La clausura de un geriátrico que funcionaba de manera irregular en el barrio San Isidro de esta Posadas reavivó la preocupación por los espacios habilitados para alojar en condiciones dignas a adultos mayores.
Sebastián Báez, coordinador de la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, fue contundente respecto al escenario: “La demanda es grande y muchos familiares encuentran en un geriátrico un depósito para el adulto mayor. Lo dejan ahí, pagan y no van más a ver cómo está”, dijo a PRIMERA EDICIÓN.
Los datos de Salud Pública dan cuenta de ese escenario: en Posadas hay apenas seis geriátricos habilitados y a nivel provincial funcionan menos de 20. En cada uno pueden residir hasta 20 adultos mayores, una cifra que marca la brecha entre esos cupos y un grupo poblacional que crece: de acuerdo al último censo del INDEC, en 2022 representaba el 8,3% de la población provincial total.
Una demanda que desborda
L
o ocurrido en el barrio San Isidro no puede analizarse de manera aislada. La realidad actual en la provincia respecto a las residencias para adultos mayores marca un escenario de pocos espacios habilitados y con plazas reducidas, que motiva el surgimiento de locales irregulares ofreciendo este servicio.
“Al tener tan pocos geriátricos habilitados legalmente, que a veces no tienen cama, la gente va y busca el primero que ve”, describió Báez. También apuntó que la crisis económica y las familias que no verifican cómo vive y se cuida a la persona mayor una vez ingresada complejizan la escena.
De acuerdo a lo que detalló el coordinador de Gerontología, el espacio clausurado en San Isidro era “muy precario” y “en ningún momento tuvo la habilitación” para acoger a adultos mayores.
De hecho, contó que durante la revisión que realizaron antes de la clausura constataron que no había historias clínicas ni insumos como botiquines o medicamentos. Tampoco personal médico o de asistencia.
El espacio funcionaba en un inmueble alquilado, donde los adultos mayores residían sin controles de salud compartiendo instalaciones e incluso el baño con otras cinco personas ajenas. Un dato no menor, porque agrega gravedad al caso, es que la persona que oficiaba como director del lugar se había desempeñado como personal del Ministerio de Salud Pública, teniendo pleno conocimiento de los requisitos de habilitación.
En ese sentido, Báez explicó que antes de su habilitación, un espacio de cuidado para adultos mayores debe atravesar un proceso de evaluación. A nivel provincial, esa aprobación la realiza el Ministerio de Salud Pública, pero en Posadas el “filtro” es doble, porque también interviene la Municipalidad.
La habilitación es obligatoria para que el espacio pueda funcionar legalmente. Báez explicó que no se admiten permisos provisorios. La Municipalidad evalúa cuestiones edilicias y Salud Pública las condiciones sanitarias y de personal médico, ya que además de un responsable comercial, un geriátrico debe contar con un director médico y un equipo de enfermeros y especialistas.
Una vez aprobada esa evaluación, la habilitación debe renovarse anualmente y, en la práctica, el circuito se traduce en una oferta mínima, porque los requisitos por cumplir son varios, los recursos humanos a veces son insuficientes y tampoco hay plazos definidos entre el inicio del proceso de habilitación y el acondicionamiento de los inmuebles.
Actualmente, el funcionario detalló que los procesos de habilitación “son bastantes, en Posadas hay unos 5 o 6, y a nivel provincial, unos 10 u 11”.
Consentimiento y derechos
La Defensoría del Pueblo de Posadas acompaña las revisiones de estos espacios de cuidado a través del Observatorio para la Promoción de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que asiste para garantizar el monitoreo de los establecimientos desde una perspectiva de derechos.
Patricia Figueredo, responsable del observatorio, detalló a este medio que trabajan en la revisión anual de los listados oficiales de geriátricos habilitados y a partir de esa información se organizan las visitas conjuntas con la Dirección de Gerontología. En los recorridos, observan las condiciones de vida y trato de los adultos mayores.
Figueredo aseguró que una de las principales preocupaciones que deja ese trabajo de seguimiento es el consentimiento de la persona mayor de querer residir en estos espacios en coincidencia con lo que manifestó ayer la especialista en gerontología Mirta Soria, en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, donde puso el foco en un punto central: la voluntad de la persona mayor.
La coordinadora evaluó que es un concepto poco trabajado y que muchas veces queda por detrás de la decisión de las familias.
“Nos dicen ‘acá está el contrato de la familia’, pero no es que cumplís 60 años y ya no tenés ningún poder de decisión sobre tu vida. Un adulto mayor sigue siendo un sujeto de derecho y no un trapo viejo que lo depositamos donde queremos, así lo vemos desde la Defensoría”, sintetizó.
