Tras el paro general y la aprobación en Diputados de la reforma laboral, que este viernes tuvo dictamen exprés en el Senado, el debate ingresó en una nueva fase: la judicialización. En ese escenario, el director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, Marcelo Bermolén, advirtió que el conflicto podría derivar en un reacomodamiento interno del sindicalismo y en una etapa de mayor confrontación.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Bermolén señaló que el paro reciente no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una disputa más amplia por el poder sindical y el rumbo de la reforma.
Según explicó, de los 46 paros generales desde 1983, apenas cuatro estuvieron vinculados a reformas laborales. El resto respondió principalmente a políticas económicas. Sin embargo, cuando las modificaciones afectan directamente la estructura de poder sindical, la reacción suele ser más intensa.
El académico relativizó el término “reforma”. A su juicio, lo aprobado constituye más bien una flexibilización o modernización, ya que el núcleo de financiamiento sindical -aportes solidarios y mecanismos obligatorios- no fue eliminado. “Los sindicalistas no han perdido poder. Negociaron y mantuvieron sus cajas”, sostuvo.
Bermolén trazó un paralelismo con el año 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En aquel entonces, tras la aprobación de la ley de flexibilización laboral, emergió un sindicalismo más combativo encabezado por Hugo Moyano, que terminó consolidándose como figura central durante las décadas siguientes.
“Cuando se toca la reforma laboral, aparecen sectores más duros dentro del sindicalismo”, explicó. Y advirtió que el actual contexto podría generar un fenómeno similar.
La economía atraviesa una recesión, el consumo no repunta, las importaciones generan presión sobre industrias locales y comienzan a registrarse cierres y conflictos sectoriales. El caso de Fate fue mencionado como ejemplo de presión desde las bases hacia la dirigencia gremial, obligándola a endurecer posiciones frente al Gobierno.
En ese marco, Bermolén planteó que podría surgir un sindicalismo “rebelde”, con mayor confrontación y menor disposición a negociar.
Judicialización y clima de incertidumbre
Otro eje central es el camino judicial que podría tomar la reforma laboral. “Habrá jueces a favor y jueces en contra”, anticipó. El escenario probable incluye medidas cautelares, suspensiones parciales y apelaciones sucesivas.
El especialista comparó ese proceso con un “partido de tenis”, donde la aplicación de la norma podría ir y venir entre instancias judiciales, generando incertidumbre tanto para trabajadores como para empresas.
A su entender, la controversia por el artículo 44 expuso errores del Gobierno en la estrategia legislativa. “Si ese artículo no se hubiera incorporado, probablemente el paro no se habría concretado”, afirmó.
Sin embargo, también atribuyó responsabilidades al sindicalismo, al considerar que la medida de fuerza respondió tanto a presiones internas como a la necesidad de mostrarse activo frente a sus afiliados.
En el debate sobre la reforma, Bermolén introdujo otro matiz: el llamado “costo argentino” no puede reducirse exclusivamente al costo laboral. Recordó que más del 50% de la economía funciona en la informalidad, fuera del alcance tanto de las regulaciones clásicas como de las flexibilizaciones actuales.
Además, señaló que las nuevas generaciones no manifiestan la misma identificación con la estructura sindical tradicional, especialmente en sectores vinculados a servicios digitales y trabajo remoto para el exterior.
Para el director del Observatorio, el riesgo principal es que el conflicto se prolongue sin consensos estructurales. “La Argentina necesita diálogo, mesura y sinceramiento”, sostuvo.
A su juicio, cualquier reforma laboral que aspire a estabilidad debe contar con los principales actores sentados en una mesa de negociación. De lo contrario, la combinación de judicialización, presión sindical y fragilidad económica podría derivar en un escenario de tensión sostenida.
“El país necesita reglas claras y acuerdos duraderos. Si no, vamos a seguir viendo normas que se aprueban, se suspenden, se apelan y vuelven a discutirse, mientras la economía y la sociedad siguen esperando estabilidad”, concluyó.
