En el límite difuso de un tramo de la ruta 12, en proximidad del bypass donde termina Posadas y comienza Garupá, los residentes del barrio Don Pedro atraviesan una crisis de seguridad y servicios que alteró por completo su calidad de vida y los obligó a manifestarse para reclamar atención urgente en una zona del departamento Capital que quedó en la “frontera de nadie”, aseguraron a PRIMERA EDICIÓN.
“Estamos en un abandono total; los caños de hormigón gigantes que eran para las cunetas son ahora cuevas y ahí se esconden los delincuentes que roban a los chicos o a la gente grande que vuelve de la escuela o de trabajar”, comenzó a relatar Laura Ortigoza, ex integrante de la comisión vecinal, quien encabezó la “pueblada vecinal”.
Lo que alguna vez fue una zona de tranquilidad y buenos accesos, Ortigoza la describió como “un territorio de desidia total”.
“Convivimos con atracos a plena luz del día, la falta de mantenimiento de las arterias principales y un conflicto de jurisdicción policial que nos deja a cientos de familias a la deriva”, prosiguió la mujer con preocupación.
A su alrededor, otras personas del barrio, que también padecieron robos se apiñan para dar su testimonio. La problemática central que le quita el sueño a los habitantes es la inseguridad vinculada a la ocupación de un antiguo predio oficial que pertenecía a la AFIP.
Iris Torres, otra vecina del sector, relató con precisión el origen del conflicto.
“La verdad que acá el mayor problema que tenemos en estas últimas semanas es con los chicos que están viviendo en las ruinas de lo que antes era el depósito de la AFIP que se incendió. Serán más o menos, yo calculo que entre 15 y 20 muchachos que están por ahí haciendo ‘campamento’. Andan todo el día revolviendo los contenedores, tiran la basura, sacan todo lo que hay ahí. Dan vuelta por las calles golpeándote la mano, vendiendo algo, pero creemos que la intención es merodear a quién robar, porque desde que están ahí alguien del barrio denuncia sí o sí que le entraron a la casa”, sostuvo.
Para la gente del lugar esta situación no es un hecho aislado nocturno, sino una constante que afecta la rutina laboral de los vecinos. La modalidad de “vendedores ambulantes” se convirtió, según otros testimonios, en una pantalla para espiar viviendas.
“Se hacen amigos de los perros, le tiran pancito, le tiran algo de comida. Los ves toda la noche trajinando y dando vueltas por las calles”, añadió Samanta Bidegain a su turno tras describir la vigilancia previa a los ataques.
“Puerta giratoria”
Marita Peralta, quien sufrió un reciente atraco de materiales de construcción que se encontraban en el patio de su vivienda, explicó la gravedad de la situación.
“Dejar tu casa para ir a trabajar ya es un problema para nosotros, porque los robos se están dando a cualquier hora. Hay vecinos que han sido robados a la mañana, que es mi caso, a las nueve de la mañana. Yo tengo perros grandes, pero inexplicablemente cómo pudieron llevarse las cosas”, lamentó.
“Ahí fue que descubrimos que hay gente que entra y sale por acá, por el terreno de la AFIP. Hay gente que está viviendo ahí entran al predio, van y vienen, se cambian de ropa y siguen robando. Ellos pasan mangueando las casas y donde ven que hay poco movimiento golpean, preguntan”, añadió.
Esta “puerta giratoria” física en el predio de la AFIP permite que los sospechosos se oculten inmediatamente después de cometer los ilícitos, volviendo casi nula la tarea de denunciar porque no se llega a ninguna detención o al hallazgo de las pertenencias.
A la delincuencia se le suma una deficiencia estructural que facilita el accionar de los atracos: la falta de infraestructura básica y el descuido del entorno urbano en donde se encuentra el predio abandonado. Aunque la delegación municipal colabora con tareas menores como el desmalezamiento, las obras barriales de fondo están paralizadas hace años.
Sensación de desamparo
Para ellos, la paradoja del barrio Don Pedro radica en su ubicación geográfica. Al estar situados en la “frontera” entre dos municipios vecinos, los vecinos denuncian que las fuerzas de seguridad evaden su responsabilidad de respuesta bajo excusas administrativas. Liliana Cantero expresó en pocas palabras la frustración general de la gente ante la burocracia policial.
“Hace poco nos robaron en el comercio hicimos la denuncia a las 7 de la mañana. El robo incluyó uno de los teléfonos de la empresa y sabíamos por dónde estaban los delincuentes porque tenía GPS. La policía llegó 12 horas después, es decir, a las 7 de la tarde. No sé si nos están jodiendo, nos dicen ‘no nos corresponde la jurisdicición’ pero cuando necesitan llegan con 20.000 promesas que nunca la cumplen”.
Matías Silke, integrante de una institución educativa y religiosa local, detalló los daños materiales sufridos: “Desde fines del año pasado somos blanco blanco de varios hechos de entraderas. Forzaron rejas, rompieron paredes, rompieron candados. Nos han robado herramientas de trabajo y hasta de un baño han sacado piletas. Es algo que no son hechos aislados”.
Silke vinculó directamente la inseguridad con el estado de los caminos y la falta de terminación del proyecto de entubado.
“Todo va de la mano. Acá en el barrio nunca se terminó el proyecto de entubado, de desagüe. Eso hace que la calle esté en mal estado, falta de iluminación. Los días de lluvia a veces queda intransitable este lugar y es la única calle de salida para todos los que somos del barrio. Nosotros somos turno noche, tenemos una Tecnicatura en Teología y se dificulta a la noche para que los estudiantes salgan o ingresen por el camino, principalmente por la seguridad”.
También un drama ambiental
Durante la recorrida de este Diario para documentar el estado del barrio y escuchar a los vecinos, la ex integrante de la comisión vecinal, Laura Ortigoza, también describió un panorama desolador respecto a la cuestión ambiental que genera alarma sanitaria.
La falta de un sistema de desagüe eficiente y la desaprensión de empresas de los alrededores convirtieron las cunetas en receptores de aceites de automóvil usados y residuos peligrosos para la salud humana y animal.
Según Ortigoza, “sin ir más lejos una empresa de aquí cerca tiraba el aceite de los servicios hechos a los colectivos. Cuando tiraban el aceite, esto se contaminaba. Esta agua va a un lago y va después al Zaimán donde están los animales. Llenan de aceite nuestras cunetas que quedaba estancadas y forman como una especie de agua oleosa verde, finalizó con evidente enojo.
Alumbrado público a medias
La orfandad institucional obligó a los vecinos a tomar medidas por cuenta propia para mitigar la oscuridad en las calles, factor clave para el anonimato de los ladrones. Iris Torres comenta que, si bien la delegación ayuda en la instalación, el costo financiero corre por cuenta de los propietarios.
“Movilidad Urbana del municipio de Posadas nos dijo que no estaba en condiciones de proveernos de los focos del alumbrado público, pero sí nos dieron una mano para que los podamos colocar. Así que para volver a iluminar las calles del barrio, nos organizamos para que se juntaran entre dos o tres vecinos, reunir el dinero y luego alguien se encargaba de comprar los focos. Duró poco y nada, los rompen a cada rato para dejar a oscuras el barrio”.
Por su parte, las instituciones educativas y religiosas del barrio también se ven damnificadas por la ola de violencia que no distingue entre viviendas particulares y centros comunitarios.
