La nueva hoja de ruta ya está trazada. El Presupuesto 2026 será el puntapié para la nueva etapa del Gobierno y, una vez superado ese peldaño, restará esperar la conformación del nuevo Congreso para desandar las reformas. La laboral pica en punta y promete ser de las más complejas, no tanto por la resistencia que pueda ofrecer un arco opositor cada vez más acotado y atomizado, sino por los reparos del sindicalismo, último escollo para el Gobierno en su afán de transformar las relaciones laborales en Argentina.
Respecto al nuevo mapa legislativo, se multiplican las versiones, no confirmadas, que ubican a cinco gobernadores de distintos espacios políticos avanzando en la conformación de un frente legislativo federal para negociar en mejores condiciones con la Casa Rosada.
Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y el misionero Hugo Passalacqua serían de la partida pues comparten tres objetivos centrales: garantizar obras y recursos, diferenciarse del kirchnerismo duro y acompañar con matices las reformas que impulsa Javier Milei en el Congreso.
El armado, aún en definición, podría tomar la forma de un bloque único o un interbloque y tendría un peso significativo: entre 25 y 30 legisladores que se sumarían a la base de apoyo que el Gobierno ya consolidó junto al PRO, cercana a los 100 diputados.
La posibilidad de un bloque federal cobró fuerza tras las reuniones entre Sáenz, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco del recorrido oficial por las provincias para sellar acuerdos duraderos.
Jaldo ya cuenta con su propio bloque, “Independencia”, y no se descarta la convivencia con otros espacios dialoguistas como Provincias Unidas, aunque sin una integración formal.
Mientras tanto, el peronismo alineado con Cristina Kirchner se mantiene distante de cualquier negociación relevante.
El sector de gobernadores también respalda la necesidad de avanzar en las reformas clave para el Ejecutivo: Presupuesto, modernización laboral, reforma tributaria y endurecimiento del Código Penal. En ese sentido, Jalil marcó posición pública al reclamar una agenda más federal y mayor autonomía para que los mandatarios provinciales negocien sin condicionamientos del Conurbano bonaerense.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei también tiene su estrategia. Por estos días acelera para asegurarse el control del Congreso y encuentra en Patricia Bullrich a su principal operadora política.
Convertida en el ariete oficialista, la futura jefa del bloque libertario en el Senado ya logró sumar ocho diputados del PRO a La Libertad Avanza, garantizando los votos necesarios para sostener decretos y vetos sin depender de aliados circunstanciales. El foco ahora está puesto en el Senado, donde el peronismo pasará de 34 a 28 bancas, su piso histórico.
La Casa Rosada apuesta a profundizar la división entre kirchneristas y “federales”, y Bullrich apunta especialmente al subbloque Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Fernando Salino, Fernando Rejal y Guillermo Andrada, todos distanciados de la conducción kirchnerista.
El propio gobernador Jalil, jefe político de Andrada, mantiene diálogo fluido con el Gobierno y estaría dispuesto a acompañar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.
A este escenario se suma la decisión del santiagueño Gerardo Zamora de armar su propio bloque, lo que debilita aún más a Unión por la Patria.
En paralelo, Bullrich sondea a referentes del PRO y la UCR para asegurar, de mínima, los 37 votos de quórum y, de máxima, un interbloque que incluso permita acercarse a los dos tercios. Mientras el oficialismo coordina esta ingeniería parlamentaria junto a Karina Milei y Martín Menem, el peronismo entra en alerta ante una posible fractura interna que podría redefinir el mapa de poder en el Senado.
Por otra parte, Bullrich aceita el funcionamiento interno, se reunió con Victoria Villarruel y marcó una tregua necesaria entre la vicepresidenta y la Casa Rosada, luego de meses de desencuentros que habían dejado al Senado sin conducción política clara.
El encuentro permitió ordenar roles y despejar tensiones en un momento clave para el Gobierno, que necesita garantizar mayorías para avanzar con su agenda de reformas. Bullrich reclamó que los proyectos del Ejecutivo tengan prioridad en el Senado. Villarruel respondió que su función es institucional y que no puede interferir en el funcionamiento de la Cámara, aunque se comprometió a facilitar el desarrollo normal de las sesiones.
Ambas coincidieron en que la falta de coordinación había permitido a la oposición acumular victorias legislativas, por lo que Bullrich será de ahora en adelante el enlace directo con el Ejecutivo.
