El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón firmó el Decreto 261/75, mediante el cual ordenó el inicio del Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. La medida dispuso la intervención directa de las Fuerzas Armadas con el objetivo formal de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.
El operativo estuvo dirigido inicialmente contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que tenía presencia en zonas rurales tucumanas, pero rápidamente se transformó en un dispositivo de control territorial y represión ilegal que excedió el combate a organizaciones armadas.
Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1973, el Estado argentino habilitó de manera explícita la participación del Ejército en tareas de seguridad interna, otorgándole amplias facultades operativas. En ese marco, se instalaron centros clandestinos de detención, se produjeron secuestros, torturas y desapariciones, y se desplegó una lógica de persecución que alcanzó a militantes políticos, sindicales, estudiantes y trabajadores rurales.
El Operativo Independencia es considerado por organismos de derechos humanos, investigadores y sentencias judiciales como el antecedente directo del terrorismo de Estado que se consolidaría tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Muchas de las prácticas represivas que luego se extenderían a todo el país fueron ensayadas previamente en Tucumán.
A diferencia de lo que durante años sostuvo el discurso oficial de las dictaduras posteriores, el operativo se desarrolló bajo un gobierno constitucional, lo que lo convierte en un hecho clave para comprender la continuidad represiva entre el período democrático previo y la última dictadura militar.
A 50 años de aquel decreto, el 5 de febrero de 1975 permanece como una fecha central para la memoria histórica argentina, que interpela al Estado y a la sociedad sobre las responsabilidades políticas en el inicio de uno de los capítulos más oscuros del país.
Fuente: Medios Digitales
