El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos si el Congreso no aprueba de inmediato el financiamiento para la seguridad aeroportuaria, en medio del prolongado cierre parcial del gobierno.
La advertencia, lanzada a través de redes sociales, se da en un contexto de fuerte enfrentamiento con los demócratas, que bloquean partidas presupuestarias vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional. Trump planteó un ultimátum: si no hay acuerdo, los agentes del ICE asumirán tareas de control en las terminales aéreas.
El anuncio ocurre mientras el sistema aeroportuario ya muestra señales de tensión. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA), encargada de los controles, atraviesa una crisis operativa: miles de empleados no cobran sus salarios completos, aumentó el ausentismo y se multiplican las renuncias, lo que genera demoras y fallas en el servicio.
Según datos oficiales, más del 10% de los agentes de la TSA se reportaron enfermos en los últimos días, mientras que cientos de trabajadores dejaron sus puestos desde el inicio del cierre gubernamental.
Polémica por el rol del ICE
La posible intervención del ICE encendió alarmas políticas e institucionales. El organismo, clave en la política migratoria de Trump, no está capacitado para tareas de seguridad aeroportuaria, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad y los riesgos de la medida.
Dirigentes demócratas acusaron al presidente de intentar utilizar la crisis para avanzar con su agenda migratoria. Incluso advirtieron que la presencia de agentes migratorios en aeropuertos podría implicar un uso indebido de fuerzas federales en espacios civiles.
El debate también se vincula con antecedentes recientes, en los que el ICE fue cuestionado por operativos agresivos y por su creciente presencia en distintos ámbitos del territorio estadounidense.
Un conflicto que escala
La crisis se da en el marco de un cierre parcial del gobierno que ya lleva más de un mes y que afecta áreas sensibles del Estado. La falta de financiamiento no solo impacta en los trabajadores, sino también en el funcionamiento de servicios esenciales.
Mientras tanto, el Congreso continúa sin alcanzar un acuerdo. Los demócratas exigen reformas en el sistema de seguridad y limitaciones al accionar del ICE, mientras que el oficialismo sostiene que las medidas son necesarias para reforzar la seguridad nacional.
En ese escenario, la amenaza de Trump suma un nuevo elemento de presión en un conflicto que ya trascendió lo presupuestario y se convirtió en una disputa política de fondo.
Fuente: Medios Digitales
