La abogada argentina Agostina Páez, imputada por injuria racial en Brasil, podrá regresar al país luego de la audiencia realizada este martes en Río de Janeiro, donde la Justicia resolvió que no quedará detenida y deberá cumplir tareas comunitarias como parte del proceso.
El debate se desarrolló durante la tarde en el Tribunal Penal N°37 y se extendió por casi cuatro horas. En ese marco, declararon empleados del bar donde ocurrió el episodio y luego expusieron tanto la fiscalía como la defensa, que solicitó que la causa continúe en territorio argentino.
Al salir de la audiencia, la joven manifestó su alivio, aunque reconoció que la situación aún la afecta. “Me siento aliviada, pero mientras esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó ante los medios presentes.
Durante la jornada, el acceso a la sala fue restringido y sólo permanecieron la acusada, su abogada Carla Junqueira, representantes de la querella, la fiscalía y el vicecónsul argentino. Incluso familiares y periodistas fueron retirados del lugar mientras avanzaba la exposición de las partes.
El caso generó fuerte repercusión desde el inicio, cuando Páez fue grabada realizando gestos racistas a la salida de un bar en Río de Janeiro. A partir de la denuncia de trabajadores del local, la Justicia ordenó su detención e inició una causa por tres hechos de injuria racial, delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio.
En la previa del juicio, la abogada había expresado temor ante una posible condena efectiva. “Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, dijo en una entrevista, donde también aseguró haber recibido amenazas y temer por su integridad.
Respecto de la acusación, sostuvo que los registros de cámaras no reflejan lo denunciado. “Con lo que se ve en las cámaras de seguridad del lugar, se ve que no existió lo que ellos dicen”, afirmó, aunque reconoció que su reacción fue inapropiada y pidió disculpas públicas.
El sistema judicial brasileño permite concentrar gran parte del proceso en una sola audiencia, donde el juez puede definir la situación del imputado o disponer la continuidad del expediente. En este caso, la resolución evitó una condena de cumplimiento efectivo, aunque el proceso no quedó completamente cerrado.
