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Denuncian la venta ilegal de bolsas de nicotina y advierten riesgo para adolescentes

Organizaciones médicas y sanitarias alertaron sobre la comercialización de bolsas de nicotina en kioscos y redes sociales, en presunta violación de la Ley Antitabaco.

10 febrero, 2026

Un amplio conjunto de organizaciones médicas, científicas y de la sociedad civil presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud de la Nación por la introducción y comercialización en Argentina de bolsas de nicotina, productos que -según advirtieron- infringen la Ley 26.687 de Control del Tabaco y otras normas de protección de la salud.

La presentación fue impulsada por entidades como la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Unión Antitabáquica Argentina, la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), la Sociedad Argentina de Cardiología, la Asociación Médica Argentina y organizaciones especializadas en tabacología y salud pública, entre otras.

Según señalaron, hasta el momento no se informó públicamente ninguna decisión oficial vinculada al retiro de estos productos del mercado, la aplicación de sanciones ni la adopción de medidas preventivas a nivel nacional.

El escenario se agravó en las últimas semanas con la aparición de una segunda marca de bolsas de nicotina, comercializada con estrategias similares. Ambas se venden en kioscos y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires y de la costa atlántica, exhibidas junto a golosinas y productos de consumo infantil.

Además, las organizaciones denunciantes alertaron sobre campañas de promoción en redes sociales e influencers, lo que incrementa la visibilidad del producto entre adolescentes y jóvenes, uno de los grupos más vulnerables a la adicción a la nicotina.

Por qué preocupan las bolsas de nicotina

De acuerdo con la evidencia científica citada en la denuncia, la nicotina es una sustancia altamente adictiva y su exposición durante la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral hasta los 25 años, con impacto en la atención, la memoria y el control de impulsos, además de aumentar la vulnerabilidad a otras adicciones.

Las bolsas de nicotina se colocan entre la encía y el labio y aportan dosis relevantes de nicotina por unidad (entre 1,5 y 6 mg en las presentaciones detectadas en el país), con envases que contienen 15 o más unidades.

También se advirtió que, en otros países, centros toxicológicos y estudios pediátricos registraron un aumento de intoxicaciones en niños pequeños por ingestión accidental, favorecida por el tamaño reducido, los sabores frutales o mentolados y envases atractivos que pueden confundirse con golosinas.

Uso combinado y mensajes engañosos

Otro punto de preocupación es que estos productos no suelen reemplazar al tabaco, sino que se incorporan a un uso dual o múltiple, combinado con cigarrillos electrónicos y cigarrillos tradicionales, lo que incrementa la exposición total a nicotina.

En Argentina, además, las organizaciones remarcaron que la prohibición de venta de productos de tabaco a menores de 18 años ya ha demostrado ser insuficiente. Encuestas escolares revelan que una proporción significativa de adolescentes accede a cigarrillos y vapeadores directamente en kioscos, pese a la normativa vigente.

Las bolsas de nicotina, indicaron, se comercializan sin advertencias sanitarias gráficas, en envases no seguros para niños, con sabores atractivos y mensajes que minimizan el riesgo, como “sin tabaco”, “más limpios” o “menos tóxicos que un cigarrillo”.

Pedido de medidas urgentes

En ese contexto, las entidades advirtieron que confiar solo en la prohibición de venta a menores sería reiterar una estrategia fallida y reclamaron medidas inmediatas de protección.

“El objetivo de esta denuncia no es frenar el debate técnico, sino garantizar acciones urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes, mientras se discuten marcos regulatorios más estables”, señalaron, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de salud pública y derechos humanos.

Tags: AdolescenciaConsumoLey AntitabacoMinisterio de SaludNicotinaSalud Pública
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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