El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), aprobó un nuevo “Procedimiento de Mediación Administrativa Voluntaria ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor” para intervenir en controversias vinculadas con los aranceles por derechos de autor y derechos conexos.
La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 2/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
La medida se enmarca en lo establecido por el Decreto 138/2025, que introdujo un nuevo marco regulatorio en materia de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos.
Esa norma dispuso que las sociedades de gestión colectiva (Sadaic, Argentores, AADI-CAPIF, entre otros) deberán acordar los aranceles para la percepción de derechos, salvo en los casos de acuerdos particulares entre el titular y el usuario. Además, habilitó al Ministerio de Justicia a implementar mecanismos de mediación, definición de aranceles y resolución de conflictos entre usuarios o cámaras sectoriales y las entidades de gestión.
Posteriormente, la Resolución 536/2025 creó el “Registro de Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Conexos” e instruyó a la Dirección Nacional del Derecho de Autor a establecer el procedimiento de mediación.
Cómo funcionará la mediación
El nuevo esquema permitirá que usuarios, cámaras sectoriales y sociedades de gestión colectiva debidamente inscriptas en el Registro puedan recurrir a una instancia administrativa voluntaria cuando surjan disputas relacionadas con los aranceles por la utilización de obras protegidas.
Según detalla la disposición, el procedimiento garantizará los principios de voluntariedad, gratuidad, imparcialidad, confidencialidad y celeridad.
También se aclara que este mecanismo no sustituye ni reemplaza la mediación prejudicial obligatoria prevista por la normativa nacional o local vigente.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención en el trámite, y la disposición fue dictada en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10 de la resolución 536.
Con esta medida, el Gobierno formaliza una herramienta administrativa para canalizar disputas en el ámbito de la gestión colectiva, en línea con el esquema regulatorio vigente en materia de derechos de autor.
Fuente: Ámbito.
