La implementación de un nuevo sistema de evaluación por parte del Gobierno nacional dejó, en una primera instancia, a solo 110 personas habilitadas dentro del padrón del Programa de Asistencia Integral al Celíaco en Misiones.
El número surge del primer cruce de datos realizado por el Ministerio de Capital Humano, que aprobó menos del 25% de las 450 presentaciones realizadas por Misiones. El resto, recibió observaciones por “inconsistencias administrativas” y desde la cartera social se procedió a la baja provisoria.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la subsecretaria de Acción Social de la provincia, Anahí Repetto, se refirió a los resultados de esta primera instancia de análisis, que dejó afuera a un número importante de los titulares del programa.
“Se está hilando muy fino en un padrón que era más contemplativo”, evaluó Repetto, quien indicó que muchas bajas se justificaron por “un sello que no se veía bien porque era un estudio de hace más de 10 años” o porque se empezó a solicitar como requisito un grado de lesión mayor en el estudio de biopsia intestinal.
El programa, establecido para cumplir con la Ley 26.588 y sus modificatorias, entrega a personas diagnosticadas con esta patología y sin cobertura de salud un módulo alimentario al mes, que cubre el 27,5% del valor total de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) promedio, definida por el INDEC.
Primer cotejo
Repetto recordó que el punto de quiebre fue en 2024: “Ese año se mantuvo el programa hasta octubre. Ese mes fue el último pago que recibimos (desde la Nación) de la mercadería que se entrega a los 987 titulares de derecho del padrón provincial”, dijo.
Desde entonces, los desembolsos de la Nación quedaron suspendidos hasta febrero de 2025, cuando Capital Humano informó a las áreas de asistencia social de cada provincia que la decisión era “cortar el programa momentáneamente”, indicó Repetto.
La suspensión de pagos se extendería hasta que se realice la evaluación de los padrones provinciales desde la cartera nacional. Esa instancia comenzó recién en diciembre de 2025, cuando se habilitó un sistema digital para la carga de documentación.
“Todo 2025 fue la Provincia la que sostuvo el programa. Los informáticos de la Nación crearon un sistema nuevo y en diciembre nos dieron semana y media para cargar los datos para restablecer la línea. Por el momento nos autorizaron 110 titulares de derecho de 987”, puntualizó Repetto. Por el margen acotado de tiempo, la funcionaria argumentó que solamente se pudieron completar 450 cargas de datos.
Aprobados esos 110 beneficiarios, la Nación realizó el desembolso de un poco más de 31 millones de pesos, equivalentes a seis meses de asistencia para esas personas. “Hoy tenemos estos fondos, pero sin contemplar inflación. Tenemos que esperar que no se disparen los precios para que estos siete productos no se conviertan en cinco”, indicó Repetto.
También descartó que se pueda adquirir todo en una sola compra, ya que “los productos sin gluten necesitan cuidados especiales”, no se pueden almacenar junto a otros módulos alimenticios ni siguiendo los mismos procedimientos, explicó.
Antes, las compras se realizaban “a mes vencido”: se otorgaban los fondos luego de entregar la mercadería. “Así se trabajó por años, con el compromiso de que obviamente con la ley nacional el programa iba a seguir. Nadie iba a pensar que esto se iba a cortar”, analizó la subsecretaria.
La promesa nacional es retomar el cotejo en febrero. Por el alto índice de bajas, “tenemos una agenda donde nos van a permitir volver a hacer carga de más beneficiarios y hacer correcciones de los que se cargaron y quedaron afuera”, precisó Repetto.
Motivos de las bajas
Para la responsable de Acción Social, las razones que motivaron algunas bajas son causa de discusión. La subsecretaria puntualizó que incluso en la presentación de la biopsia intestinal, un estudio clave para confirmar el diagnóstico de celiaquía y el acceso a esta prestación, desde Capital Humano presentaron observaciones y suspendieron a titulares.
En algunos casos, se decidió la baja de beneficiarios porque “en la biopsia el sello del médico no se veía bien”, debido a que se trataba de estudios realizados hace más de una década. Además, aseguró que “nos están pidiendo grado II de lesión como requisito”.
Vale recordar que la biopsia intestinal asigna un grado del I al III a cada paciente, de acuerdo al nivel de daño intestinal que presenta al momento de realizar el estudio. Tres es el de mayor gravedad, uno el mínimo.
“Teníamos muchos beneficiarios con grado I de lesión. Y lo que yo digo es que ese grado I está indicando que las personas están enfermas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que se enfermen más para que pasen a grado II? Es una locura”, cuestionó Repetto. Otros motivos de baja surgieron del cruzamiento de bases de datos, que en muchos casos ya no coincidían entre sí o con la realidad de cada beneficiario.
“Hacen los cruces con la ANSeS o con el INTI y muchas veces no les coincide y rebotan (el trámite). Nos rebotaron muchos casos porque eran de un lugar y vinieron a otro, por ejemplo, están en Puerto Esperanza, pero vivían antes en Oberá”, precisó Repetto.
Lo mismo ocurrió con la cobertura de salud. “En algunos casos en ANSeS marcaba que tenían obra social, pero en realidad no tenían porque se quedaron sin trabajo. Hasta que se actualiza el sistema tienen que ir a pedir en la obra social la certificación negativa”, explicó.
El registro de algún vehículo, como motos o autos, también fue factor para la baja. “Hay algunos casos que no vamos a poder salvar, porque por ejemplo tienen un vehículo registrado de menos de 10 años. Entonces, se van a quedar afuera”, afirmó la subsecretaria.
Pedido de revisión
La promesa nacional es retomar el cotejo en febrero. En esa segunda etapa se habilitaría la suba de datos de los 537 beneficiarios restantes y Repetto aclaró: “Nos van a permitir hacer correcciones de los beneficiarios que se cargaron y quedaron afuera”.
Por eso, precisó que desde Acción Social trabajan con un equipo médico en la preparación de esos casos, sobre todo aquellos en los que la razón de la baja fue la documentación, tanto por fallas de escaneo como por versiones físicas en estado deteriorado.
“No están cumpliendo con la ley”
El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, también se refirió a los resultados de la evaluación y expuso: “Nadie está en contra del cruzamiento de datos ni de la verificación”. El problema es que “esto se dilata mucho en el tiempo”.
“Estuvimos esperando una transferencia de 30 millones de pesos, casi dos años de gestión de ello, y para nosotros es casi irrisorio, cuando un módulo vale 47.000 pesos”, agregó.
La falta de cumplimiento del programa por parte de la Nación durante esos dos años la consideró un agravante. “Primero hay que entender que ellos no están respetando la ley, segundo que nosotros no nos quedamos con la plata. Sostuvimos el programa con fondos provinciales, pero llega un momento en que la caja está hoy totalmente desbordada”.
Y también evaluó que el principal problema a futuro no solo son las bajas, también “sentarte con el proveedor y que te respete un precio de 47.000 pesos por seis meses”.
“No sabemos qué va a pasar y todas esas cuestiones las terminamos resolviendo nosotros”, cerró.
