El Presupuesto 2026 dejó una enseñanza que Javier Milei difícilmente pueda ignorar: gobernar no es declamar, es contar votos. Y en ese conteo, el oficialismo volvió a confirmar que no tiene mayorías propias ni margen para imponer su agenda sin pagar costos políticos concretos. El triunfo existió, pero fue ajustado, agónico y condicionado. Más que una victoria política, fue una supervivencia parlamentaria.
La votación en el Senado expuso con crudeza esa fragilidad. Ganar por dos votos sobre el quórum no es una señal de fortaleza, sino de límite. Aprobar el Presupuesto en general con 46 votos fue posible gracias a un operativo de emergencia que incluyó llamados de último momento, promesas explícitas, avales de deuda y concesiones a gobernadores. Lejos del relato épico libertario de la “casta derrotada”, el Congreso volvió a marcar el terreno real del poder presidencial.
Ese límite no se percibe solo en los pasillos legislativos. También se siente con claridad en las provincias, donde la política se mide menos en consignas y más en capacidad de gestión. El cierre de 2025 en Misiones deja una postal nítida: mientras el Gobierno provincial intenta sostener, coordinar y amortiguar, la economía real sigue mostrando fisuras cada vez más profundas.
La reunión encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua con intendentes no fue un gesto protocolar ni un balance de ocasión. Fue, sobre todo, una admisión política: el año fue durísimo y el margen de maniobra es estrecho.
Milei descubrió, en estos meses, que no tiene la vaca atada, sino que está atado. A los gobernadores, a los aliados dialoguistas y a un sistema político que no se deja domesticar por consignas ni por redes sociales. La necesidad de no romper definitivamente con el PRO, con Cristian Ritondo o con Mauricio Macri es hoy más urgente que cualquier consigna ideológica. La gobernabilidad se construye con acuerdos, no con posteos.
En ese contexto nacional adverso, con consumo deprimido, empleo en retroceso y provincias financieramente asfixiadas, Misiones eligió reafirmar una estrategia de contención basada en el trabajo conjunto con los municipios y en políticas activas de estímulo. Los programas Ahora y los Fondos de Crédito no son solo herramientas económicas: son, en este escenario, una barrera defensiva frente a una crisis que amenaza con desbordar lo social.
El Presupuesto también dejó al desnudo las tres grandes urgencias del Gobierno nacional. La primera es financiera. El vencimiento de deuda de enero, la pobre colocación reciente y la dependencia de un auxilio externo que aún no termina de materializarse muestran que el programa económico camina sobre una cornisa. Los anuncios de respaldo internacional generan expectativa, pero el mercado todavía no ve un salvavidas claro ni mucho menos definitivo.
Enero arranca con vencimientos por más de 4.200 millones de dólares y obliga al equipo económico a moverse en un margen cada vez más estrecho. El crédito externo sigue siendo caro, escaso y políticamente costoso. El menú alternativo confirma una realidad incómoda: el Gobierno se administra en modo supervivencia financiera.
Esa fragilidad macro tiene traducción directa en las economías provinciales. En Misiones, la centralidad otorgada al comercio no es casual. El comercio es empleo directo, circulación de ingresos y termómetro social. Por eso, cuando Passalacqua afirma que cuidar el comercio es cuidar el bolsillo de la gente, está describiendo una cadena completa: sin ventas no hay trabajo, y sin trabajo no hay consumo posible.
La segunda urgencia es política. La reforma laboral, presentada como pilar del modelo libertario, aparece rodeada de minas. El conflicto con el PRO, la disputa por los organismos de control y el recuerdo fresco de la amenaza de veto al Presupuesto encendieron todas las alarmas en las provincias. Nadie quiere discutir reformas estructurales sin antes garantizarse recursos, previsibilidad y reglas de juego estables.
Mientras esas discusiones se dan en el Congreso, la realidad de muchas ciudades muestra que la crisis ya dejó de ser potencial. Los procedimientos preventivos de crisis iniciados por cuatro empresas tradicionales de Posadas no son casos aislados. La pérdida del 30% del empleo formal en el comercio local en apenas dos años confirma que la crisis dejó de ser una amenaza para convertirse en estructura.
La tercera urgencia es social y económica, y es la más silenciosa. Cierre de PyMEs, despidos y consumo deprimido conviven con indicadores macroeconómicos que no se reflejan en la vida cotidiana. El Gobierno exhibe crecimiento del PBI y baja de la inflación, pero en amplios sectores la percepción es otra: “a mí no me tocó”. Esa brecha erosiona consensos más rápido que cualquier discurso opositor.
A ese cuadro se suma la naturalización de la precarización laboral. La utilización de cooperativas para tareas permanentes no solo reduce costos: debilita derechos y redefine hacia abajo el estándar de empleo.
El deterioro del consumo termina de completar la escena. La estabilización de precios no alcanza para recomponer el mercado interno. El consumo cae o se vuelve selectivo, y el crédito empieza a mostrar señales de agotamiento.
Ese desacople entre inflación controlada y consumo debilitado no es neutro políticamente. La estabilización sin recuperación real del ingreso tiene fecha de vencimiento social.
El trámite legislativo del Presupuesto dejó heridas abiertas: recortes, resistencias y un ajuste con ganadores y perdedores bien definidos. Y esos perdedores tienen representación política, territorial y social.
Ese retiro del Estado también se expresa en el interior productivo. En Misiones, el sector yerbatero atraviesa una discusión histórica. La desregulación total es leída como abandono de la Nación. Sin reglas claras, el mercado no se ordena: se concentra.
La yerba mate no es solo una economía regional; es una trama social. Sin controles y sin precio de la hoja verde, el resultado no es libertad, sino desigualdad.
Milei juega, por ahora, con una ventaja relativa: la fragmentación del peronismo. Cada ley se negocia voto a voto y cada triunfo es provisorio. La épica libertaria choca con la aritmética parlamentaria y con una economía real que aún no despega.
Comercio urbano en crisis, empleo en retroceso y sector primario desregulado no son escenas aisladas. Son capítulos de una misma historia: cuando el Estado se corre, la crisis se profundiza. En ese contexto, la apuesta provincial a la coordinación y la presencia activa no es ideológica: es una necesidad política para evitar que 2026 repita o agrave el balance amargo de 2025.