Sin embargo, la tregua es frágil. El liderazgo emergente de Bullrich y el peso creciente de Karina Milei mantienen a Villarruel en una posición delicada, disputando cargos clave como la Secretaría Administrativa. Mientras Bullrich trabaja para construir mayorías, Villarruel intenta preservar su margen de influencia. La incógnita es cuánto durará este equilibrio.
Trump al rescate
Argentina y Estados Unidos dieron un paso decisivo hacia un acuerdo comercial amplio con la firma de una declaración conjunta entre Javier Milei y Donald Trump.
El marco establece la apertura recíproca de mercados y una fuerte reducción de aranceles, con impacto directo en productos estratégicos. Washington bajaría impuestos al petróleo, acero, aluminio, vinos, miel, langostinos, químicos y otros bienes, además de ampliar el cupo para la carne argentina.
A cambio, el Gobierno se compromete a respetar plenamente la propiedad intelectual: derogará normas de 2012 que restringían patentes, adherirá al Tratado de Cooperación en Patentes y reforzará la lucha contra la falsificación en mercados como La Salada y Once.
El entendimiento también elimina barreras no arancelarias, desde licencias de importación hasta exigencias consulares e impuesto estadístico, y alinea estándares regulatorios. Argentina aceptará vehículos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos estadounidenses bajo normas FDA y marcos técnicos de EEUU. En materia agrícola, habilitará el ingreso de bovinos y aves, simplificará registros y evitará restricciones a denominaciones protegidas.
El acuerdo incorpora compromisos laborales, ambientales, de comercio digital y de seguridad económica, con cooperación en minerales críticos, control de exportaciones y disciplina sobre empresas estatales. Para ambas administraciones, se trata de un paso clave para profundizar la alianza estratégica y atraer inversiones y comercio bilateral.
En medio de la algarabía oficial por el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y a la espera de la “letra fina”, el dólar se las arregló para volver a ubicarse en el centro de la agenda económica. Con el oficial en 1.425 pesos y los financieros moviéndose en un rango acotado, el mercado percibe una calma que es más aparente que real.
Detrás del freno en la cotización conviven tensiones profundas: menor oferta comercial por la cosecha ya anticipada, liquidación casi nula de exportadores y un Banco Central que ve crecer sus pasivos en moneda extranjera mientras intenta recomponer reservas.
La baja de tasas y la activación de nuevos mecanismos financieros reconfiguran el escenario, en un contexto donde el Gobierno avanza hacia una flexibilización gradual del cepo. Tanto Invecq como EcoGo coinciden en que la estabilidad actual es frágil y depende críticamente de que continúen llegando dólares financieros.
En paralelo, el “desarme controlado” del régimen de controles intenta ganar tiempo hasta marzo, cuando la cosecha gruesa aporte divisas frescas. El desafío es sostener la calma sin erosionar reservas ni tensionar precios. Las consultoras remarcan que, sin reformas estructurales y sin una reducción de la dominancia fiscal, el tipo de cambio real actual no es sostenible. La estabilidad, por ahora, parece más una tregua que un punto de llegada.
Causa y efectos
Entre tanto, mientras el Gobierno sigue con los ajustes sobre la macro y los acuerdos internacionales, a niveles regionales y locales la recesión va tomando consistencia. Según el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la probabilidad de recesión alcanza el 98%, el nivel más alto desde 2020.
El Índice Líder de la Di Tella cayó 0,85%, acumulando seis meses consecutivos de bajas y consolidando una desaceleración profunda. En la comparación interanual, el retroceso fue de 1,52%.
Eso se siente de lleno en los municipios misioneros, cuyos ingresos dependen casi por completo de una coparticipación que cae mes a mes y de una recaudación propia desplomada por el freno del consumo.
En este escenario, los pedidos de Aportes No Reintegrables se dispararon: unas treinta solicitudes en pocos meses, la misma cantidad que en los 18 meses previos.
Los intendentes ya no buscan fondos para obras o emergencias puntuales, sino para cubrir gastos corrientes, funcionamiento e incluso salarios, con la mirada puesta en un diciembre crítico por el aguinaldo.
La caída de los recursos se siente en toda la provincia. El ajuste nacional, traducido en menos transferencias y mayor presión de costos, dejó a los municipios al límite. La paradoja se vuelve evidente: mientras Misiones acompañó en las urnas el rumbo libertario, sus gobiernos locales enfrentan hoy una crisis estructural que amenaza servicios básicos y exhibe el costo real de la motosierra en el territorio.
