El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social en todo el país ante la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de divisas, y dispuso medidas excepcionales por el plazo de un año para garantizar el abastecimiento y sostener la actividad económica. La decisión fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz Pereira mediante el Decreto Supremo 5517, según informaron medios locales.
Entre los principales puntos, la norma autoriza de manera extraordinaria la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación, bajo un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector. El giro representa un cambio relevante en la política energética del país, en un contexto marcado por la escasez de dólares y las restricciones externas que afectan el normal abastecimiento interno.
De acuerdo con el Ejecutivo, la medida responde en particular al “déficit extremo” de diésel, combustible clave para el transporte, la agroindustria y otros sectores estratégicos. En ese marco, el decreto dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas y eliminó por un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas, con el objetivo de agilizar su importación y distribución.
Además, se estableció el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, una decisión orientada a reducir costos y facilitar el ingreso del combustible al país, en un intento por aliviar los cuellos de botella que vienen afectando al mercado interno.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos, y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”, señala el texto oficial.
La norma instruye a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el acceso a la infraestructura del sector en un período de hasta 15 días.
Desde el Gobierno sostienen que la declaración de emergencia apunta a mitigar el impacto de la crisis en la población y evitar una mayor afectación de la producción y el empleo. Sin embargo, la habilitación del sector privado para importar combustibles a precio de mercado abre interrogantes sobre el impacto en los precios internos y el alcance real de la medida para resolver una crisis atravesada por la falta de divisas.
Fuente: Agencia de Noticias NA
