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Murió la Ley de Alquileres: desde enero inquilinos pagarán monto extra

Con la extinción de la norma, los contratos se actualizan bajo otro esquema. El marco vigente al inicio es el que define qué dinámica de variación aplicar.

27 diciembre, 2025

En Argentina, actualmente, casi todos los alquileres de vivienda prevén actualizaciones periódicas en el monto mensual a abonar, pero la manera de realizarlos puede ser muy diferente según lo acordado en cada contrato y según cuál era la regulación vigente al momento de la firma, que deberá respetarse hasta el final.

Así, por ejemplo, los alquileres en marcha iniciados antes del 17 de octubre de 2023 todavía están regidos por la ley 27.551, que determinaba realizar un solo ajuste cada 12 meses usando el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.

Los alquileres comenzados entre el 18 de octubre de 2023 y el 29 de diciembre de 2023, en tanto, deben seguir respetando la ley 27.737, que definía ajustes cada 6 meses por el Coeficiente Casa Propia (CCP).

Por su parte, los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por el “Mega DNU” 70/23 de Javier Milei, que permitió acordar libremente entre las partes tanto la frecuencia como el índice. A partir de 2024, entonces, lo más común pasó a ser el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC cada 3 o 4 meses, aunque las partes también pueden pactar actualizaciones por ICL, CCP y otras fórmulas.

En cualquier caso, si el próximo ajuste se aproxima, tanto el inquilino como el dueño de la vivienda pueden emplear una calculadora online elaborada por Clarín para conocer fácilmente el nuevo monto, o bien una estimación si las estadísticas necesarias aún no estuvieran totalmente disponibles.

El 1° de enero de 2026 tendrán su actualización trimestral por IPC muchos contratos que comenzaron el 1° de octubre de 2025 o que tuvieron en esa fecha su último ajuste. El problema aquí es que todavía no está disponible toda la información para calcular el nuevo aumento. Ya se conoce el índice inflación del primer mes (octubre, 2,3%) y del segundo mes (noviembre, 2,5%), pero el dato de diciembre aún es una incógnita: será publicado recién el 13 de enero.

Por el momento, entonces, la calculadora estima una suba acumulada del 7,5%, que debe tomarse como un resultado meramente orientativo, ya que se obtiene proyectando la información faltante a partir del último dato mensual publicado. Ante esta dificultad que surge en cada actualización, hay quienes acuerdan postergar el vencimiento hasta mediados del mes. Otra opción es que el pago se realice sin ajuste en el plazo normal y que luego el inquilino abone la diferencia cuando sea posible calcularla con exactitud.

Hay contratos, finalmente, en los que las partes acuerdan otra solución: calcular el ajuste al final de cada período tomando la inflación de los últimos tres meses publicados por el INDEC.

En esos casos, como ya se sabe que la inflación fue del 2,1% en septiembre, del 2,3% en octubre y del 2,5% en noviembre, la suba acumulada será del 7,05%, llevando, por ejemplo, un alquiler que venía en $750.000 a $802.874 para enero, febrero y marzo.

Según el último informe del portal especializado Zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires el valor publicado promedio de alquiler de un monoambiente (40 m²) subió a $624.727 por mes para el primer período del contrato.

Asimismo, un departamento de dos ambientes (50 m²) pasó a costar unos $729.916 por mes y una unidad de tres ambientes (70 m²) se ubicó en $987.205 por mes.

Esos precios promedio, relevados durante noviembre, marcan que los alquileres en Capital tuvieron una suba del 2,2% en el último mes y que acumularon un aumento del 32,6% en 12 meses.

Claves

Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC paso a paso

En los contratos atados al IPC, el mecanismo es simple:

  • Identificar el período de ajuste (tres, cuatro o seis meses).
  • Sumar los porcentajes de inflación publicados por el INDEC durante ese período.
  • Aplicar ese porcentaje acumulado sobre el valor actual del alquiler.
  • El resultado será el nuevo monto que el inquilino deberá abonar a partir de enero.

¿Qué tener en cuenta tras la derogación de la Ley de Alquileres?

Con la eliminación del marco anterior, ya no existe la obligación de ajustes anuales ni de utilizar un índice específico. Cada contrato define:

  • El plazo de actualización.
  • El índice de ajuste (IPC, ICL u otro).
  • La forma de cálculo del aumento.

Por eso, desde enero, muchos inquilinos comenzarán a pagar un monto extra, determinado exclusivamente por lo acordado al momento de firmar el contrato.

Fuente: Medios Digitales

Tags: AlquileresCiudad de Buenos AiresContratos De AlquilerINDECInflaciónIPCmercado inmobiliarioVivienda
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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