Una organización que reivindica abiertamente el accionar del terrorismo de Estado convocó para el sábado 29 de noviembre a una movilización en Plaza de Mayo con un gesto cargado de intención política: mujeres cubiertas con pañuelos negros, una estética pensada para contraponerse directamente a los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas. El objetivo declarado es exigir la liberación de represores condenados por delitos de lesa humanidad y avanzar públicamente sobre el relato histórico construido en torno a los crímenes de la dictadura.
La protesta será encabezada por la agrupación “Pañuelos Negros” y por referentes de Unión de Promociones (UP), un espacio que desde hace casi dos décadas trabaja para relativizar las responsabilidades del Estado durante el último régimen militar. Para sus integrantes, la cifra de 30 mil desaparecidos es una “mentira”, los juicios por delitos de lesa humanidad son una “injusticia” y muchos de los condenados deben ser considerados “presos políticos”.
UP nació en 2005, cuando la Corte Suprema se preparaba para declarar inconstitucionales las leyes de impunidad. Integrada por militares retirados y en actividad, represores presos, familiares y civiles afines, fue una de las primeras organizaciones en cuestionar abiertamente los procesos de memoria, verdad y justicia.
La llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel al gobierno generó esperanzas entre estos sectores, que le enviaron una nota al mandatario electo a través del diputado libertario Facundo Correa Llano. Allí afirmaban que sus discursos -negando la cifra de desaparecidos y describiendo los años ’70 como una “guerra”- abrían una “mirada superadora” para resolver lo que consideran un “tema pendiente”: la liberación de represores. Sin embargo, las promesas nunca se materializaron.
A veinte días de la asunción presidencial, un grupo encabezado por Cecilia Pando, Lucrecia Astiz y Marta Ravasi publicó una carta en el diario La Nación reclamando indultos inmediatos para que los condenados pudieran pasar las fiestas en sus casas. El pedido no prosperó y la decepción comenzó a fracturar internamente a un conglomerado que, pese a compartir la reivindicación de la dictadura, no es homogéneo ni en estrategias ni en protagonismos.
Mientras tanto, se articulaban gestiones reservadas con diputados de La Libertad Avanza y abogados de represores. En febrero de 2024, en la Fundación San Elías -dirigida por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida Jorge Olivera- se realizaron reuniones que luego derivaron en visitas a cárceles. La exposición pública de esos encuentros, con imágenes de privilegios, terminó dañando la posibilidad de llevar el reclamo al Congreso.
La principal impulsora del acto del 29 es Asunción Benedit de Lacal Montenegro, referente de UP en Bariloche, viuda de un militar que participó del Operativo Independencia y madre de un hombre involucrado en un resonante secuestro en 2009. Benedit mantiene una activa militancia negacionista y será una de las caras visibles del despliegue de los pañuelos negros. A su lado estarán Guillermo Sottovía, conocido influencer de extrema derecha, y la asociación FUHENAR, integrada por veteranos del Operativo Independencia y Malvinas.
Según distintas fuentes, detrás de esta marcha existe el apoyo económico de un empresario tucumano y la promoción política del cubano Eladio José Armesto y la historiadora militar Rosa Montesinos Díaz. En un contexto de retrocesos institucionales en materia de derechos humanos, la movilización busca disputar el sentido de uno de los espacios simbólicos más potentes del país.
Ver esta publicación en Instagram
Fuente: Data Clave
