El sector de expendio de combustibles se encamina hacia un nuevo frente de conflicto con el Estado nacional tras la reciente Resolución General 5835/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La medida, que introduce mayores exigencias operativas y fiscales sobre las estaciones de servicio, generó una inmediata reacción entre los empresarios, quienes ya evalúan avanzar con una presentación judicial para frenar su aplicación. La información fue dada a conocer por el portal especializado Surtidores, que recogió las principales voces del sector.
De acuerdo a lo publicado por Surtidores, el presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Juan Carlos Basilico, confirmó que la entidad analiza recurrir a la Justicia luego de un estudio legal interno que encendió alertas sobre la constitucionalidad de la normativa. La resolución obliga a realizar ensayos en cada recepción de combustibles y suma nuevas tareas vinculadas al control del destino de productos exentos de impuestos, lo que en la práctica amplía el rol de los operadores.
El planteo de fondo apunta a que las estaciones dejarían de cumplir exclusivamente una función comercial para asumir responsabilidades cercanas a la fiscalización. En ese sentido, el asesor letrado de la federación, Fabián Tobalo, sostuvo que la disposición configura una “inapropiada delegación del poder de policía tributaria”, al imponer obligaciones activas sin el respaldo de una ley formal que las habilite.
Según detalló el especialista, la medida podría vulnerar principios constitucionales. Advirtió que se vería afectado el artículo 17 al trasladar costos y responsabilidades adicionales sin sustento legal, y también el artículo 18, al comprometer garantías vinculadas al debido proceso. “El organismo recaudador no puede transferir a los privados funciones que le son propias”, afirmó, en declaraciones reproducidas por Surtidores.
La discusión no se limita al plano jurídico. Desde el sector también remarcan el impacto operativo que implicaría la aplicación de la resolución. Basilico señaló que las nuevas exigencias no solo incrementan la carga administrativa, sino que además introducen riesgos concretos en la dinámica diaria de las estaciones. “Esto no solo genera más carga administrativa, sino que también introduce riesgos concretos para la operatoria diaria. Los ensayos en cada recepción, sumados a nuevas exigencias de control, pueden derivar en demoras, mayores costos y exposición a sanciones por cuestiones que no dependen exclusivamente del estacionero”, sostuvo.
El dirigente fue aún más allá al anticipar el camino que podría tomar el conflicto. “Vamos a ir a la Justicia porque entendemos que esta resolución excede las facultades del organismo. Nos están colocando en un rol que no corresponde, transfiriendo responsabilidades que son indelegables del Estado”, remarcó.
fuente: surtidores.com.ar
