El Gobierno oficializó la implementación del Registro Nacional de Infractores (RENAI), una base de datos pública que reunirá las sanciones aplicadas a empresas y proveedores por incumplimientos a las normas de defensa del consumidor y lealtad comercial.
La decisión fue formalizada mediante la Disposición 362/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece los criterios, pautas y procedimientos para poner en funcionamiento el registro, creado originalmente por el artículo 49 del decreto reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240).
Un registro público con sanciones a empresas
Según la normativa, el Registro Nacional de Infractores (RENAI) reunirá las infracciones y sanciones administrativas aplicadas a proveedores de bienes y servicios en todo el país por incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Metrología Legal (19.511) y el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
La base de datos será de acceso público, con el objetivo de garantizar información clara para los consumidores y mejorar la transparencia en las transacciones comerciales.
Entre los datos que se incorporarán al registro figuran la razón social o nombre del infractor, la CUIT, el número de expediente, el tipo de sanción aplicada, su monto y la fecha de la resolución, además del encuadre legal de la infracción.
Desde el organismo explicaron que la modernización del registro busca “saldar una deuda histórica” con los consumidores, al crear una herramienta tecnológica que permita consultar antecedentes de empresas sancionadas en todo el país.
Información para consumidores y organismos
El registro también permitirá que autoridades de aplicación, organismos públicos, entidades privadas y consumidores accedan a información actualizada sobre antecedentes de infracciones cometidas por proveedores de bienes y servicios.
De acuerdo con la disposición, el sistema facilitará la elaboración de estadísticas y reportes sobre conflictos de consumo, lo que permitirá planificar políticas públicas y acciones de prevención en el sector.
En ese marco, se prevé una participación activa del Consejo Federal de Consumo (COFEDEC), organismo que reúne a las autoridades de consumo de las distintas jurisdicciones del país.
La información consolidada del registro permitirá identificar patrones de infracción a nivel nacional, detectar prácticas riesgosas para los consumidores y coordinar estrategias de fiscalización entre las provincias.
Convocatoria a las provincias
La disposición invita a las autoridades de defensa del consumidor de todo el país a incorporar en el registro las sanciones que apliquen en sus respectivas jurisdicciones a empresas y proveedores.
Además, establece que la publicación de sanciones por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor podrá realizarse a través del portal oficial de la autoridad nacional, mediante un enlace específico que permitirá consultar los antecedentes.
La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y el registro será administrado por un área de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que también podrá dictar normas complementarias para su funcionamiento.
