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Rechazo a la reforma laboral: “Implica una pérdida de conquistas históricas”

Lo afirmó Mirta Chemes, delegada de la CGT Regional Misiones, quien participó de la concentración en la plaza 9 de Julio de Posadas para presionar contra el tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación. Además, dirigentes sindicales advierten que la iniciativa implica un “retroceso de un siglo en derechos logrados”

11 febrero, 2026

La CGT Regional Misiones realizó una concentración en la plaza 9 de de Julio de la ciudad, en consonancia con la movilización que se llevó a cabo en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires. El objetivo principal de la central obrera fue manifestar su rechazo tajante al tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. Desde la organización sindical local remarcaron que la intención es “ejercer presión para que el proyecto legislativo no logre ser aprobado, ni en su tratamiento general ni en particular”.

Al respecto, Mirta Chemes, delegada regional de la CGT, analizó el escenario legislativo y las implicancias que tendría la norma para el sector trabajador. En declaraciones a la FM 89.3 Santa María de las Misiones, la dirigente sostuvo que “la iniciativa gubernamental implica una pérdida de conquistas históricas” y aseguró de forma contundente que “no hay trabajador al que no le vaya a afectar”. Además, cuestionó la premisa de que el proyecto generará nuevos puestos de trabajo, afirmando que “lo único que producirá será más precarización laboral”.

Según explicó la delegada regional, uno de los puntos que consideran más graves es el avance hacia los convenios individuales: “Esta modalidad colocaría al trabajador en una situación de desventaja absoluta frente al empleador”. Asimismo, describió una situación crítica señalando que debe imaginarse a un trabajador con todas las necesidades, en un país con una inflación que calificó de “mentirosa” y la devaluación “alarmante que no logra llegar al día diez del mes”. En ese contexto, afirmó que “el empleado tiene que enfrentarse al patrón y aceptar lo que le impongan”.

La dirigente también remarcó que la reforma atenta directamente contra los convenios colectivos, “los cuales representan el instrumento jurídico mediante el cual los sindicatos ejercen la representación de los trabajadores ante la patronal”. Entre otros puntos de conflicto Chemes cuestionó los cambios previstos en el régimen de vacaciones, señalando que el empleador podría disponer de las mismas cuando quiera y como quiera. También, criticó el reemplazo del pago de horas extras por francos compensatorios, calificando esta medida como “explotación lisa y llana”.

En su cierre, alertó sobre un posible desfinanciamiento de las obras sociales sindicales y estatales, advirtiendo que “el nuevo esquema indemnizatorio permitiría concretar despidos sin derecho a nada”.

 

Un sector “hundido”

Por su parte, Héctor Vallejos, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) delegación Misiones, expresó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el profundo malestar que atraviesa el sector de la construcción. El dirigente manifestó que “los pueblos se cansan de tanto dolor y sufrimiento, y que la sociedad llegó a un punto de hartazgo”, lo que definió como “la construcción de la mentira por parte del Gobierno de Javier Milei”.

 

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En ese sentido, denunció que, “mientras el oficialismo sostiene que los números cierran, la realidad muestra un incremento constante de los despidos y un estado de desastre en industrias como la metalúrgica, la textil, el comercio y la construcción”

El referente de la UOCRA fue crítico con el concepto de “modernización” utilizado por los impulsores de la reforma, asegurando que “se trata de un verso que solo busca la precarización laboral y el sometimiento de los trabajadores mediante acuerdos políticos que quitan derechos”. Según Vallejos, “es una vergüenza y un retraso que en el siglo XXI se deban volver a discutir las ocho horas laborales”. Vallejos también se refirió a la situación actual de su sector, afirmando que “la construcción no simplemente cayó, sino que se hundió y desapareció”. Denunció que, tras la decisión de paralizar la obra pública, “hay 200.000 trabajadores en la calle, muchos de los cuales se ven obligados a buscar sustento en la cosecha del lado brasileño de la frontera”. Para el dirigente, el mejor parámetro de la economía no son los números que dibuja el INDEC, sino la actividad en la construcción, la cual tracciona al comercio y la industria.

Concluyó advirtiendo que “el sometimiento de los pueblos trae consecuencias y que la gente se va a cansar de que se achaten los salarios mientras los precios siguen subiendo”.

En el marco de la unidad sindical demostrada en la provincia, Horacio Barua, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Oberá (AECO), destacó la importancia de la movilización conjunta bajo la órbita de la CGT. Barua manifestó a este Diario su satisfacción por “la unidad de los trabajadores para hacer frente a lo que se avecina”, calificando el término de modernización laboral como “una falacia total”. El representante del comercio obereño argumentó que “el proyecto en discusión implica retroceder entre 120 y 130 años en las conquistas legítimas de los trabajadores argentinos”.

Ante ello, sostuvo que “la palabra modernización es un término que camufla un retorno a condiciones de esclavitud moderna”. Recordó que se está a pocos meses de un nuevo aniversario del 1° de mayo, fecha que “reivindica la lucha de quienes murieron por la jornada de ocho horas, un derecho que hoy se encuentra en riesgo en el país”. Barua también mencionó el impacto social de la crisis, haciendo referencia a la ruptura de familias debido a que muchos trabajadores deben cruzar la frontera para conseguir empleo.

Finalmente, Barua cuestionó el argumento de que las leyes laborales son obsoletas. Señaló que, si bien los convenios pueden corregirse para mejorar, “el camino actual es el inverso”. Recordó que, dentro de la historia del trabajo, “los derechos laborales apenas ocupan un pequeño tramo de poco más de un siglo frente a milenios de esclavitud”.

Tags: CGTFM 89.3Política
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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