La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió dar de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., en una decisión que marca el cierre administrativo de un proceso iniciado en 2025 tras la detección de irregularidades críticas en la producción de medicamentos.
La Disposición 1848/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece la cancelación de los legajos de ambas firmas, que ya se encontraban inhibidas para producir y con todos sus productos prohibidos para uso, distribución y comercialización desde el año pasado.
Según el organismo, la medida se apoya en antecedentes regulatorios, inspecciones y desvíos de calidad, además de elementos incorporados en una causa penal federal en trámite (FLP 17371/2025). Entre los puntos más relevantes, la ANMAT advirtió que las empresas no cuentan con director técnico responsable y que no presentaron planes para revertir las sanciones ni apelaron las disposiciones previas.
Fallas críticas y cierre administrativo
El conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando las autoridades sanitarias detectaron incumplimientos normativos y fallas en las buenas prácticas de fabricación, tanto en productos de HLB Pharma como en la planta de Laboratorios Ramallo. A partir de entonces, se dispuso la inhibición total de las actividades productivas.
Con la nueva resolución, el organismo avanza un paso más y formaliza la baja definitiva de las habilitaciones, lo que implica que ambas compañías quedan fuera del circuito legal de producción farmacéutica.
Productos bajo resguardo judicial
Pese a la cancelación de las habilitaciones, la ANMAT aclaró que los certificados de los productos no serán eliminados, sino que serán reinscriptos automáticamente al momento de su vencimiento, en cumplimiento de una orden judicial.
Esto responde a que dichos registros son considerados activos vinculados a la causa penal en curso, por lo que deben preservarse como parte de la investigación.
La medida será comunicada a todas las autoridades sanitarias del país, incluyendo las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Medicamentos.
El caso pone el foco en los controles sobre la industria farmacéutica y en la capacidad del Estado para actuar ante riesgos potenciales para la salud pública, en un sector altamente sensible.
