La dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN) y de las empresas del Estado volvió a registrar una baja en enero y consolida una tendencia marcada desde la asunción de Javier Milei: más de 62.000 empleos públicos se perdieron desde diciembre de 2023, en el marco del programa de reducción del gasto que el oficialismo denomina “motosierra”.
Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la APN inició el año con 278.705 empleados, lo que representa 1.415 puestos menos que en diciembre (-0,5%) y 21.258 menos que en enero de 2025 (-7,1%).
Si se toma como referencia enero de 2024, cuando se contabilizaban 333.784 puestos en el sector público nacional, la caída acumulada alcanza el 16,5%.
La radiografía del ajuste
El recorte no fue homogéneo. Los datos oficiales muestran comportamientos diferenciados dentro de la estructura estatal:
- Administración centralizada: fue el único segmento que creció en enero. Pasó de 38.940 a 39.686 empleados (+1,9%).
- Administración descentralizada: cayó 1,3%, de 116.222 a 114.725 trabajadores.
- Administración desconcentrada: perdió 415 puestos y cerró enero con 21.318 empleados (-1,9%).
- Otros entes del sector público: se redujeron 0,4%, pasando de 14.041 a 13.980 agentes.
En paralelo, las empresas y sociedades del Estado también ajustaron su dotación: en enero perdieron 188 empleados (-0,2%), quedando con 88.996 trabajadores.
En términos acumulados, entre 2024 y 2025 se eliminaron 60.423 puestos en la APN, cifra que explica buena parte de la reducción total desde el inicio de la gestión libertaria.
Desde su campaña presidencial, Milei planteó como eje central la reducción del tamaño del Estado y la eliminación de estructuras que consideraba “innecesarias”. El ajuste sobre la plantilla pública se convirtió en uno de los pilares visibles de esa estrategia, junto con el recorte de subsidios y la reestructuración ministerial.
El argumento oficial sostiene que la contracción de la planta estatal es condición necesaria para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la presión sobre el déficit. De hecho, el Gobierno ha exhibido el superávit financiero como uno de los logros centrales del programa económico.
Sin embargo, el impacto laboral no es menor. La caída del empleo público se da en un contexto en el que el sector privado formal todavía no muestra una expansión sostenida capaz de absorber completamente esa reducción, lo que reabre el debate sobre la transición del ajuste y su efecto en el mercado de trabajo.
La reducción del 16,5% en apenas un año no es un ajuste marginal sino un redimensionamiento profundo de la estructura administrativa nacional. En términos históricos, pocas gestiones avanzaron en un recorte de esa magnitud en tan corto plazo.
La incógnita hacia adelante es doble: por un lado, si el Estado podrá sostener su funcionamiento con una planta más reducida; por otro, si el sector privado generará el dinamismo necesario para absorber parte de la mano de obra desplazada.
Mientras tanto, los números oficiales confirman que la “motosierra” dejó de ser una consigna de campaña para convertirse en un dato estadístico verificable.
Fuente: Agencia de Noticias NA
