A horas del inicio pleno de la zafra gruesa,se conoció que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) rechazó la posibilidad de emitir un precio de referencia para la hoja verde y la yerba canchada, una herramienta que había sido impulsada desde Misiones para aportar previsibilidad al mercado y transparentar costos en el arranque de la cosecha 2026.
La decisión, confirmada a PRIMERA EDICIÓN por fuentes del INYM, representa un nuevo revés para el sector productivo en un contexto de creciente incertidumbre, luego de que el organismo perdiera facultades para fijar valores oficiales y quedara reducido a un rol cada vez más limitado dentro de la cadena yerbatera.
La propuesta había sido presentada a mediados de febrero y buscaba que el Instituto pusiera a disposición de los distintos actores de la actividad una referencia técnica e institucional sobre el valor de la materia prima, tanto para la hoja verde como para la canchada, con el objetivo de ofrecer un parámetro en la previa de la zafra. La idea no apuntaba a restablecer un precio obligatorio, sino a generar un valor orientativo que permitiera transparentar costos y dar una señal en un mercado caracterizado por fuertes asimetrías entre productores e industria.
Sin embargo, el planteo fue descartado tras un dictamen emitido por el área legal del organismo el 11 de marzo, al que accedió en exclusiva este diario, en el que se concluyó que “no resultaría jurídicamente factible” que el Directorio del INYM emita un precio de ese tipo, “aun cuando el mismo sea presentado como ‘no vinculante’, ‘sugerido’ o ‘indicativo’”.
El argumento central del rechazo se apoyó en el Decreto 812/2025, que reformó el artículo 8 del Decreto 1240/2002 y estableció que el INYM “no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda”.
A ese encuadre se sumó la interpretación de que la difusión de un valor institucional también podría colisionar con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, al entender que un precio de referencia emitido por el organismo podría transformarse en una señal de comportamiento para el resto de los actores del mercado.
En ese sentido, el dictamen fue tajante al señalar que cualquier publicación o señalización por parte del INYM que, bajo la denominación de “precio”, “valor” o “valor referencial”, oriente la formación de precios de mercado, quedaría alcanzada por la prohibición expresa de la normativa vigente.
De acuerdo con fuentes del INYM, esa interpretación jurídica terminó inclinando la votación dentro del Directorio. La propuesta fue rechazada por una mayoría integrada por la presidencia del organismo, la representación de Corrientes, los sectores de la industria, secaderos y cooperativas.
En tanto, hubo abstenciones de parte de UATRE y Kevin Helmut Knott, uno de los representantes del sector productivo.
A favor votaron únicamente algunos directores ligados al eslabón primario y a la representación misionera. La resolución dejó al descubierto una tensión de fondo que atraviesa al Instituto desde la desregulación impulsada por Nación. Ya no se discute sólo si el INYM puede fijar precios, algo que quedó desactivado por las reformas nacionales, sino también si tiene margen para ofrecer siquiera una referencia pública en un mercado históricamente desigual.
De hecho, en el origen del pedido se menciona que el mercado yerbatero presenta características de oligopsonio, es decir, una estructura con pocos compradores en condiciones de condicionar el valor que se paga a miles de productores. Aun así, el dictamen sostuvo que justamente por esa configuración una referencia institucional podría tener efectos distorsivos.El documento también descartó la comparación con otros sectores agropecuarios, como los granos o la hacienda, donde existen pizarras o valores de referencia. Según el análisis, en esos casos los precios surgen de operaciones ya realizadas entre privados y no de una señal emitida por una autoridad pública o un organismo mixto.
