La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), en una votación que reunió 186 votos afirmativos y dos abstenciones, y que derivó en un fuerte conflicto político e institucional por la forma en que se llevó adelante el procedimiento.
La terna avalada quedó integrada por Rita Mónica Almada, en representación de La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por el peronismo; y la exdiputada nacional salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal. Almada y Forlón prestaron juramento de inmediato para asumir funciones en el organismo de control.
El acuerdo fue aprobado cerca de las 3 de la madrugada, en el tramo final de una extensa sesión, lo que provocó la reacción de varios bloques que se retiraron del recinto para no convalidar la votación. Legisladores de Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo apuró la designación para cumplir compromisos políticos, y cuestionaron la legalidad del procedimiento por no estar incluido el tema en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.
Desde esas bancadas advirtieron que, al avanzar con el nombramiento fuera del orden del día, los bloques beneficiados por el acuerdo terminaron votándose a sí mismos, en una escena que calificaron como una muestra de las prácticas que el propio oficialismo suele atribuir a la “casta política”.
El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, anticipó que su espacio recurrirá a la Justicia y sostuvo que la designación de auditores generales no es una facultad habilitada durante las sesiones extraordinarias si no forma parte de la convocatoria del Poder Ejecutivo. En la misma línea, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y cuestionó el reparto de cargos en plena madrugada.
También se expresó el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, quien afirmó que “no hay un tema más por la ventana que nombrar personas a las tres de la mañana”, antes de retirarse del recinto junto a su bloque.
Más tarde, el bloque de diputados del PRO difundió un comunicado en el que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” y confirmó que iniciará acciones judiciales para impugnar la designación. En el texto, señalaron que el artículo 63 de la Constitución establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos expresamente incluidos en la convocatoria presidencial.
Además, remarcaron que la AGN es un órgano constitucional de control, cuya integración no puede considerarse una cuestión administrativa interna del Congreso. “Avanzar en su designación fuera del temario no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”, advirtieron, y calificaron la decisión como “nula de nulidad absoluta” por incompetencia constitucional.
Desde el PRO también expresaron su malestar político, al recordar que acompañaron al Gobierno en momentos clave por considerar necesario un cambio profundo en el país, pero advirtieron que ninguna transformación puede llevarse adelante al margen de la Constitución. El conflicto anticipa ahora un nuevo capítulo judicial y un foco de tensión institucional en torno al funcionamiento del organismo de control del Estado.
Fuente: Agencia de Noticias NA
