El Gobierno nacional actualizó el marco regulatorio para los organismos genéticamente modificados (OGM) en el ámbito agroindustrial mediante dos resoluciones publicadas este viernes en el Boletín Oficial, que introducen nuevos procedimientos técnicos para su evaluación y refuerzan el análisis de su impacto en la comercialización internacional.
Las medidas fueron dispuestas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a través de las resoluciones 24/2026 y 25/2026, ambas firmadas por el secretario Sergio Iraeta. Las normas se inscriben dentro del nuevo esquema regulatorio definido por la Resolución 255/2026, que actualiza las reglas para el desarrollo y autorización de productos biotecnológicos en el país.
En términos generales, las disposiciones buscan adaptar la regulación argentina a los avances de la biotecnología moderna y a las nuevas técnicas de mejoramiento genético, al tiempo que incorporan un análisis específico sobre los posibles efectos comerciales de estos desarrollos en los mercados internacionales.
Nuevo procedimiento para determinar si un organismo es OGM
La Resolución 24/2026 establece un procedimiento de consulta para determinar si un organismo obtenido mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) u otras herramientas de biotecnología moderna debe ser considerado un organismo genéticamente modificado y, por lo tanto, quedar alcanzado por la normativa vigente para estos productos.
El mecanismo permitirá que los desarrolladores presenten información técnica para que las autoridades determinen si el organismo entra dentro de la categoría de OGM o si queda fuera de ese régimen regulatorio.
Para ese proceso se aprobaron formularios específicos para distintos tipos de organismos —animales, microorganismos y vegetales— y se estableció que toda la documentación presentada tendrá carácter reservado durante la evaluación.
La medida también deroga la Resolución 21/2021, que hasta ahora regulaba el procedimiento para determinar la condición de OGM de organismos obtenidos mediante técnicas de mejoramiento genético.
Evaluación del impacto comercial antes de autorizar OGM
Por su parte, la Resolución 25/2026 reglamenta cómo se analizarán los impactos en la comercialización internacional que podrían derivarse de la autorización de organismos genéticamente modificados de uso agroindustrial.
Hasta ahora ese análisis se enfocaba principalmente en los organismos vegetales, pero el nuevo esquema extiende la evaluación a todos los OGM, incluidos aquellos desarrollados en animales y microorganismos.
El análisis estará a cargo de la Dirección de Políticas de Mercados de la Secretaría de Agricultura, que deberá emitir un dictamen técnico sobre los posibles efectos en el comercio exterior antes de avanzar con la autorización comercial.
Según los lineamientos establecidos en el anexo de la resolución, las empresas o instituciones que soliciten la evaluación deberán presentar información detallada sobre el organismo desarrollado, los genes incorporados y los productos derivados de su uso, así como datos sobre la situación regulatoria del evento en los principales mercados internacionales y los posibles riesgos comerciales para las exportaciones argentinas.
El análisis incluirá también proyecciones de producción, consumo y comercialización del organismo modificado, además de la identificación de posibles mecanismos para mitigar riesgos en el comercio internacional.
Evaluación técnica y plazos
El dictamen sobre el impacto comercial deberá emitirse en un plazo máximo de 30 días hábiles luego de que finalicen las evaluaciones previas vinculadas con la bioseguridad del organismo.
Entre esas instancias se encuentran los análisis técnicos realizados por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y la evaluación de aptitud alimentaria humana y animal del Senasa, cuando corresponda.
La norma aclara que el dictamen comercial no otorga automáticamente la autorización para comercializar el organismo, sino que constituye un elemento técnico dentro del proceso de decisión final.
Con estas medidas, el Gobierno busca modernizar el sistema de evaluación de organismos genéticamente modificados y reforzar el análisis preventivo de su impacto en los mercados internacionales, un aspecto clave para un país cuya economía agroindustrial depende en gran medida de las exportaciones.
