En la historia del siglo XX abundan los nombres asociados al poder. Son menos, en cambio, los que quedaron ligados a la verdad. Václav Havel pertenece a esa segunda categoría. Dramaturgo, disidente, prisionero político y luego presidente de Checoslovaquia tras la caída del comunismo, su legado político no se resume en haber derrotado a un régimen, sino en haber pensado con profundidad la relación entre poder, lenguaje y conciencia.
En “El poder de los sin poder”, escrito en los setenta en la clandestinidad, Havel describía un sistema que no necesitaba obligar a creer, sino apenas inducir a comportarse como si se creyera. La dominación -decía- no se sostenía solo en la fuerza, sino en una red de relatos, rituales y silencios que empujaban a las personas a “vivir en la mentira”. La resistencia empezaba cuando alguien decidía, simplemente, vivir en la verdad.
Traer esa reflexión a la Argentina actual exige una advertencia previa: una democracia, con elecciones competitivas y libertades públicas, no es comparable con los regímenes postotalitarios del bloque soviético. Pero la potencia del pensamiento de Havel está precisamente en otro lugar: en mostrar que la tensión entre verdad y discurso del poder no desaparece con la democracia, sino que adopta formas más sutiles.
En la escena local, el Gobierno busca transmitir una imagen de orden y recuperación económica tras largos y tortuosos años de inestabilidad. Parte de los indicadores acompaña ese relato; otra porción de la sociedad todavía no lo percibe en su vida cotidiana. En ese desfasaje se juega una disputa clásica de la política: quién define el significado de la realidad.
La creación de dispositivos estatales (una oficina, por ejemplo) destinados a fijar una “respuesta oficial” puede leerse, desde esta perspectiva, menos como un problema administrativo que como un síntoma cultural. No porque implique censura ni autoritarismo -categorías que aquí no corresponden-, sino porque revela la centralidad que adquiere la batalla por el sentido. Gobernar también es narrar. La cuestión es cuándo la narración explica y cuándo reemplaza.
Havel advertía, ya en democracia, que las sociedades libres también enfrentan peligros: la tentación de sacrificar la verdad por la estabilidad, de confundir prosperidad con legitimidad o de aceptar ficciones tranquilizadoras a cambio de certidumbre. No hablaba de dictaduras, sino de algo más incómodo: la fragilidad moral de la libertad.
Por eso su mensaje conserva actualidad. No como denuncia grandilocuente, sino como pregunta persistente. ¿Cuánta verdad necesita una democracia para seguir siéndolo? ¿Cuánto relato puede tolerar sin vaciarse? Fue algo que los anteriores gobiernos no advirtieron o, directamente, no dimensionaron. El actual navega hoy esos mismos contextos. Entre el orden prometido y la realidad vivida, la política siempre construye palabras. La calidad de una república, sin embargo, se mide por la distancia entre esas palabras y la verdad.
Altibajos
La semana que concluyó lo hizo con acuerdos de todo tipo… con Estados Unidos. Uno comercial, otro militar y hasta uno sobre patentes en el que Donald Trump impuso condiciones tal y como viene haciendo con otros países y de otras formas.
Sin embargo, empezó con una postal incómoda para el Gobierno. Pantallas en rojo, bonos en baja, acciones castigadas y un riesgo país que volvió a trepar por encima de los 500 puntos. No fueron solo malos días en los mercados: fue un gesto. Una señal de que algo, en la relación entre la Argentina y los inversores, se desacomodó.
Hasta hace poco, el país parecía avanzar con viento a favor. Ajuste fiscal, discurso promercado y un Presidente que se mostraba dispuesto a ir a fondo habían convertido a la Argentina en una suerte de experimento atractivo. El mercado compraba la idea, y la premiaba. Pero esa confianza -siempre frágil, siempre condicional- empezó a resquebrajarse.
Es cierto que el contexto internacional no ayudó. Wall Street operó en terreno negativo y arrastró a varios mercados emergentes. Pero en el caso argentino hubo condimentos propios, demasiado ruidosos como para ignorarlos. Empresas emblemáticas como Bioceres Crop y Globant sufrieron derrumbes abruptos, mientras que Vista quedó envuelta en dudas tras conocerse la posible salida de uno de sus principales accionistas. Nombres pesados, de esos que funcionan como faros para medir expectativas.
