también el nivel de presión financiera que enfrentará el país en el corto plazo
