La Comisión Nacional de Valores (CNV) introdujo una serie de modificaciones clave en su normativa con impacto directo en las pequeñas y medianas empresas que operan o buscan operar en el mercado de capitales, al avanzar en un proceso de ordenamiento, simplificación y armonización regulatoria.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 1099/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y se inscribe en una política más amplia de reducción de normas obsoletas y alivio burocrático, sin alterar las condiciones de emisiones ya realizadas.
Uno de los cambios centrales para el universo PyME es que determinadas emisoras quedarán exceptuadas de presentar el Certificado MiPyME, cuando se encuentren comprendidas exclusivamente bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto, tanto en emisiones de acciones como de obligaciones negociables. Esta decisión apunta a acortar tiempos administrativos y reducir costos para empresas que buscan financiamiento en el mercado.
En paralelo, la CNV dispuso que las PyMEs que hayan emitido obligaciones negociables garantizadas o valores de deuda de corto plazo antes del 19 de diciembre de 2025 continuarán regidas por las normas vigentes al momento de la emisión, hasta la cancelación total de esos instrumentos. De este modo, el organismo evita la aplicación retroactiva de cambios regulatorios, una demanda recurrente del sector empresario.
La resolución también avanza en la derogación de disposiciones transitorias que habían quedado abstractas, unifica criterios regulatorios y corrige errores normativos, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto a emisores como a inversores.
Desde la CNV señalaron que estas modificaciones forman parte de un proceso de armonización normativa, orientado a unificar criterios operativos entre distintos regímenes de inversión, en línea con las políticas nacionales de simplificación administrativa y desregulación.
Para las PyMEs, el nuevo esquema representa una señal positiva en términos de acceso al financiamiento, al reducir exigencias formales y ofrecer reglas más claras en un contexto donde el mercado de capitales aparece como una alternativa clave frente a las restricciones del crédito tradicional.
