La pérdida del poder adquisitivo de los salarios volvió a quedar en evidencia con la última actualización del ejercicio “¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?”, elaborado por la Junta Interna de ATE INDEC. El informe, correspondiente a diciembre de 2025, establece que una familia tipo -dos adultos y dos hijos en edad escolar- necesitó ingresos muy superiores a los salarios efectivamente percibidos para cubrir sus necesidades básicas.
En el caso del Gran Buenos Aires, el cálculo arrojó que el salario mínimo necesario debió haber sido de $2.136.860 de bolsillo. Sin embargo, al regionalizar los datos, el relevamiento muestra que en el Nordeste argentino -región que integran Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa- el ingreso mínimo requerido alcanzó $1.901.988. La cifra, de casi 2 millones de pesos, funciona como un piso de subsistencia y no como un ingreso “óptimo” o deseable, según aclara el propio estudio.
Para Misiones, donde los salarios promedio se ubican históricamente por debajo de los grandes centros urbanos y el empleo acusa el impacto de la recesión, el dato adquiere una dimensión aún más sensible. La desaceleración del consumo, la caída de la actividad comercial y las dificultades que atraviesan sectores clave como la industria, el comercio y los servicios se combinan con ingresos que no logran acompañar el costo de vida real.
El informe de ATE detalla que, en diciembre de 2025, la canasta alimentaria mínima ascendió a $729.753, mientras que otros bienes y servicios esenciales -alquiler, transporte, salud, educación, vestimenta y servicios públicos- demandaron $1.407.107 adicionales. En conjunto, el monto expone la distancia creciente entre los salarios y el costo efectivo de sostener un hogar.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, la inflación acumulada alcanza el 259,4%, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC. En ese mismo período, el salario testigo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) perdió cerca del 30% de su poder adquisitivo. Si se actualizara por inflación, ese ingreso debería ubicarse hoy en torno a $1.483.708, pero en la práctica apenas supera los $656.000, lo que implica una pérdida real superior al 55%.
“El ajuste sobre los salarios es deliberado y premeditado”, sostuvo Raúl Llaneza, secretario general de la Junta Interna de ATE INDEC, al reclamar un aumento de emergencia del 52% en una sola cuota para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. El sindicato denuncia que la política salarial vigente profundiza el empobrecimiento de las familias trabajadoras y erosiona el mercado laboral formal.
Ese deterioro se refleja también en la destrucción de empleo. Según datos oficiales y de centros de análisis, desde el inicio del actual Gobierno nacional se perdieron entre 270.000 y 280.000 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 19.000 empresas.
En provincias como Misiones, donde el empleo privado es más vulnerable a los ciclos económicos, el impacto se traduce en mayor informalidad y precarización.
La situación es todavía más crítica entre los trabajadores monotributistas, muchos de ellos vinculados al Estado. Con ingresos mensuales que rondan los $776.000, acumulan pérdidas equivalentes a más de siete meses completos de honorarios en los últimos años, sin acceso a derechos básicos como aguinaldo o recomposiciones salariales reales.
El relevamiento de ATE, acompañado por un mapa comparativo de salarios mínimos por región -donde el NEA aparece entre los ingresos más bajos del país- refuerza una conclusión inquietante: aun en las regiones con menor costo de vida relativo, los salarios ya no alcanzan para cubrir lo indispensable. En un escenario de recesión persistente y dudas sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria, el debate sobre ingresos y poder adquisitivo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda social y económica de Misiones.
