El debate por la reforma laboral también alcanzó al sector agrario y desde el sindicato que nuclea a los trabajadores rurales en Misiones advierten que las modificaciones previstas podrían agravar la situación de miles de empleados temporarios vinculados a las economías regionales.
En diálogo con FM de las Misiones, el subdelegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores en la provincia, Carmelo Rojas, analizó el alcance de la normativa y señaló que los cambios tendrían consecuencias directas en el empleo rural, particularmente en actividades vinculadas a las cosechas.
El dirigente explicó que en muchas producciones del país la mayor parte de la mano de obra se desempeña bajo la modalidad de trabajadores permanentes discontinuos, es decir, empleados que se incorporan durante los períodos de zafra. Según indicó, en algunas economías regionales entre el 80 y el 90 por ciento de la actividad se desarrolla con ese tipo de contratación.
En ese contexto, sostuvo que la extensión del período de prueba contemplada en la reforma generaría una situación de inestabilidad prolongada para los trabajadores. “El perjuicio que le ocasiona al trabajador es que va a estar prácticamente de prueba en prueba, sin adquirir antigüedad, sin tener derecho a indemnización. Es terrible lo que le va a pasar”, afirmó.
Rojas consideró que la medida no contempla las particularidades del empleo rural y cuestionó que las decisiones se adopten sin analizar la realidad de las economías regionales. A su entender, el esquema propuesto pone en discusión principios básicos del derecho laboral vinculados a la estabilidad y a la protección frente al despido.
Durante la entrevista también se refirió al sistema conocido como “banco de horas”, que permitiría reorganizar la jornada laboral según las necesidades del empleador. El representante sindical sostuvo que esa modalidad afectaría la vida cotidiana de los trabajadores al modificar los horarios de manera variable.
“Hoy trabajás doce horas y mañana venís dos o tres horas, le saca totalmente la libertad al trabajador de organizarse su vida, su horario de descanso, incluso el vínculo familiar”, expresó.
Otro punto cuestionado por el dirigente fue la reducción de aportes vinculados al financiamiento del fondo de asistencia laboral. Según explicó, la disminución de ese porcentaje impactaría en los recursos destinados a las obras sociales del sector.
En ese sentido, planteó que el cambio implicaría restar financiamiento al sistema sanitario que atiende a los trabajadores rurales y sus familias. “Le saca el 1% a las obras sociales, que ya de por sí están mal, y con eso se pretende financiar el fondo de asistencia laboral”, indicó.
Rojas también manifestó preocupación por la posibilidad de acuerdos individuales entre empresas y trabajadores. En su visión, esa herramienta podría debilitar la negociación colectiva impulsada por los sindicatos y abrir la puerta a condiciones laborales menos favorables.
“Ante la falta de trabajo y la incertidumbre alimentaria de su familia, el trabajador se somete a las condiciones que le imponga el empleador”, advirtió.
El referente sindical añadió que esa modalidad podría incluso prevalecer sobre convenios colectivos ya vigentes, lo que a su criterio dejaría a los empleados en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las empresas.
Durante la conversación también abordó la problemática del trabajo infantil en el ámbito rural, una situación que históricamente generó preocupación en actividades como la cosecha de yerba mate. Rojas sostuvo que la eliminación de sanciones económicas para empleadores que incumplan normas laborales podría agravar ese escenario.
“Si no hay multa, ¿qué condiciones le espera al trabajador?”, planteó, al advertir que la falta de controles podría facilitar situaciones de explotación laboral o contratación irregular.
El dirigente recordó que en períodos de crisis económica, como los registrados a comienzos de la década del 2000, la necesidad de subsistencia llevó a que muchas familias se incorporaran de manera completa a las tareas rurales, incluyendo a menores de edad.
Para Rojas, la reforma laboral consolida un esquema que beneficia a los sectores empresariales mientras reduce garantías para los trabajadores. Según su análisis, las medidas se inscriben en un contexto más amplio de flexibilización que impacta sobre las condiciones de empleo.
“Tenemos la libertad de mercado, la libre exportación, la baja de impuestos para los grandes poderes económicos, muy contrario a lo que es para el trabajador”, sostuvo.
