El presupuesto destinado a la actual Secretaría de Educación –antes Ministerio– es el más bajo, en términos reales, desde 2006.
La información surge del cálculo que realiza la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a través de su monitor: ajustados a precios actuales, el monto asignado a esta Secretaría era de $6,5 billones en 2006 y es de $5,3 billones en 2025. Los años 2017, con $10,7 billones y 2023, con 11, 2 billones, fueron los de mayor presupuesto asignado a la educación en términos comparativos.
Pese a que desde el Gobierno lanzaron en 2024 el Plan Nacional de Alfabetización y anunciaron que la educación sería prioritaria, el programa orientado a la capacitación docente también tiene el presupuesto más bajo desde 2008 (primer año en el que registra ACIJ) cuando equivalía a los $46.322 millones a precios de 2025. Este año ese monto asciende a los 9.772 millones de pesos.
El programa de Compensación Salarial Docente fue uno de los más golpeados. Se creó en 2005 para garantizar un fondo extra que permitiera completar el piso salarial en las provincias con menos recursos. Desde ese momento pasó de contar con los $ 1,47 billones vigentes a los $ 1.000 millones actuales (y de los cuales, según pudo constatar PERFIL, no se ejecutó un solo peso). Entre 2016 y 2025 el dinero destinado al fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes pasó de los $42 mil millones a los $14 mil millones vigentes a noviembre de 2025.
Qué dice la ley
La ley de Educación Nacional establece, en su artículo 9, que el Estado garantizará el financiamiento del sistema y que el presupuesto no debe ser inferior al 6% del PBI.
Sin embargo, destacan desde un informe de Argentinos por la Educación, “la meta del 6% se alcanzó solamente en el ejercicio de 2015, acumulando entre 2006 y 2020 una deuda equivalente al 5% del PIB”.
Agregan que el Presupuesto 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo -en proceso de aprobación o rechazo en el Congreso- “busca derogar expresamente el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, eliminando la exigencia legal de destinar un mínimo del 6% del PIB a la educación”. Además, afirman que, a partir de 2020 la inversión en educación “mostró una recuperación paulatina hasta llegar a 1,41% en 2023, seguido nuevamente de una caída en 2024 (0,86%)”.
Las previsiones al cierre de 2025 y las estimaciones para 2026, agregaron, “anticipan una profundización de esta tendencia, con niveles de inversión en Educación y Cultura equivalentes al 0,73% y 0,75% del PIB, respectivamente”.
El documento analiza también el comportamiento del presupuesto para 2026. Para ese año la variación nominal del presupuesto de la Secretaría sería del 17,9%, lo que equivale a un crecimiento real de 3,6% con la inflación prevista en el proyecto de presupuesto, y del 0,1% medida respecto a la inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), “mostrando un margen de incremento real mínimo”, destacan.
¿Más recortes?
Diferentes versiones periodísticas señalaron esta semana que el Gobierno trabaja, además, en la derogación de la actual ley de educación y que el borrador incluye, entre otras cosas, la posibilidad de la enseñanza a distancia, la evaluación a docentes y la autorización a las provincias para impartir contenido religioso y confesional en las escuelas públicas.
Desde el Ministerio de Capital Humano respondieron, ante la consulta de PERFIL, que, “al igual que la reforma laboral, todo esto se trabaja dentro del seno del Consejo de Mayo con absoluta discreción”. El resto, afirmaron, “son operaciones periodísticas” y enfatizaron que desde el Ministerio no había nada para decir “porque es un ámbito cerrado y reservado”.
Como antecedente, el proyecto original de la ley Bases que envió el Ejecutivo al Congreso en diciembre de 2023 incorporaba los estudios “híbridos y a distancia” como “alternativa a la educación presencial” a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos.
También incorporaba a la ley de educación vigente la evaluación continua de los docentes “mediante un examen que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos”.
La evaluación periódica “será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país”. Esas capacidades deberán revalidarse, de acuerdo con este proyecto, cada cinco años.
“La reforma es un mamarracho”
Mientras el presidente Javier Milei proyecta una reforma del ámbito escolar que destruye el sistema nacional actual, deposita la toma de decisiones en las familias, habilita la formación en el hogar y admite la enseñanza religiosa en escuelas estatales, entre otras transformaciones educativas impulsadas en nombre de la libertad, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ya expresaron su repudio, ante una propuesta que sus detractores definen como “terraplanismo educativo”.
“El mamarracho que circula bajo el título ‘Ley de libertad educativa’ es un proyecto de reforma terraplanista que destrozaría el sistema educativo nacional”, advirtió el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky.
Y la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó que el proyecto llevaría al sistema educativo argentino a una situación “anterior a la Ley 1.420, que es de 1884, y creo que escandalizaría a Domingo Faustino Sarmiento, porque las bases del sistema nacional, público, gratuito, son de esa época”.
El documento, difundido por el portal LPO, refleja la intención del Ejecutivo de contar con una ley de libertad educativa, sostenida en “el derecho de toda persona a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos fundamentales”. Un proyecto que busca desbancar a la Ley de Educación Nacional (26.206), que rige desde 2006.
De qué se trata el proyecto libertario
El proyecto habilita el homeschooling o educación hogareña, retomando una propuesta que la Ley Ómnibus buscaba permitir a partir de los 9 años. En su momento, aquella iniciativa recibió tal repudio que se frenó. Ahora, tras el envalentonamiento electoral, la apuesta se redobla y ni siquiera se establece una edad mínima para la no presencialidad.
Algo llamativo, en un gobierno integrado por muchas voces que en pandemia reclamaban por la apertura de las escuelas.
La norma educativa de Milei apunta a la libertad pedagógica y la autonomía como elementos principales, dando vía libre a que las instituciones diseñen sus propios planes de estudio “conforme a su ideario y proyecto educativo”.
Que cada quien se eduque como quiera, con un piso mínimo de contenidos comunes y una base horaria obligatoria menor a la actual.
El colectivo docente alertó: “observamos con preocupación que bajo el uso banalizado de valor de la ‘libertad’, este proyecto pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad”.
De hecho, la reforma reflota la idea de los vouchers educativos, una de las promesas de campaña de Milei.
