El proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Manejo del Fuego volvió a tensar el escenario político y abrió una nueva pulseada con el peronismo, que rechaza la iniciativa incluida en el paquete de reformas del Consejo de Mayo. La propuesta apunta a cambiar la normativa vigente, sancionada en 2020, que limita por 30 o 60 años el cambio de uso del suelo en tierras afectadas por incendios.
Tras el último encuentro del Consejo de Mayo, el Ejecutivo confirmó que enviará al Congreso una modificación de la Ley 26.815, impulsada en su momento por el entonces diputado nacional Máximo Kirchner. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien cuestionó la normativa actual al sostener que “atenta directamente contra la producción”.
“Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años tras un incendio”, afirmó Adorni, al señalar que el objetivo de las reformas es “poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento” y del desarrollo productivo.
La respuesta más dura llegó desde el peronismo. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, rechazó el planteo del Gobierno y aseguró que la única actividad que la ley vigente desincentiva es “prender fuego” para favorecer negocios inmobiliarios. Según explicó, el 95% de los incendios forestales son causados por la acción humana, muchas veces de manera intencional.
Vilar defendió la ley actual al remarcar que fue pensada para evitar incendios provocados que arrasaron con humedales, bosques nativos, viviendas y vidas, y aclaró que no prohíbe la producción ni la venta de tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo para frenar prácticas especulativas.
Desde La Libertad Avanza, en cambio, sostienen que la normativa vigente implica un avance sobre la propiedad privada y que no ataca las causas reales de los incendios, sino que “estigmatiza a los productores”. En ese sentido, el bloque libertario impulsa un proyecto alternativo presentado por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, con una mirada diferente sobre el problema.
Aunque el Gobierno había evaluado derogar la ley mediante un DNU, finalmente optó por avanzar por la vía legislativa, lo que anticipa un debate complejo en el Congreso.
En tanto, el PRO muestra posturas divididas. Si bien comparte críticas sobre la posible inconstitucionalidad de la norma y el alcance sobre la propiedad privada, el espacio también promovió un proyecto para agravar las penas contra quienes provoquen incendios intencionales, presentado en febrero de este año.
La Ley de Manejo del Fuego tiene como objetivo central impedir la especulación inmobiliaria y los cambios productivos en tierras incendiadas, ya sea por causas accidentales o intencionales, y se convirtió nuevamente en uno de los ejes de conflicto entre el Gobierno y la oposición.
