Posadas fue escenario de una nueva jornada de protesta encabezada por vecinos autoconvocados, quienes manifestaron su rechazo a los montos registrados en las últimas boletas de agua emitidas por la empresa Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA). La movilización, que tuvo como epicentro la intersección de las avenidas Tambor de Tacuarí y Corrientes, se dirigió hacia la sede central de la compañía para exigir una revisión inmediata de lo que consideran una “sobrefacturación” sistemática que afecta, tanto a barrios residenciales como a las zonas periféricas de la capital.
El reclamo surge a partir de un incremento desmedido en las tarifas que, según los denunciantes, no se corresponde con el consumo real de los hogares. Los manifestantes señalaron que la situación se volvió insostenible, especialmente tras un verano marcado por cortes de suministro y baja presión, factores que habrían agravado las fallas en el sistema de medición que posee la empresa prestataria.
Uno de los puntos centrales de la protesta radica en una falla técnica que los usuarios consideran el origen del problema: el ingreso de aire en las cañerías. Al respecto, el abogado Horacio Enrique Koncke, quien representa a damnificados del barrio Itaembé Guazú y de otros sectores de la periferia, dialogó con la FM 89.3 Santa María de las Misiones y explicó que “la falta de mantenimiento adecuado en la infraestructura de la red provoca que el sistema succione aire y, al momento de restablecerse la presión o durante el flujo normal, este aire circula por los medidores domésticos a gran velocidad”.
Según detalló el letrado, el aire hace girar las turbinas de los medidores “como si fueran ventiladores”, lo que genera registros de metros cúbicos inexistentes que luego son facturados como agua consumida. Koncke enfatizó que “la empresa no reconoce este problema durante las inspecciones de rutina, alegando que los aparatos funcionan correctamente, omitiendo que lo que están midiendo no es el líquido vital sino el flujo de aire atrapado en la red”.
Admisión oficial y falta de soluciones
El conflicto llegó recientemente al ámbito del Concejo Deliberante de Posadas, donde se llevó a cabo una reunión con la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En dicho encuentro participaron la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC), Soledad Balán, el director de Prestaciones, Maximiliano Toresani, y el director de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda. Durante el cónclave, las autoridades del ente regulador admitieron que “se detectaron casos específicos donde el aire en las cañerías aumentó el total de las facturas de manera injustificada”.
A pesar de este reconocimiento oficial, los vecinos y su representación legal manifestaron su disconformidad con los resultados de la reunión. Koncke señaló que, “si bien el EPRAC aceptó la existencia del inconveniente, lo calificaron como un problema individual y no generalizado”. Asimismo, el abogado denunció “la ausencia de directivos o ingenieros de Samsa en la mesa de diálogo, lo que impidió obtener explicaciones técnicas sobre por qué ocurre este fenómeno y cuáles son las obras de inversión necesarias para evitarlo”.
El reclamo de vecinos
En el marco de la marcha, los testimonios de los usuarios reflejaron la gravedad de la crisis. Sergio Soldan, vecino de Posadas y uno de los representantes del reclamo, también dialogó con este medio y sostuvo que “el problema es generalizado en todas las zonas donde la prestataria brinda el servicio”. En ese sentido, enfatizó que “existe una profunda sensación de desprotección, ya que los funcionarios públicos que deben controlar a la empresa parecen actuar como oficinas anexas de la compañía en lugar de defender a las familias que no pueden pagar sus facturas”.
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Ante ello, el vecino explicó que, en su caso particular, “la molestia surgió al notar consumos que no se condicen con la realidad de su hogar, compuesto por dos adultos y una bebé”. Soldan remarcó que, “más allá del monto total, lo que indigna a la comunidad es que se les adjudique un consumo que no tienen y que, ante la falta de presión o cortes programados, ni la empresa ni el EPRAC brinden respuestas claras”. Para Soldan, “esta movilización representa el ejercicio del derecho ciudadano de hacer notar lo que funciona mal, especialmente cuando las entidades de control no cumplen con su deber”.
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Acciones administrativas y jurídicas
El representante legal de los vecinos adelantó que presentará una denuncia formal ante el EPRAC para exigir información técnica precisa sobre la presión de la red y el funcionamiento del sistema. Teniendo en cuenta esto, Koncke cuestionó duramente la forma en que se tramitan los reclamos, señalando que, “a pesar de que la ley prevé refacturaciones automáticas cuando existen diferencias abismales entre una boleta y otra, la empresa y el ente regulador suelen omitir estas inspecciones o responsabilizar al usuario alegando pérdidas internas inexistentes”.
La manifestación de este miércoles es considerada por los autoconvocados como “el inicio de un reclamo que podría escalar a la instancia judicial si no se obtienen respuestas técnicas inmediatas”. Los vecinos advirtieron que “evaluarán la continuidad de las medidas de fuerza, buscando que se garantice el acceso al agua como un derecho fundamental y no como un negocio financiero que penaliza al usuario por las propias fallas de la red de distribución”.
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