El reciente llamado a una consulta pública por parte de Vialidad Nacional, destinada a discutir un aumento de hasta 19% en las tarifas de peajes, generó fuertes críticas por parte de organizaciones de defensa de usuarios viales.
Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), calificó la medida como “lamentable e inconcebible” en la FM 89.3 Santa María de las Misiones, y cuestionó la manera en que se gestiona la red de concesiones. Según el dirigente, el aumento favorece a la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, a la que definió como “una sociedad totalmente truchera, ilegal, una vialidad paralela que crearon en la gestión de Macri y que solo se limita a cobrar el peaje, nada más”.
Lasca destacó que los nuevos concesionarios comenzarían con tarifas ya incrementadas, a pesar de que las concesiones prevén solo “corte de pasto y bacheo”, sin inversiones significativas en autopistas o autovías para mejorar la seguridad vial. Según sus cálculos, el costo para los usuarios podría superar los 4.000 pesos por automóvil, mientras que los camiones podrían pagar cerca de 30.000 pesos por peaje en las nuevas 54 estaciones que se sumarán a las 45 existentes.
Para el dirigente “tener un vehículo parece un delito, es un castigo. Esto no es peaje, es un invento de la alcaldía menemista”, y advirtió que la consulta pública escrita “no posibilita el debate, el cambio de opiniones y las rutas son de dominio público, no son propiedad de un presidente o un gobernador”.
El dirigente también cuestionó la prioridad que se da a la actualización tarifaria por encima del bienestar de los usuarios: “¿Quién readecua el bolsillo de la gente que no damos más?” Además, alertó sobre el impacto económico en provincias alejadas y sectores productivos: “No se imagina la incidencia que tiene cuando usted lleva madera en bruto, la incidencia es tremenda en el costo de los fletes”.
Finalmente, Lasca criticó la falta de un plan vial serio: “Hemos presentado proyectos de ley para un plan vial libre de peaje. No los tratan, se cajonean los proyectos en el Congreso”, y señaló que los recursos existen, pero son desviados: “La plata está, señores, pero se la roban”.
Cabe remarcar que la participación ciudadana, aclararon, no es vinculante, y la decisión final quedará en manos del organismo.