Sin embargo, el verdadero ruido no vino del mundo corporativo, sino de la política. O, más precisamente, de las palabras. El mercado escucha, interpreta y reacciona. Y esta vez, lo que escuchó no le gustó. La definición del presidente Javier Milei sobre cómo afrontar los abultados vencimientos de deuda de 2026 -apostando a una mayor escasez de bonos soberanos- fue leída como una jugada arriesgada. A eso se sumó el anuncio de que los compromisos con organismos multilaterales se cubrirán mediante la liquidación de activos del Estado. Una idea que, sin demasiadas precisiones, abre más interrogantes que certezas.
Como si hiciera falta, el frente estadístico aportó su propio temblor. La renuncia de Marco Lavagna al INDEC, luego de que el ministro Luis Caputo decidiera postergar la actualización de la metodología para medir el IPC, reavivó una vieja sensibilidad argentina: la confianza en los números. Y cuando los datos empiezan a discutirse, el daño suele ser profundo.
Pero el golpe más fuerte llegó casi al pasar, en forma de aclaración. Caputo negó que el Gobierno tenga previsto salir al mercado internacional de deuda este año. La frase fue clara. Y justamente por eso dolió. No porque la decisión sea necesariamente equivocada, sino porque no era la que el mercado esperaba. En finanzas, la expectativa es un activo. Y romperla tiene costos.
Volviendo al tema INDEC, sirve de disparador para otro tópico de la semana. Desde hace años y con mayor énfasis en los últimos, en Argentina la política parece haber mutado en una rama de la prestidigitación. Si un dato molesta, se oculta; si un organismo incomoda, se disuelve; y si la realidad no se ajusta a la narrativa oficial, se cambia la metodología hasta que el espejo devuelva la imagen deseada.
Los casos del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y del INDEC, por nombrar dos que estuvieron en la superficie estos días, no son hechos aislados: son las dos caras de una misma moneda institucional que cotiza en baja.
Lo que sucede con el cáncer en el país es, quizás, la muestra más cruel de este “modo ciego” de gestionar. Bajo la bandera de la eficiencia administrativa, la disolución del INC en 2025 no fue un simple cambio de papelería. Fue, en los hechos, la decisión de dejar de mirar.
Hoy, las organizaciones sociales denuncian que el país navega sin brújula: con datos de hace cuatro años, es imposible diseñar una política federal que entienda que el cáncer no espera a que se consolide un superávit. Al degradar el Instituto a una dirección ministerial y frenar el monitoreo, el Estado no ahorra; simplemente abandona su rol de coordinador. Para el paciente que viaja kilómetros o espera meses por un turno, la “libertad” se parece demasiado a la intemperie.
Si en salud el problema es la omisión, en economía el problema es la intervención de los tiempos. La salida de Marco Lavagna del INDEC terminó de quitarle el velo a una verdad incómoda: la independencia técnica es un estorbo para el Palacio de Hacienda.
Las confesiones del ministro Luis Caputo sobre el freno al nuevo IPC son de una gravedad institucional que, en otros tiempos, habría provocado un sismo. Admitir que se posterga una mejora metodológica porque “podría arruinar el proceso de desinflación” es, literalmente, admitir que el termómetro solo se usa cuando el paciente no tiene fiebre. Peor aún: la violación del secreto estadístico al difundir datos antes de su publicación oficial rompe un contrato de confianza que llevó una década reconstruir tras la intervención de la era Moreno.
El denominador común es la arrogancia metodológica. El Gobierno de Milei parece convencido de que la realidad es algo que se construye desde un despacho y se valida en redes sociales.
Si la pobreza no baja como dicen los tuits, el problema es cómo la EPH mide los ingresos. Si la actividad económica se estanca, el problema es que no estamos ponderando correctamente el sistema financiero. Si el cáncer avanza, el problema es que el INC era un gasto innecesario.
Años atrás Guillermo Moreno encabezó uno de los periodos más horribles de las estadísticas argentinas al manipular, cuando no directamente callar, los índices que contrariaban aquello de que Argentina estaba, cuanto menos, a la par de Alemania. Es lo que sucede cuando las peores versiones del poder político intervienen en organismos técnicos y arman y desarman de acuerdo a las conveniencias.
Gobernar es, ante todo, gestionar la verdad, incluso cuando duele. Al romper los termómetros y apagar las luces del registro estadístico, el Gobierno puede ganar una batalla comunicacional hoy, porque persiste cierta resistencia a la verdad, a los datos duros de la realidad que ubicaron a la fuerza libertaria en el poder. Sin embargo, en esa dilación de un sistema que refleje los verdaderos índices de inflación y pobreza, se condena al país a la ceguera mañana. Sucedió bajo la era “morenista” y sucede también hoy. Sin datos confiables en economía y sin un plan federal en salud, no hay “luz al final del túnel”, sino simplemente un túnel cada vez más oscuro y difícil de transitar para los ciudadanos de a pie.
