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Democracia amenazada: revelan que el 72% de la población mundial vive bajo gobiernos autoritarios

Un informe de Human Rights Watch (HRW) advierte sobre una pérdida de voto igualitario, derechos humanos, respeto por las libertades sociales e individuales y los sistemas de control.

5 febrero, 2026
(Imagen creada con IA/ChatGPT)

(Imagen creada con IA/ChatGPT)

La democracia en el mundo está no solo amenazada sino que pierde cada año su vigencia como valor en sí misma. El retroceso de este sistema de voto igualitario, derechos humanos, respeto por las libertades sociales e individuales y los sistemas de control es delicado. Son más las naciones con gobiernos autoritarios en el mundo.

Un informe global, realizado por la organización Human Rights Watch (HRW) señala que la pérdida de terreno nos lleva a la misma situación del año 1985.Destaca que Rusia y China tienen sistemas más autoritarios que hace 20 años.

Pero también hace un llamado de atención sobre este primer año de Donald Trump en el regreso al poder. Para HRW, su acción política ataca directamente a las bases de la democracia y afecta a las reglas del orden internacional.

 

La democracia retrocedió 40 años como un valor global

El informe de este año tiene un completo repaso de todos los países y su clasificación en relación a la vigencia amplia de los valores democráticos. La división del mundo es en 6 categorías:

  • Democracia liberal
  • Democracia electoral
  • Democracia “gris”
  • Autocracia “gris”
  • Autocracia electoral
  • Autocracia cerrada

Solo 29 países de los 178 analizados están en el mejor grupo. La Argentina se encuentra en la segunda categoría: democracia “electoral”. Ese concepto significa que existen elecciones multipartidarias que son libres y justas; niveles satisfactorios de sufragio, libertad de expresión y libertad de asociación. Sin embargo, hay libertades, controles al poder o derechos que se ven limitados o no respetados plenamente. Cuando esa evaluación se lleva a nivel de la población y no por países, la pérdida del valor “democracia” es mayor.

El 72 % de la población no vive en sistemas democráticos

El informe fue presentado globalmente por Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW. Como resumen, dijo que la democracia regresó a los niveles de 1985, con el 72% de la población mundial viviendo bajo regímenes autoritarios. Solo el caso chino, una autocracia cerrada, ya coloca casi al 20% de la humanidad en el otro extremo de la “democracia” como sistema de gobierno y valores.

La 36ª edición del World Report de Human Rights Watch (HRW) advierte por una “recesión democrática” que se traduce en la preeminencia global de autocracias o sistemas con severas restricciones a las libertades. El documento sostiene que la ola de democratización que siguió a la Guerra Fría se ha estancado y revertido. Instituciones que durante décadas sirvieron como baluartes de la libertad y el estado de derecho, están siendo socavadas desde adentro.

 

Donald Trump, una amenaza para los valores democráticos

Para HRW, el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, con solo un año de gestión, representa para los Estados Unidos la erosión de su sistema democrático y ha debilitado el orden internacional que promovía la protección de derechos humanos. Trump implementó una amplia ofensiva contra pilares esenciales de la democracia estadounidense y las normas internacionales que respaldan los derechos universales. Así se explica el retroceso:

  • Socavó la confianza en la integridad electoral.
  • Atacó la independencia judicial.
  • Redujo derechos civiles y sociales.
  • Obstruyó el acceso a servicios esenciales.
  • Usó el poder gubernamental para intimidar opositores políticos, medios de comunicación, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
  • También afectó, con sus dichos y acchiones, la ley internacional que protege derechos y monitorea abusos.

La democracia como valor en la Argentina

Human Rights Watch, en su capítulo sobre el país, dice: “El segundo año de gestión del presidente Javier Milei estuvo marcado por recortes al financiamiento público de programas sociales, obstáculos al derecho a la reunión pacífica y por intentos de debilitar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo”.

Con ese marco, hace hincapié en falencias para una democracia liberal plena:

  • Desde hace años, el Congreso no logra reunir la mayoría de dos tercios necesaria para designar a un Procurador general, un defensor del pueblo y jueces de la Corte Suprema.El 35% del Poder Judicial (jueces y fiscales) no está designado.
  • Impacto favorable de la baja de la inflación.
  • Libertad de expresión, amenazada por dichos hostiles del Presidente y varios de sus funcionarios.
  • Situaciones delicadas como derechos de minorías, o la ley de apoyo a personas discapacitados, también son señalados en el informe.

Por todo esto, la Argentina está en el segundo nivel dentro de la clasificación de las democracias en el mundo. Este regreso a 1985 marca el momento en que para el registro de Human Rigths watch, este sistema comenzó a tener preeminencia sobre las autocracias. Cuarenta años más tarde, la situación se ha dado vuelta.

Fuente: A24. 

Tags: DemocraciaDerechos HumanosHuman Rights WatchInforme
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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