La Fundación Dante Piesco, responsable del Centro de Conservación de Fauna Silvestre OHANA, expresó su “profunda preocupación por reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa en distintas comunidades de la provincia de Misiones”, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales silvestres con fines de mascotismo y comercio ilegal.
En las últimas horas, la Fundación tomó conocimiento, a través de registros públicos, de un hecho ocurrido en la comunidad Guapoy Poty, de Puerto Leoni, que evidencia la gravedad de la situación. Según indicaron, se observó “un ejemplar de coatí (Nasua nasua) sin vida y un cachorro de la misma especie atado del cuello con una soga, intentando liberarse”.
Desde OHANA señalaron que este episodio “se suma a otros antecedentes recientes”, entre ellos “la utilización de un mono capuchino atado con una cuerda, la extracción sistemática de pichones de loros y tucanes de sus nidos, y la destrucción de grupos familiares completos de monos y coatíes para la obtención de crías destinadas al mascotismo ilegal”.
Además remarcaron que “estas prácticas constituyen hechos de crueldad animal y delitos ambientales, prohibidos por la legislación vigente, que protege a la fauna silvestre como patrimonio de todos los misioneros y de la Nación”. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Fernando Piesco, director del centro señaló: “Nosotros respetamos profundamente las costumbres ancestrales y los pueblos originarios, pero la ley no es diferente para un ciudadano que para otro y el respeto por las costumbres siempre se tiene que dar en el marco del respeto por la ley y cuando cuando las costumbres ancestrales que no son costumbres ancestrales, en realidad son excusas que ponen para poder hacer abuso y uso de la fauna, y violan leyes, ahí no hay condonación que valga”.
“El problema está en que cuando uno va a la Justicia, por diferentes motivos que desconocemos no se ordenan los allanamientos, no se dan las instrucciones, entonces, la policía está atada de pies y manos porque depende exclusivamente de la orden judicial”, añadió.
En relación al caso, el director de Asuntos Guaraníes, Fernando Francisco Rodríguez, confirmó a PRIMERA EDICIÓN que tomó contacto con la Fundación tras recibir el material audiovisual. “El miércoles me enviaron este video, tras lo cual informé que se debería elevar al Juzgado para pedir una orden judicial y poder actuar de la misma manera que en todos los casos”, explicó.
Rodríguez destacó además la articulación institucional con OHANA y el acompañamiento a las comunidades. “Me puse a disposición para brindar acompañamiento institucional en el caso de que lo requiera para ir a la comunidad. Hace un rato estuve en contacto con el señor y seguimos en diálogo”, señaló. Asimismo, el funcionario indicó que existen antecedentes de trabajo conjunto: “En varios casos ya hemos intervenido de manera conjunta en comunidades”, y adelantó acciones preventivas: “Ahora estamos organizando un ciclo de capacitaciones en las comunidades para abordar estos casos y sus formas”.
Consultado sobre la frecuencia de este tipo de situaciones, Rodríguez aclaró que “situaciones de esta magnitud no son recurrentes”, aunque reconoció otros hechos vinculados al tráfico ilegal: “Hemos abordado otros casos de comercialización, que también los trabajamos mancomunadamente con OHANA”.
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Desde la Fundación advirtieron que, al tratarse de delitos de carácter penal, “la intervención efectiva depende del accionar del Poder Judicial”, y explicaron que “las fuerzas de seguridad provinciales se ven limitadas para actuar sin órdenes judiciales, ya que el ingreso a comunidades o propiedades requiere autorización judicial, en respeto de las garantías constitucionales vigentes”.
Por este motivo, OHANA realizó “un llamado urgente a la Justicia para que tome intervención activa en estas causas, habilitando las medidas necesarias para el rescate, resguardo y protección de los animales víctimas de maltrato, así como para la investigación y sanción de los responsables”.
Finalmente, desde la organización subrayaron que “la protección de la fauna silvestre no es solo una cuestión ambiental, sino también un deber legal y ético”, y advirtieron que “cada animal capturado, maltratado o asesinado representa una pérdida irreparable para los ecosistemas misioneros y para el patrimonio natural de toda la sociedad”. En ese sentido, reiteraron “la plena disposición a colaborar con los organismos competentes, aportando información técnica, registros y asistencia profesional para garantizar el bienestar de los animales y el cumplimiento efectivo de la ley”.