La enseñanza que deja la semana es menos técnica y más política. La confianza no se decreta, se construye. Y no alcanza con tener un rumbo definido si las señales que se emiten generan ruido, sorpresa o desconcierto. El mercado puede tolerar ajustes duros, incluso decisiones impopulares. Lo que no perdona es la incertidumbre.
Entre relatos que prometen orden y realidades que todavía duelen, Argentina vuelve a enfrentarse a una vieja pregunta. No cómo se gana una elección, sino cómo se sostiene la verdad después de haberla ganado.
Dato duro
La recaudación tributaria volvió a hablar. Y cuando los impuestos hablan, lo hacen con la frialdad de los datos, sin épica ni relato. Enero dejó una señal clara: la economía se está enfriando y el ajuste empieza a morder más allá de los márgenes previstos por el Gobierno.
Según los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fiscales registraron una caída real interanual del 7,8%. El impacto no fue homogéneo: la recaudación coparticipable -la que sostiene a provincias y CABA- cayó un 6,6%, mientras que la baja total se ubicó en el 7,4%, de acuerdo con el IARAF. En términos nominales, el Estado recaudó $18,33 billones, un 22% más que un año atrás. Pero la inflación vuelve irrelevante ese crecimiento: es el sexto mes consecutivo de caída real.
El dato no sorprende, pero sí preocupa. La suspensión de derechos de exportación, la reducción de aranceles a las importaciones y la baja de impuestos internos explican parte del retroceso. La otra parte es más estructural y más incómoda: menos consumo, menos transacciones, menos movimiento económico.
El IVA, el impuesto que mejor refleja la actividad cotidiana, creció apenas 16,4% en términos nominales. Traducido: perdió fuerte contra la inflación. Ganancias mostró un incremento nominal mayor, del 32,4%, pero en términos reales apenas logró empatar el nivel del año pasado. El impuesto a los Créditos y Débitos bancarios, otro indicador clave del pulso económico, también quedó estancado cuando se lo ajusta por precios.
Ni siquiera el sistema de Seguridad Social logró despegar. Los ingresos a la ANSeS crecieron 27,7% nominal, nuevamente por debajo de la inflación, con aportes personales y contribuciones patronales que reflejan un mercado laboral que no reacciona y salarios que corren de atrás.
El Gobierno puede exhibir disciplina fiscal y superávit primario. Pero la contracara empieza a ser visible: una economía que se enfría más rápido de lo deseado y una recaudación que no acompaña. El equilibrio logrado corre el riesgo de convertirse en un equilibrio frágil, sostenido más por el ajuste que por el crecimiento.
La pregunta ya no es si el programa económico ordena las cuentas, sino cuánto tiempo puede hacerlo sin una recuperación genuina de la actividad. Porque cuando la recaudación cae de manera persistente, el termómetro no falla: el cuerpo económico está perdiendo temperatura.
La semana de los acuerdos
A estas alturas hasta parece una estrategia, pero la semana que comenzó y transcurrió con todo lo anterior, concluyó con una batería de acuerdos que consolidaron lo que el Gobierno bautizó informalmente como la era “MA&AGA” (Make Argentina & America Great Again). A través de tres pilares fundamentales -comercial, militar y regulatorio-, Argentina firmó un compromiso de alineamiento con Estados Unidos que va mucho más allá de un simple intercambio de bienes: es un cambio estructural en las reglas del juego del país.
El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI) busca transformar a Argentina en un socio estratégico prioritario. La meta es ambiciosa: atraer US$ 10.000 millones en inversiones durante el primer año, con la lupa puesta en Vaca Muerta (gas y petróleo), la minería de litio y la economía del conocimiento.
Para lograrlo, el Gobierno decidió “bajar la guardia” burocrática y, de cumplirse todo lo acordado, se aceptarán los estándares de la FDA (Estados Unidos) para medicamentos y tecnología médica, eliminando trabas locales, se facilitará la exportación de carne vacuna (objetivo: 100.000 toneladas) y limones. En tanto, Argentina se alinea con Estados Unidos en la transferencia de datos personales, un guiño directo a las gigantes de Silicon Valley.
Quizás el punto más disruptivo es el capítulo de Propiedad Intelectual. Argentina aceptó desarmar el andamiaje legal que permitía a los laboratorios locales producir genéricos basados en fórmulas extranjeras. Así las cosas, las patentes farmacéuticas y agroquímicas tendrán un blindaje de veinte años.
