El Presupuesto 2026 enfrenta un complejo escenario fiscal, marcado por el impacto de leyes aprobadas en 2025, la dinámica de la inflación y la discusión de la reforma laboral.
Para alcanzar el superávit primario del 1,5% del PBI previsto por el Gobierno, el esquema exige una significativa reducción real en los gastos discrecionales, incluso mayor si se aprueban los cambios tributarios en debate.
De acuerdo al IERAL, de la Fundación Mediterránea, hay tres razones que cambian los números del Presupuesto 2026. En primer término, este no contempla los mayores desembolsos derivados de las leyes sancionadas en 2025 vinculadas a educación y discapacidad.
El impacto fiscal de la ley de financiamiento universitario se estima en torno al 0,23% del PBI, mientras que el de la ley de discapacidad asciende al 0,36%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Aunque el Ejecutivo intentó incorporar disposiciones para neutralizar esas mayores erogaciones, esa alternativa no logró avanzar en el Congreso. En segundo lugar, si la inflación anual proyectada por el Gobierno (10,1%) termina siendo menor que la efectivamente registrada, es probable que la recaudación tributaria nominal supere lo previsto originalmente.
Bajo el supuesto de una inflación del 23% anual, el IERAL señala que los ingresos impositivos totales podrían aumentar alrededor del 33% en términos nominales y ubicarse un 4,7% por encima, en términos reales, de los niveles alcanzados en 2025.
Sin embargo, una inflación más elevada que la contemplada, que es el escenario más factible para los economistas, también implicaría un incremento del gasto por encima de lo presupuestado, en particular en aquellas partidas que se actualizan automáticamente por inflación, como jubilaciones, AUH y otros programas. A ello se sumarían los gastos asociados a las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, que pasarían a tener un carácter automático.
Así las cosas, “con mayores recursos tributarios que aumentan nominalmente con la inflación, con algunas erogaciones que ajustan también automáticamente por inflación, si el resto de las erogaciones (’discrecionales’) se mantienen en los niveles presupuestados, el superávit primario en 2026 apuntaría a 1,9% del PIB, en lugar del 1,5% presupuestado. Pero esto es sin considerar la reforma laboral y tributaria que se discute en el Congreso”, resaltó el estudio elaborado por Marcelo Capello y Gaspar Reyna.
Los cambios tributarios de la reforma laboral
Además, en el corto plazo volverá a debatirse el proyecto de ley de Modernización Laboral, que contempla modificaciones impositivas. En caso de ser aprobado, implicaría una reducción de la recaudación por contribuciones patronales cercana al 0,5% del PBI, costo que recaería íntegramente sobre el gobierno nacional.
A ello se sumarían menores ingresos tributarios derivados de cambios en el impuesto a las ganancias, impuestos internos y otros gravámenes, con un impacto fiscal estimado en torno al 0,33% del PBI, según Invecq. De ese total, un 0,14% del PBI correspondería a la Nación y el 0,19% a las provincias, dado que se trata de tributos coparticipables.
“Si dicha reforma tributaria se aprueba, ¿cuánto debería variar el gasto discrecional en 2026, en valores constantes, para alcanzar el superávit primario presupuestado de 1,5% del PBI? En este caso, el gasto discrecional debería caer un 19% real anual para cumplir esa condición. Con una inflación esperada del 23%, implica que el gasto discrecional deba aumentar nominalmente sólo un 4% respecto a 2025”, precisó el IERAL.
“Inclusive, aun sin aprobarse el capítulo tributario de la Modernización Laboral, debería existir un recorte del 9% real en el gasto discrecional (implica una suba nominal del 17%), para alcanzar en 2026 un superávit primario de 1,5% del PBI”, estimó.
En síntesis, mientras que en 2024, a nivel nacional, se redujeron tanto el gasto con ajuste automático por inflación (-11%) como el gasto discrecional (-37%), en 2025 el gasto automático registra un aumento del 12%, en simultáneo con una caída del 12% del gasto discrecional.
De cara a 2026, según el análisis, si se aprueban los cambios tributarios contemplados en la reforma laboral, el gasto discrecional debería enfrentar un nuevo recorte del 19% en términos reales para cumplir con la meta de superávit primario del 1,5% del PBI. En caso de que dicha reforma no avance, el ajuste requerido sería del 9%.
“La situación se vuelve más desafiante, en materia de recortes de erogaciones, si las provincias consiguen que la Nación las compense por la caída de alrededor de 0,2% del PIB en los recursos de coparticipación que significaría la reforma en el impuesto a las ganancias, internos y otros. En este escenario, el recorte de erogaciones discrecionales por parte de Nación debería resultar del 22% real anual, para lograr el superávit primario de 1,5% del PBI”, añadió el informe.
La necesaria reforma tributaria
A criterio del IERAL, resulta necesario avanzar con algunos de los cambios impositivos previstos en el proyecto de modernización laboral, en particular la reducción de la carga de contribuciones patronales y de las alícuotas del impuesto a las ganancias corporativas, con el objetivo de acercar al país a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de ciertos países de la región.
No obstante, el instituto señala que, de manera prioritaria, también se requieren reformas tributarias adicionales sobre los 5 impuestos que consideran más distorsivos: derechos de exportación, impuesto a los débitos y créditos bancarios, ingresos brutos, sellos y la tasa de seguridad e higiene.
Los analistas sostienen que ese desafío exige continuar reduciendo el peso del gasto público sobre el PBI, tanto a nivel nacional como provincial, al menos mediante la congelación del gasto nominal durante varios años. En esa línea, el gasto primario acumuló una caída real del 27% en la Nación entre 2023 y 2025, frente a una reducción del 9% en las provincias.
Pero en 2025 el gasto primario todavía se ubica un 51% por encima del nivel de 2005 en el ámbito nacional y un 64% por encima en el conjunto de las provincias, en términos reales, mientras que la población creció apenas un 16% en las últimas dos décadas.
“Ergo, se produjo un avance desmedido del sector público en las últimas dos décadas, que ahora en buena medida debe desactivarse, para dar lugar a las reformas estructurales necesarias para que el sector privado pueda competir en el mundo”, concluyó el IERAL.
