El Gobierno nacional anunció un aumento de entre el 29,7% y el 35,4% en las prestaciones por discapacidad, aplicable en tres tramos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025. La medida busca actualizar los valores del nomenclador que se encontraban sin cambios desde diciembre de 2024 para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios destinados a personas con discapacidad.
En comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones la kinesióloga especialista en neurorehabilitación y terapista del neurodesarrollo, doctora Trixia Aresti, explicó que aunque el incremento representa una mejora, los valores aún están muy por debajo del costo real de la atención. “El valor ya venía muy bajo, venía muy bajo respecto a los ingresos, y la actualización así no alcanza. Para que tengan una idea, una sesión de 45 minutos para una persona con discapacidad costaba alrededor de 12.370 pesos… con el aumento apenas llega a 14.000 pesos”, puntualizó Aresti.
La profesional agregó que “nadie puede trabajar 45 minutos a una hora atendiendo a una sola persona con discapacidad y vivir de eso”, ya que la atención implica un esfuerzo intenso y recursos adicionales que no están contemplados en el monto vigente. Además, subrayó que los valores actuales están muy lejos de equiparar la inflación y las necesidades del sector.
Aresti destacó que el sistema de salud para discapacidad está financiado principalmente por un Fondo de Redistribución basado en aportes de los trabajadores y contribuyentes, pero señaló que “no refleja la realidad del costo del servicio”. La especialista reclamó mayor diálogo con las autoridades para definir valores justos y actualizar el nomenclador conforme a las exigencias reales del sector.
“El nomenclador debería estar en un valor de entre 40 y 50 mil pesos por sesión”, advirtió la kinesióloga. Comparó que una consulta médica promedio de 20 minutos en Argentina está en ese costo promedio mencionado previamente, para dimensionar la baja escala de las prestaciones por discapacidad.
La especialista anticipó que las demandas y reclamos por una recomposición seguirán vigentes, ya que las familias de personas con discapacidad no pueden verse perjudicadas por estos retrasos en la actualización. “Las marchas y protestas no cesarán mientras no haya una mejora significativa,” comentó, destacando la necesidad de políticas inclusivas y compromiso estatal real.
El contexto del aumento llega luego de años de dificultades en el sector, donde si bien existen leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad, los recursos y valores asignados para la atención son insuficientes. Aresti expresó que esta brecha pone en riesgo la calidad de vida y el acceso a tecnologías en asistencia, clave para la rehabilitación e inclusión.
Finalmente, alertó sobre un creciente estigma social y la marginalización que sufren estas personas, reforzando la necesidad de fomentar una sociedad más inclusiva y consciente de estas problemáticas. “La discapacidad no debería dividir a la sociedad; todos tenemos derecho a la igualdad y la protección”, concluyó.
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