El acuerdo obliga además al Estado a perseguir penalmente la falsificación de marcas (poniendo en la mira a ferias como La Salada) y la piratería digital (streaming y software ilegal). Pero el alineamiento no termina en los papeles comerciales, sino que se traslada al terreno. El plan de rearme argentino, que comenzó con los cazas F-16, suma ahora blindados Stryker y helicópteros Black Hawk. Sin embargo, el símbolo más potente de esta alianza será el operativo “Atlantic Dagger” (Daga Atlántica) en abril. El mensaje geopolítico es claro y describe al nuevo principal aliado en el Atlántico Sur.
En resumen, Argentina decidió cambiar soberanía regulatoria y el modelo de “industria nacional” de genéricos por seguridad jurídica, equipamiento militar y acceso a capitales. Es una apuesta de alto riesgo y alta recompensa que busca insertar al país, de manera definitiva, en el ecosistema económico y de defensa de los Estados Unidos.
Dimensión local
La semana también dejó datos referidos a Misiones. Tal y como publicara este Diario, el desempeño económico y fiscal de Misiones muestra una combinación de crecimiento nominal, deterioro real y fuertes tensiones sectoriales en un contexto nacional de ajuste, según datos oficiales de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), informes de Politikon Chaco elaborados sobre bases públicas, estadísticas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y series armonizadas de la CEPAL.
Durante 2025, la recaudación propia provincial aumentó 31% en términos nominales, aunque la inflación erosionó gran parte de esa mejora, sobre todo en el segundo semestre, cuando las variaciones reales se volvieron negativas de forma sostenida, de acuerdo con la ATM. El esquema tributario continúa altamente concentrado en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos -más del 90% de los recursos propios-, mientras que la coparticipación federal creció por encima de la recaudación local y explica cerca de dos tercios de los ingresos totales.
El hecho de que en 2025 el 91,90% de la recaudación propia provenga de IIBB marca una vulnerabilidad estructural. En provincias con matrices productivas distintas o sistemas de tasas más diversificados, el impacto de la recesión puede ser más gradual. En Misiones, al estar tan atado a la facturación comercial, la caída del poder adquisitivo nacional impacta de forma casi instantánea en las arcas provinciales.
Por otra parte, a comienzos de 2026, Misiones volvió a quedar relegada en la distribución de transferencias discrecionales nacionales: recibió apenas $7 millones en enero, uno de los montos más bajos del país, en un contexto de fuerte caída real de estos envíos, según el informe de Politikon Chaco basado en datos del Presupuesto Abierto.
En el plano productivo, la última década exhibe un crecimiento moderado del Valor Agregado Bruto provincial (+2,3%), superior al promedio del NEA, aunque sostenido principalmente por el avance de los servicios y con retrocesos en sectores estructurales como agro, industria y, especialmente, construcción, de acuerdo con las series armonizadas de la CEPAL analizadas por Politikon Chaco.
Ese equilibrio se quebró en 2024, cuando la economía misionera cayó más que el promedio nacional en el primer año del nuevo esquema macroeconómico. La cadena yerbatera refleja con claridad esas contradicciones: mientras las estadísticas del INYM muestran mayores ventas internas y exportaciones récord en 2025, los productores denuncian precios por debajo de los costos, caída de la cosecha, falta de pagos y riesgo de abandono de chacras, situación expresada públicamente por asociaciones de productores del norte provincial.
Frente a este escenario, el gobierno de Misiones, encabezado por Hugo Passalacqua, impulsa medidas de alivio fiscal -moratorias, bonificaciones impositivas y cambios en el régimen de retención de Ingresos Brutos, orientadas a sostener la actividad y facilitar el cumplimiento tributario en un contexto de recursos limitados y alta dependencia de fondos nacionales. En conjunto, los datos describen una economía provincial con cierto dinamismo relativo dentro de su región, pero condicionada por la inflación, el ajuste macroeconómico nacional y tensiones productivas que exponen la fragilidad de su estructura de crecimiento.
Ya al cierre de la semana, el conflicto tabacalero se profundizó tras los bloqueos y el acampe de un grupo de productores autoconvocados frente a la Cooperativa Agroindustrial, lo que derivó en la suspensión del acopio por razones de seguridad.
Intendentes del Alto Uruguay, entidades gremiales y empresas del sector solicitaron con carácter de urgencia la intervención estatal para garantizar la libre circulación y el inicio de la campaña, advirtiendo que las protestas ponen en riesgo el ingreso de miles de familias y una actividad clave para la economía provincial.
Anoche, la protesta ya había perdido casi todo su impulso y los pocos productores que quedaban se debatían entre la conveniencia de seguir bloqueando el ingreso o volver a sus hogares.
