El gobernador Hugo Passalacqua dispuso nuevamente la suspensión de las designaciones de personal en planta permanente en el Estado provincial, una medida de racionalización del gasto que regirá desde el 12 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto N° 75, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en un contexto de restricción de recursos que afecta a todas las provincias.
Según el texto del decreto, las circunstancias que motivaron normas similares en años anteriores “perduran en la actualidad”, por lo que el Poder Ejecutivo consideró “oportuno y conveniente” mantener el congelamiento de los nombramientos. La medida se apoya en antecedentes recientes: durante 2025 el Gobierno provincial ya había avanzado en una política de control del crecimiento de la planta estatal, en línea con la caída de transferencias nacionales y la desaceleración de la recaudación.
El artículo 1° establece la suspensión general de las designaciones en planta permanente en toda la administración pública provincial. No obstante, el decreto fija excepciones para áreas consideradas esenciales. Quedan excluidos del congelamiento el personal docente y auxiliar docente, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario, y el personal profesional hospitalario, de enfermería y auxiliares de enfermería. Además, el gobernador se reserva la facultad de exceptuar casos puntuales en otras jurisdicciones, mediante decisión expresa.
Otro punto central del decreto es que los cargos vacantes pasarán a quedar a disposición del Poder Ejecutivo, con el objetivo de ser utilizados en el futuro de acuerdo a nuevos lineamientos de gestión del capital humano. En la práctica, esto implica que las vacantes no podrán ser cubiertas automáticamente por cada organismo, sino que quedarán bajo control centralizado.
Asimismo, todos los trámites de designaciones en curso deberán ser devueltos a las jurisdicciones de origen y quedarán suspendidos, al igual que la promoción de nuevos nombramientos durante el período de vigencia de la norma. La restricción no se limita a la Administración Central: alcanza también a organismos descentralizados, autárquicos y a las sociedades del Estado o entes de derecho privado donde la Provincia tenga participación mayoritaria.
Desde el Gobierno provincial vienen señalando que este tipo de medidas buscan preservar el equilibrio fiscal sin afectar el funcionamiento de los servicios básicos. En un escenario de ajuste nacional, con fuerte reducción de transferencias discrecionales y menor margen financiero para las provincias, Misiones opta por contener el gasto estructural del Estado como una forma de sostener sus cuentas sin recurrir a endeudamiento.
