La decisión judicial que obliga al Gobierno nacional a aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario abrió una expectativa entre los docentes de las universidades públicas, aunque el escenario sigue cargado de incertidumbre. Así lo expresó Rubén Stasuk, secretario general de Adunam, quien sostuvo que la situación salarial del sector es cada vez más delicada y que en muchos casos ya se encuentra al borde de la indigencia.
En diálogo con FM de las Misiones, el dirigente sindical señaló que uno de los parámetros que utilizan para medir el deterioro del ingreso es el denominado “cargo testigo”, correspondiente a un ayudante semi. Según precisó, hoy ese haber supera apenas los 500 mil pesos, una cifra que, a su entender, expone con crudeza el retroceso acumulado desde fines de 2023.
“Ya no diríamos que estamos sobre la línea de la pobreza, sino prácticamente sobre la línea de la indigencia”, afirmó Stasuk, al describir el cuadro que atraviesan miles de trabajadores del sistema universitario en todo el país.
La resolución conocida este martes fue interpretada dentro del sector como un respaldo institucional al reclamo que vienen sosteniendo desde hace meses. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y ratificó la cautelar que ordena cumplir la ley sancionada por el Congreso, además de avanzar en la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Para Stasuk, la noticia genera una “esperanza” en medio de un panorama complejo, aunque evitó dar por hecho que el Ejecutivo acatará sin resistencia. “Queremos tener un pensamiento positivo y esperamos que realmente en esa línea actúe el gobierno”, expresó.
Sin embargo, el referente de Adunam también dejó en claro que existe desconfianza sobre lo que pueda suceder en los próximos días. “Seguramente, el gobierno buscará la forma de anular nuevamente esta medida que la justicia ordena”, advirtió, al tiempo que remarcó que esa posibilidad profundiza la preocupación dentro de las casas de estudio.
En ese contexto, explicó que la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 ronda entre el 47 y el 48 por ciento. A partir de ese cálculo, sostuvo que el reclamo no apunta a una ampliación extraordinaria de recursos, sino a una actualización acorde al proceso inflacionario atravesado en ese período.
“Lo que estamos diciendo es que la ley no está pidiendo un aumento de partidas presupuestarias, sino una actualización de partidas presupuestarias de acuerdo al nivel que teníamos en diciembre del 2023”, planteó.
El sindicalista remarcó que el problema no se reduce al bolsillo de la docencia, sino que alcanza al funcionamiento integral de las universidades. En ese sentido, advirtió que el desfasaje presupuestario afecta desde el sostenimiento de las actividades cotidianas hasta las políticas de acompañamiento estudiantil, el mantenimiento edilicio y la expansión de nuevas carreras.
“Tiene que ver con el funcionamiento de la universidad, con las políticas públicas que hay con respecto a los estudiantes, a través de distintos tipos de becas, y obviamente con el mantenimiento de los edificios”, detalló.
A la par, describió el desgaste cotidiano que viven muchos trabajadores del sector, obligados a restringir gastos para poder llegar a fin de mes. Según indicó, el ingreso se agota mucho antes de completar el calendario mensual y obliga a reorganizar permanentemente la economía familiar.
“El sueldo no alcanza para desempeñarse comúnmente con los gastos comunes que uno tiene hasta el fin de mes, sino que exige muchas restricciones”, resumió.
La tensión también se refleja en el plano gremial. Mientras continúan las jornadas de paro y las asambleas en distintas universidades del país, Stasuk reveló que ya hay 16 asociaciones docentes que impulsan la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si no aparecen respuestas concretas.
“Esto demuestra de alguna manera la situación crítica”, sostuvo, al explicar que el malestar ya no se limita a una discusión salarial puntual, sino que expresa una crisis más amplia en el sistema universitario nacional.
Por lo pronto, las medidas de fuerza continuarán al menos hasta este miércoles, cuando está prevista una evaluación del escenario para definir cómo seguirá el plan de lucha durante abril. Entre las alternativas que se analizan también aparece la posibilidad de convocar a una nueva marcha universitaria, una herramienta que, según recordó el dirigente, ya mostró capacidad de movilización y visibilización en los momentos más álgidos del conflicto.
“También estaba prevista la posibilidad de hacer una nueva marcha universitaria, dado que ese mecanismo hasta la fecha ha resultado muy eficaz”, concluyó.
