El Congreso reinicia su actividad esta semana en el marco de las sesiones extraordinarias, con el oficialismo intensificando negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para lograr consensos y aprobar su paquete de proyectos.
La agenda de temas de los legisladores llega cargada al recinto, con la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la ley de Reforma Penal Juvenil.
En el caso de la reforma laboral, aunque el proyecto ya cuenta con dictamen en comisión en el Senado, los votos todavía no están asegurados tal como fue redactado, por lo que el oficialismo y aliados trabajan contrarreloj para sumar votos y evitar que el texto sufra tropiezos en su tratamiento.
Además, el temario contempla el acuerdo parlamentario para la designación de Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea, un punto de menor volumen legislativo pero con carga política, tanto por el perfil del candidato como por el contexto internacional.
La estrategia oficial es clara: avanzar en reformas estructurales con una agenda corta, mientras la oposición evalúa hasta dónde dar pelea y qué batallas vale la pena librar en pleno verano.
Las sesiones extraordinarias se desarrollarán del 2 al 27 de febrero, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 24/2026, que se publicó en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Reforma laboral, madre de todas las batallas
El primer tema en la agenda de extraordinarias es precisamente este paquete de cambios en la legislación laboral, que el Ejecutivo define como clave para “generar empleo registrado y terminar con la judicialización de conflictos”.
Para lograrlo, figuras como el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, se encuentran recorriendo territorios políticos y manteniendo reuniones con legisladores y gobernadores con el objetivo de convencerlos de acompañar la iniciativa.
En el sprint final de las negociaciones por la reforma laboral, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron el jueves pasadoen la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli, y reclamaron una compensación por la pérdida de fondos coparticipables que implicarán los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto.
La cumbre nucleó a tres caciques dialoguistas, que fueron clave a lo largo de la gestión libertaria para apuntalar distintas iniciativas de Javier Milei en la arena legislativa.
El objetivo central fue acercar posiciones de cara al tratamiento del proyecto del oficialismo, que será discutido por el Senado la semana próxima. También forma parte de ese grupo el misionero Hugo Passalacqua, quien no viajó en esta ocasión.
Régimen Penal Juvenil: dudas y presión por fondos
Diez días después de anunciar la postergación de su propuesta de modificación del Código Penal para concentrarse en la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno abrió un nuevo frente al decretar que su proyecto de Régimen Penal Juvenil se debatiría en las sesiones extraordinarias de febrero.
El último viernes incluso redoblaron la apuesta y convocaron a los familiares de Jeremías Monzón para una reunión con Patricia Bullrich, que insistió: “Va a ser ley”. Sin embargo, las dudas iniciales de los bloques aliados ponen un signo de interrogación a la afirmación.
“Nuestra postura es concreta: la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años”, señalaron desde la conducción del PRO a Ámbito.
“Insistir con los 13 años tiene el riesgo de que no se vuelvan a tener los consensos que tuvimos y significa volver a abrir la caja de pandora”, analizan desde la UCR, en donde entienden que “respetar el año de trabajo es defender el dictamen que firmamos muchos bloques”.
La posición de espacios cercanos a La Libertad Avanza vuelve a poner al oficialismo en la misma disyuntiva cada vez que pidió por el Régimen Penal Juvenil. El proyecto de Régimen Penal Juvenil ya había tenido avances en 2025 cuando logró dictámenes en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque nunca llegó a ser votado en el pleno.
Con la conformación actual del Congreso y una nueva composición de fuerzas, la iniciativa recupera impulso y se perfila como uno de los debates más sensibles del año.
En Balcarce 50 admiten que la inclusión de la ley Penal Juvenil en la conversación no era parte del plan original, pero la presión política y social en torno a la seguridad y la responsabilidad penal temprana obligó a abrir ese capítulo antes de lo previsto.
Expertos legislativos señalan que la discusión podría extenderse incluso más allá de las extraordinarias, hasta encontrar consensos básicos entre las distintas fuerzas.
Analistas políticos consultados remarcan que sumar la Ley Penal Juvenil al temario impone desafíos adicionales al Gobierno, que deberá gestionar expectativas tanto dentro de su propia coalición como con aliados dispersos. Este tipo de temas, más que sumar acuerdos automáticos, tiende a escalar las tensiones en la deliberación legislativa.
Ley de Glaciares
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo modifica la definición de “ambiente periglacial” respecto de la ley vigente, al referirse a territorios que pueden no contener glaciares y que presentan suelos permanentemente congelados o sometidos a ciclos térmicos de congelación y descongelación.
El texto establece que solo serán objeto de protección los glaciares y áreas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable como el almacenamiento o suministro de agua. Asimismo, transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar esos espacios.
A su vez, prevé la elaboración de un registro nacional de glaciares destinado a identificar las zonas comprendidas dentro del régimen de protección.
Acuerdo Mercosur – Unión Europea
El pasado 9 de enero se firmó un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Dicho acuerdo fija la supresión escalonada de tributos sobre el 91% de las exportaciones de ambos bloques, con períodos de transición de hasta 15 años para productos sensibles.
Para el Mercosur, esto implica cuotas más grandes de exportación de productos agropecuarios hacia Europa. Para la UE, significa una mejora en el acceso al mercado sudamericano para autos, autopartes, máquinas, productos químicos, vinos y quesos.
Baja de edad de imputabilidad y responsabilidad penal juvenil
El Gobierno amplió las sesiones extraordinarias para discutir la edad de imputabilidad y la creación de un sistema de justicia penal juvenil, dos conceptos distintos que serán el eje de una reforma sensible prevista para 2026.
La edad de imputabilidad se refiere exclusivamente al límite cronológico que determina si una persona puede ser sometida a un proceso penal. Actualmente, la Ley 22.278 establece que los menores de 16 años son no punibles, lo que impide que el Estado les aplique penas de prisión.
La iniciativa que impulsa el oficialismo propone reducir ese umbral a los 13 años, lo que permitiría que niños y adolescentes de esa edad respondan penalmente ante la Justicia por determinados delitos.
En cambio, la responsabilidad penal juvenil no define quién puede ser castigado, sino cómo debe ser juzgado un adolescente una vez superado el límite de edad. Se trata de un sistema específico de normas, instituciones y procedimientos distintos al régimen penal de adultos, que debe priorizar la resocialización y el interés superior del niño, tal como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos.
Mientras la baja de la edad de imputabilidad responde a la pregunta de a partir de qué edad el Estado puede castigar, la responsabilidad penal juvenil busca definir qué tipo de justicia se aplica a esos menores. Este último enfoque exige jueces especializados en niñez, defensas técnicas adecuadas y centros de detención diferenciados que eviten el contacto con criminales adultos.
La propuesta que comenzará a debatirse en el Congreso apunta a articular ambos conceptos para que cualquier modificación en la edad de punibilidad esté acompañada por un marco procesal específico.
El objetivo declarado del Gobierno es que el descenso en el umbral etario no funcione de manera aislada, sino dentro de un sistema que garantice derechos, reinserción social y el cumplimiento de las garantías constitucionales de los adolescentes.
